@rmartinmar / SinEmbargo.MX
El juicio contra Genero García Luna en Estados Unidos, acusado y sentenciado por delitos relacionados con el narcotráfico, fue considerado por muchos como un juicio al mismo tiempo al Estado mexicano asociado al crimen organizado, especialmente a las bandas del tráfico de drogas. Como se sabe, se acusó a García Luna, y se probó de acuerdo con el jurado, de trabajar durante años a favor del Cártel del Sinaloa que encabezaban “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, a cambio recibir decenas de millones de dólares por brindar protección gubernamental en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).
Muchos celebran el juicio contra García Luna y consideran que al menos en este caso sí se hizo justicia al meter a la cárcel, probablemente de por vida, a un alto funcionario del Gobierno mexicano que traicionó a la sociedad para la que trabajaba.
Pero el mismo juicio a García Luna permite confirmar otra característica del Estado mexicano: la impunidad que impera en México, pues finalmente al ex Secretario de Seguridad se le juzga y sentencia en otra nación revelando las serias deficiencias que existe en materia de impartición de justicia en el País y la impunidad estructural. La pregunta es por qué si desde hace años había sospechas, denuncias, reportes, trabajos periodísticos y ciertas evidencias de las maniobras ilegales de García Luna, entre otras cosas su riqueza inexplicable, por qué no se le investigó, juzgó y sentenció en este país.
Rolando Herrera, periodista del Grupo Reforma, publicó el pasado 5 de marzo un reportaje donde recuerda denuncias en contra de García Luna presentadas al menos desde hace 25 años, cuando trabajaba en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Hubo al menos tres serias acusaciones en contra de García Luna como funcionario que violaba la ley en los sexenios panistas de Vicente Fox Quesada y de Felipe Calderón. Rolando Herrera recuerda que en 2001 Alejandro Gertz Manero (actual Fiscal federal) en ese entonces como Secretario de Seguridad Pública, acusó a García Luna por haber desviado al menos 42.5 millones de pesos de la Policía Federal. En lugar de investigarlo, García Luna fue apoyado por el entonces Procurador Rafael Macedo de la Concha y premiado por Fox encargándole el nacimiento de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
Un año después se hizo otra grave denuncia contra García Luna, entonces flamante director de la AFI. En 2002 García Luna fue acusado de proteger a bandas de secuestradores de alto impacto. La denuncia fue presentada por José Antonio Ortega, entonces presidente de la Comisión de Seguridad de Copamex, quien reportó que un secuestrador de nombre Marco Tinoco Gancedo, “El Coronel”, acusó a “García Luna de proteger a Alberto Pliego Fuentes, que había sido su subordinado en la PFP y quien extorsionaba a los jefes de las bandas de secuestradores antes de capturarlos”, recuerda Rolando Herrera. La denuncia llegó otra vez hasta el Procurador Macedo de la Concha, pero de nuevo decidieron protegerlo.
La vinculación de García Luna con la protección de bandas de secuestradores llegó incluso al conocimiento de Felipe Calderón, al cambio de sexenio, con la denuncia que le presentó Javier Herrera Valles, ex coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, quien conoció a García Luna en la década de 1990 en la corporación. Herrera Valles le escribió una carta al entonces Presidente Felipe Calderón y acusó a García Luna de cometer graves delitos. “En mi carta al Presidente Calderón”, reveló a Reforma, “le hice referencia de la gente que estaba involucrada desde que estaban en la AFI en hechos relacionados con delincuencia organizada, homicidios de comandantes, pérdida de droga” e incluso el asesinato de Enrique Salinas de Gortari, hermano del ex Presidente Carlos Salinas. Herrera Valle sostuvo que no tuvo respuesta de Presidencia y entonces denunció a García Luna directamente ante el entonces Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, pero no pasó nada.
No solamente no pasó nada, sino que en cambio García Luna fue ascendiendo en la estructura de la seguridad pública del Gobierno mexicano hasta convertirse en el hombre fuerte en el gobierno del panista Felipe Calderón. Las denuncias que se presentaron desde hace años en contra del personaje que ahora permanece preso en una prisión de Estados Unidos es un fiel retrato de la impunidad que asola a México. En este país García Luna no solo no fue investigado, sino promovido y ascendido a las altas estructuras del Estado mexicano desde donde operó a favor de organizaciones del crimen organizado.
Tuvieron qué pasar más de 10 años para que García Luna fuera detenido, pero en Estados Unidos, por colaborar con el narcotráfico. El mes pasado en la Corte de Nueva York, el ex narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, aseguró que García Luna estuvo en la nómina del Cártel de los hermanos Beltrán Leyva, quienes desde 2001 y hasta 2006 le pagaron uno y 1.5 millones de dólares mensuales a cambio de protección, eso suman unos 75 millones de dólares, o unos mil 350 millones de pesos. Todo esto se sabía desde hace años, pero aquí no pasó nada. En México impera la impunidad, hay una impunidad estructural.
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