Golpe fiscal en días de narcoviolencia
Marrazo del SAT en la nuca de Sinaloa
Quitarle al Gobierno de Sinaloa 2 mil 800 millones de pesos en medio de la crisis de seguridad que necesitará de suficientes recursos públicos para implementar un plan de construcción de paz de largo aliento, es como golpear más de lo que ya están a ciudadanos y sectores que en la presente contingencia de violencia han perdido mucho en lo material y emocional. La voracidad recaudatoria del Sistema de Administración Tributaria se refrenda insensible, flemática, frente al sufrimiento de un pueblo que resiste teniendo las armas del crimen en la sien.
A la atención de una vez por todas con acciones de fondo contra la barbarie cíclica que pone a Sinaloa entre la pared que significan los arsenales de guerra del narco, y la espada que es el reclamo social de tranquilidad y civilidad, no se le debiera escatimar los recursos públicos porque se trata de recuperar a la tierra de los once ríos para vivirla, nunca más para sufrirla. Creer que la contención de la violencia sólo es cuestión de bastante fuerza pública equivale a algo similar al juego de la ruleta rusa.
Pero el SAT no lo ve así. A pesar de que no se trata de multas generadas en el actual Gobierno estatal, sino por el anterior que encabezó Quirino Ordaz Coppel, los sinaloenses como siempre tendremos que pagar los platos rotos al ser afectados porque al tomar del erario esa importante suma, que equivale a lo que se invierte en obra pública durante un año, habrá un impacto contrario al bienestar que deriva de contar con mayor infraestructura para el desarrollo.
El responsable de ese menoscabo a las finanzas es el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa porque realizó auditorías irregulares a contribuyentes federales lo cual exculpa a los sujetos obligados a cubrir impuestos que sí cumplieron, pero el SATES lo operó de manera incorrecta. Es decir, lo que ahora padece el Gobierno de Rocha es el esquema de “el de adelante la paga aunque no la deba”.
Sólo que tal sangría financiera le significa hoy a Rocha Moya menor posibilidad de armar e instrumentar la gran estrategia que desde hace décadas debió entrar en vigor para salir del bucle de narcoviolencia que nos atrapa a la gente pacífica ante cualquier diferendo que exista al interior de las organizaciones nativas del narcotráfico. Desde el período 1987-1992, cuando gobernó Francisco Labastida Ochoa, se habla en vano del programa que ataque de raíz el fenómeno de barbarie que tiene su origen en el trasiego de drogas y la localía de las cabezas de los cárteles.
Paradójicamente sería Alfonso Genaro Calderón, un Gobernador de origen rural sin más aptitud política que la que le enseñó la inhóspita sierra, el que haría el ejemplar pero incipiente esfuerzo por atacar las condiciones de marginación en la zonas altas donde los cultivadores de mariguana y los ralladores de amapola hallaban un modelo de vida fincado en el crimen, sin más esperanza de progreso que aquella que les aportaba el narcotráfico. Les invirtió a dichas comunidades en carreteras, escuelas, empresas comunitarias y programas sociales para desviarlos de esa senda peligrosa.
Es que, sin meterle dinero, cualquier plan de construcción de paz positiva va destinado al fracaso porque precisamente en la pobreza incuban los graves males que mantienen a Sinaloa entre masacres, sicarios, balas, pérdida de valores y degradación educativa y cultural que son el caldo de cultivo donde se potencializan a placer las condicionantes de lo que hoy padecemos en el bache de bestialidad que lleva del 9 de septiembre a la fecha.
Y Sinaloa carece de recursos públicos siquiera para asignarle al menos un 30 por ciento más de presupuesto a la seguridad pública. No hay dinero porque el Gobernador ha atendido los apremios de pagar los pendientes de otros, como es el caso de la deuda de la Universidad Autónoma de Sinaloa con el SAT, por mil 128 de pesos, ante la cual Rocha entró al rescate y está a punto de saldar. Otro caso es el subsidio a productores de maíz, debido a que la Federación les retiró programas de apoyo a éstos, absorbiéndolo el Gobierno del Estado con recursos propios de más de 2 mil 800 millones de pesos.
Las diputadas y diputados de Sinaloa con representación en el Congreso de la Unión, y las y los que integran la 65 Legislatura del Congreso del Estado, debieran alzarse frente a la decisión arbitraria del SAT por cobrarse a lo chino viejas deudas que debió saldar en el momento que se adquirieron y por quienes las operaron erróneamente. O al menos que las congele en tanto hay condiciones en las arcas estatales para subsanarlas.
Ahora no. Cuando a Sinaloa le urge destinar los más grandes presupuestos para la pacificación de largo aliento, las instituciones federales y estatales están obligadas a ir en sincronía con los afanes de la sociedad que no quiere irse a dormir sabiéndose rehén de la delincuencia organizada y despertar esclavizada al miedo, la incertidumbre y desesperanza. ¡Cómo pesan los grilletes que impone la narcoviolencia como para agregarle las cadenas de la insensibilidad del SAT!
Cuando hoy recemos el rosario,
Rogando acabe la violencia,
También al SAT pidamos clemencia,
Por el terrorismo tributario.
Sería una buena idea que Rubén Rocha acepte que el Gobierno no puede solo en materia de recursos financieros para la gran estrategia de paz verdadera y duradera, y proceda a hacer pase de charola entre los sectores económicos que lo único que le pedirán es que el plan sea con resultados factibles y medible, manejado con transparencia, y de seguro una parte importante de la Iniciativa Privada de Sinaloa le entrará tratándose de concretar, para la actual y futuras generaciones, el viejo anhelo colectivo de tranquilidad con civilidad, fundado tal binomio en la seguridad pública, los valores, el respeto, la justicia y la libertad.
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