Guanajuato: derechos humanos de vacaciones

    Vicente Esqueda, más político que jurista, ya empezó con una campaña en ese sentido, como si los derechos humanos no fueran un fin, sino solo un medio para retomar una carrera política.

    El estado de Guanajuato vive uno de los peores momentos de la historia moderna en cuanto a seguridad y violencia: los asesinatos están disparados en buena parte de los principales municipios; masacres atroces anestesian la sensibilidad y la capacidad de indignación; la sociedad civil ha tenido que organizarse por su cuenta y sin apoyo del estado para salir a excavar en busca de desaparecidos; por si faltara, instancias gubernamentales son señaladas por practicar espionaje a periodistas.

    Sin embargo, todo esto parece no ser importante para el nuevo defensor de los derechos humanos en Guanajuato, quien en lo que va del año solo ha firmado 20 recomendaciones por quejas recibidas, eso quiere decir menos de tres por mes, las cuales, divididas entre las cuatro subprocuradurías de que dispone, apenas representa menos de una carpeta resuelta al mes por una plantilla de burócratas de más de 120 personas.

    Lo que sí parece ser importante es el cambio de imagen, como cuando llega un Alcalde nuevo o un Gobernador, lo relevante es borrar el pasado y dejar el sello de la nueva administración. Vicente Esqueda, más político que jurista, ya empezó con una campaña en ese sentido, como si los derechos humanos no fueran un fin, sino solo un medio para retomar una carrera política.

    De paso se otorgan contratos a medios de comunicación que sirven para construirle imagen al Procurador, no para difundir la cultura de derechos humanos. En 2020, la PDHEG gastó más de 7 millones de pesos en compras publicitarias, más que lo que invierte en muchas de las políticas para fomentar el respeto a los derechos de las personas, este año se mantendrá por el estilo.

    En el camino quedan los otros temas: por ejemplo el reclamo de las cuatro buscadoras de desaparecidos golpeadas por las fuerzas de seguridad de Alvar Cabeza de Vaca el año pasado y que han considerado totalmente insuficiente la recomendación emitida por Esqueda, la cual propone procedimientos administrativos y capacitaciones a los policías que reprimieron, golpearon y detuvieron a cuatro mujeres activistas, pero exonera a Alvar Cabeza de Vaca como principal responsable del operativo, omite la reparación del daño y “olvida” a un quinto detenido que además era un visitador de la CNDH.

    O por ejemplo la denuncia pública realizada por quien esto escribe de una intervención ilegal de las comunicaciones presumiblemente proveniente de un área de la Fiscalía del Estado. Tres semanas después de hacerlo público, la PDHEG (hoy PRODHEG gracias a su cambio de imagen) no parece haber iniciado una investigación de oficio, como lo marca la ley de la materia en su artículo 8 fracción V.

    Nada de eso le importa al Procurador Esqueda, quien esta semana se fue de vacaciones, como el resto del aparato gubernamental de la entidad, cuando apenas cumple ocho meses en el cargo, algo a lo que no pueden aspirar los trabajadores de base de la dependencia.

    Parece que Esqueda no se asume como un representante de intereses ciudadanos, sino como el burócrata privilegiado que había sido en sus anteriores encomiendas.

    Para cubrir sus ausencias, que no son solo las de las vacaciones, el Procurador ha invertido en una campaña de publicidad que apela a la misma vieja táctica de la mayor parte de sus antecesores: abordar los derechos humanos con un paternalismo didáctico en videos promovidos en medios de comunicación, en lugar de hacerlos valer en la práctica.

    No hay sorpresa alguna: el primer Procurador de los Derechos Humanos de extracción abiertamente panista no solo está quedando por debajo de sus antecesores, incluidos los más deficientes, y vaya que hay tela para cortar, sino que abiertamente ha producido un retroceso de décadas en el establecimiento de una cultura de derechos humanos en Guanajuato.

    Así, mientras el Fiscal el estado promueve la impunidad y ahora también el espionaje; mientras el Secretario de Seguridad aporrea manifestantes al tiempo que la mayor parte de las policías municipales exceden sus funciones, y con un estado que sigue manteniendo en el abandono a los colectivos de víctimas de desaparición, en materia de derechos humanos hemos pasado de la incapacidad y la simulación a la omisión abierta y a la complicidad.

    Es grandeza pero solo de falta de vergüenza.