García Luna y la derrota del Estado mexicano ante el crimen organizado

A nadie le debe dar gusto, ni a los militantes de Morena, que Genaro García Luna haya sido condenado por el Juez Cogan en Estados Unidos porque, de muchas maneras, la condena es también al Estado mexicano y no tan sólo a él y al gobierno de Felipe Calderón.

Por supuesto que Genaro García Luna y funcionarios como él, que han sido cómplices del crimen organizado y se han enriquecido a manos llenas, deben ser castigados por la justicia, pero este caso, más que ningún otro, exhibe rotundamente la derrota o, por lo menos, la complicidad del Estado mexicano ante los cárteles de la droga.

Y cuando digo Estado, hablo de todos sus niveles, desde el municipal hasta el federal, y no tan sólo de diferentes gobiernos sexenales. Erróneamente suele hablarse del Estado al referirnos tan sólo a la Federación, pero las estructuras del Estado cubren desde las comisarías ejidales, los gobiernos municipales, los estatales y la Federación, y en todos esos niveles, variando de región a región, es común que, desde hace varias décadas, el crimen organizado haya permeado sus estructuras y, en varios casos, las domine.

Con el caso García Luna ahora se demostró una vez más que desde la cúspide del Estado ha habido colusión con los criminales. No obstante, habrá que decir, aunque parezca paradójico, que no cada espacio, cada estructura del Estado, cada funcionario, está coludido con el crimen organizado. Es decir, cuando el Estado en todos sus niveles ha sido permeado por los cárteles de la droga, aquí se habla de una visión conceptual generalizadora, en la cual, cientos de municipios, muchos gobiernos estatales y espacios decisivos del Poder Ejecutivo federal han sido penetrados por los cárteles de la droga, desde hace varias décadas.

Pero la penetración del crimen organizado ha ido más allá del Estado porque también es evidente que todos los partidos políticos en algún momento y en diferentes regiones del País han establecido acuerdos, así sean temporales, con el crimen organizado. La flexibilidad política de las organizaciones criminales es tal que un día llegan a acuerdos con un partido y/o con un gobierno y a la elección siguiente rompen para acordar con otro. Su pragmatismo es muy dúctil, no tienen fronteras ideológicas ni políticas. Normalmente buscan al partido en el poder, pero también apoyan a quien creen que va a ganarlo o les puede ser más útil.

Esta enorme plasticidad política del crimen organizado les ha permitido mantener ágiles y eficaces sus relaciones con diferentes gobiernos y, por lo tanto, mantener de manera permanente su presencia en las estructuras del Estado, más allá de los vínculos partidarios con un partido u otro.

Es por lo anterior que Genaro García Luna es sólo un eslabón, aunque muy importante, en las cadenas que sostienen la relación de los grupos criminales con el Estado y no tan sólo con un gobierno.

Los estadounidenses también quisieron procesar al General Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa con Peña Nieto, acusado de narcotráfico y, de hecho, lo detuvieron en su territorio, pero gracias a las gestiones de López Obrador ante Donald Trump fue liberado. Es decir, mientras la DEA, el FBI y el Home Security y/o la CIA tengan sospechas o indicios de que funcionarios o gobernantes mexicanos tienen vínculos con los cárteles de la droga van a seguir pidiendo su extradición para condenarlos en Estados Unidos.

La función no termina con la condena a Genaro García Luna porque es ya evidente que ya sea Kamala Harris o Donald Trump van a perseguir con más dureza a los traficantes de drogas y a los políticos y funcionarios sospechosos de tener ligas con ellos, porque así lo han ofrecido en sus campañas. Para ellos, al margen de su obligación de combatir al crimen, está la necesidad política de presionar e incluso someter más a los diferentes gobiernos mexicanos en negociaciones comerciales, migratorias, diplomáticas o de otra índole.

Por lo pronto la nueva carta de presión política de Estados Unidos hacia México es “El Mayo” Zambada, mientras la guerra narca cobra mayor intensidad en Sinaloa con posibilidades de que se extienda a otros estados del País. Por el momento no hay nada que indique un fin cercano. No obstante, ya hay valientes intentos de la sociedad culiacanense por rehacer la vida económica y social de la capital, aún en situaciones críticas. No deja de ser relevante que la inauguración de la temporada beisbolística, cuya importancia cultural, social y económica es muy importante tanto en Culiacán como en el resto del estado, haya demostrado la primera gran señal de la vitalidad de la ciudadanía sinaloense. Si la gente se recluye del todo la crisis de la capital y otros municipios se ahondaría gravemente y los bandos en guerra confirmarían que, en efecto, la ciudad es suya. Tanto la población civil, como los gobiernos federal, estatal y municipal, aliados, tienen que demostrar que no es así, que no puede ni debe ser así.

Si bien es cierto que el poder de las dos fracciones del Cártel de Sinaloa es enorme y que sus recursos financieros y bélicos son abundantes, habrá que decirles que ninguna ciudad, ninguna sociedad puede sostenerse y desarrollarse con la hegemonía del crimen.

No es posible la derrota total de los cárteles, pero sí devolverlos a una situación de subordinación al Estado y a la sociedad civil.