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Los panistas de Guanajuato están indignados porque el nuevo Gobierno federal ha recortado recursos para inversión en infraestructura y en programas en la entidad que han gobernado por ya casi tres décadas.
Incluso, los actuales responsables de las instituciones estatales han logrado contagiar a sectores de la sociedad con este reclamo. La consigna es “AMLO discrimina a Guanajuato”.
Durante años, los gobiernos panistas presumieron su autarquía. Fox creó instituciones estatales que le competían a la federación, como la Cofoce y fue exitoso, aunque a la vuelta de los años se haya burocratizado y caído en la intrascendencia.
Aquí se realizó una cumbre mundial de líderes adornada por la presencia del ya entonces periférico ex premier soviético Mijaíl Gorbachov. Aquí se potenció la atracción de inversiones hasta convertirla en una potente locomotora que arrastró a la industria tradicional de Guanajuato; aquí se evolucionó en el cultivo el campo, potenciando un capitalismo exportador exitoso.
Con ese vuelo, Fox no sólo pasó surfeando por la realidad de Guanajuato, sino que el impulso le alcanzó para vender la ilusión de una transición que nunca ocurrió y que sólo quedó en una alternancia sin matices profundos.
Los doce años de gobiernos panistas fueron bien aprovechados por Guanajuato para crear infraestructura: Polifórum, Puerto Interior, nuevas vías carreteras y más industria manufacturera de capital importado.
Hoy nos enteramos, sin embargo, que todo ese milagro económico sigue siendo enormemente frágil y dependiente de las asignaciones discrecionales del Gobierno federal. La autarquía de Guanajuato sólo es una imagen de calendario.
Si Jalisco no nos da agua, el crecimiento se frena; si el nuevo Gobierno de la República no mantiene los ritmos de aportaciones de los gobiernos anteriores, de PAN y PRI, las cosas se ponen color de hormiga. Si no llegan el Ejército y la Marina, los cárteles locales crecen como la espuma y actúan en la impunidad.
Aparece así un doble discurso. Guanajuato se merece todo, pero no está obligado a dar nada.
Por ejemplo, aquí hace años que no hay división de poderes. La promesa panista de más democracia se diluyó en una imitación cada vez más cínica de los vicios priistas. El Poder Legislativo es una oficina de partes del Ejecutivo, como en la época de sátrapas estilo Luis Ducoing. El Poder Judicial está dominado por una mafia panista y su titular se elige después de un dedazo del Gobernador, como saben todos los magistrados, jueces y litigantes.
La oposición se negocia con cañonazos que implican dinero o cargos públicos y los debates en el Congreso que tengan un interés genuino para los ciudadanos brillan por su ausencia.
La corrupción campea y no se combate ya ni de palabra. Contraloras como Isabel Tinoco o Marisol Ruenes enfrentan la corrupción con cursos de capacitación y buenos deseos: el Auditor Superior es compadre de los principales funcionarios a los que debería observar y tiene su corazoncito puesto en el PAN.
Los municipios se despachan con la obra asignando a parientes de funcionarios, como en Silao; o pidiendo moches como lo saben todos los constructores que no denuncian por no enfrentar el veto.
En el colmo de colmos, la Procuraduría de los Derechos Humanos fue entregada a un grupo político que se desvanecía en la intrascendencia, por la preocupación de Miguel Márquez de que no le “dieran lata” desde esa trinchera. Ni el PRI se atrevió a tanto en el ámbito federal.
El chambismo se ejerce sin decoro. Este mes se entregó la titularidad del sistema estatal de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a una ex candidata panista que perdió su elección, con escasa o nula experiencia en el tema. Como contexto hay que decir que Guanajuato tiene la nada honrosa distinción de ser la entidad con más muertes dolosas y culposas de menores de edad en 2019.
Sin embargo, el tema para el Gobierno, los líderes empresariales y los medios de comunicación, no es cómo hacer de Guanajuato un mejor estado, sino cómo encontrar la manera de culpar a otros de los fracasos propios.
Guanajuato puede enfrentar riesgos si se reducen los recursos de la federación, pero también lo hará si no corrige muchos de los vicios acumulados por el esquema de gobernanza panista que se ha consolidado hasta casi borrar al resto de las opciones.
Y a la vista están las pruebas: crecimiento de las zonas de marginación pese a la bonanza fabril; aumento exponencial de la delincuencia, pese al largo reinado del procurador-fiscal; contaminación galopante, pese a estrenar secretaría del medio ambiente; peligro de recesión, por la dependencia del modelo exportador basado en manufacturas automotrices.
Guanajuato ha crecido económicamente de la mano del PAN, pero se ha estancado en progreso democrático y en distribución de la riqueza. Las fallas del proceso nos han explotado entre las manos y de nada nos sirve repuntar en ciertos indicadores cuando se desploman los más relevantes, los que tienen que ver con la tranquilidad de las personas.
De no dar crédito
Leo y releo la demagógica carta de la vocera de seguridad Sophia Huett en el diario Milenio y no puedo creer que hayamos llegado a esto: utilizar la muerte de un joven que nada tenía que ver en un hecho delictivo con una insultante intención de propaganda política.
Hay que estar muy desesperados para hacerlo.
La vocera de seguridad “ciudadana” designada por Diego Sinhue dice cosas como esta: “Cuando se supo la noticia, se destacó que eras originario de la comunidad de Santa Rosa de Lima, en el municipio de Villagrán y que contrario a lo que se pudiera imaginar en una fácil conclusión del caso, eras un joven de bien.”
¿De quién sería la “fácil conclusión”? ¿Quién está pensando que todos los habitantes de Santa Rosa de Lima son criminales? ¿Acaso el estado que ha convertido esa ranchería y dos más aledañas en verdaderas aldeas estratégicas?
Huett, junto con el resto del Gobierno deberían estar trabajando para que Guanajuato salga del agujero al que lo metieron muchos de los funcionarios encumbrados en altas responsabilidades, no tratando de ganar simpatías con homenajes póstumos que bien podrían evitarse si el crimen y la violencia se enfrentaran con políticas públicas y no con demagogia.
Querer homenajear a alguien que muere por que no estás haciendo bien tu trabajo suena a hipocresía y quererlo hacer para ganar puntos de imagen es una terrible deshonestidad.
Así anda el Gobierno, al garete y sin timón, cuando quienes deben redoblar esfuerzos para enfrentar graves problemas, se dedican a dorar píldoras que nadie se va a tragar.
