La reforma fiscal que reduce la deducibilidad de los donativos a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) es mucho más que un cambio de reglas. Tiene que ver con la concepción del Estado y su relación con los ciudadanos. Lo que se debate en el fondo no es cuánto se puede deducir, sino cuál es el papel de uno y otros.
Sin duda hay y ha habido abusos de empresas que usan las fundaciones para evadir impuestos, meter gastos de los dueños, ocultar transacciones, etcétera. Pero si el Gobierno lo sabe es cosa de que aplique la ley y detenga los abusos. Si algo ha hecho bien este gobierno es vigilar y meter en orden a los grandes contribuyentes que están pagando más impuestos sin necesidad de una reforma fiscal. Si se trataba de frenar abusos bastaba con hacer la chamba y apretar a las fundaciones fachada. La reforma entonces no tiene que ver con mejor fiscalización sino con un debilitamiento de la sociedad civil para que, en palabras del presidente, no se metan con lo que le toca al Gobierno. Es un asunto ideológico, de concepción del papel del Estado frente a la sociedad.
El problema es que lo que va a recaudar de más el Gobierno no alcanza ni de lejos para suplir todas aquellas actividades que hacen las organizaciones civiles. Liberales o conservadoras, laicas o vinculadas a diferentes iglesias, las OSCs tienen una activa participación en la atención de problemas específicos que los gobiernos, por obesidad, ineficiencia o porque simplemente están rebasados, no han hecho ni podrán hacer. Pensar que debilitar a la sociedad civil favorece a los gobiernos es una falacia. De hecho, debilita la gobernanza, pues los gobiernos que aparentemente “ganan” un espacio estratégico pierden capacidad para resolver los problemas más básicos, como atender daños colaterales en enfermedades, cuidar huérfanos, coadyuvar a la educación especial, vigilar el cumplimiento de los derechos humanos, propiciar la equidad de género y la no discriminación, por poner solo algunos ejemplos.
Una sociedad solidaria, con ciudadanos movilizados en torno a causas comunes, no solo es mejor y más justa, sino que genera un sentido de corresponsabilidad que a la postre se traduce en calidad de vida. No se trata de que el Estado pierda fuerza o que renuncie a su obligaciones primarias, por el contrario, hay que fortalecer sus capacidades y ello pasa por una hacienda más fuerte; México necesita un reforma fiscal profunda.
La disyuntiva no es Gobierno o sociedad civil, necesitamos ambos brazos, más y mejores instituciones públicas y privadas, para salir adelante.
