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A la par de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en 2018 nació oficialmente en Sinaloa una nueva Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales, organismo público que depende de la Fiscalía General del Estado y es responsable de investigar y perseguir los delitos previstos en el Código Penal estatal, en materia electoral.
Desde que el Periódico Oficial de Sinaloa publicó el acuerdo 3/2018 que crea esta Fiscalía -y deja sin efecto la anterior del mismo nombre y que nace en 2015- poco se sabe de sus acciones. El portal de transparencia de la Fiscalía General no divulga información sobre el presupuesto ejercido por el organismo, ni las actividades que realiza en el marco de sus atribuciones.
La relevancia de esta Fiscalía para el logro de los objetivos del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa es enorme. La Política Estatal Anticorrupción recién aprobada en junio pasado recoge como una de las principales causas de la corrupción en Sinaloa, la falta de sanciones y consecuencias derivadas de conductas ilegales en dos áreas principalmente, administrativa y electoral.
El Código Penal de Sinaloa señala diversas conductas como delitos electorales y, de cara al proceso que este año inicia en esta entidad hacia los comicios del 2021, es fundamental que la sociedad sepa para qué sirve está Fiscalía y qué relación tiene con sus derechos político-electorales.
La Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales debe en primer lugar transparentar las acciones que realiza y los avances y resultados de las investigaciones iniciadas a partir de las denuncias recibidas del proceso electoral 2018. Preocupa que al realizar una búsqueda en la página oficial de la Fiscalía General, no se hayan podido encontrar esos datos ni el currículum vitae de su titular, Cruz Alejandro Flores Salazar.
La transparencia de la información que generan las instituciones que son pilar de las metas anticorrupción, como lo es esta oficina, no debe limitarse. Cualquier ciudadano debe tener la posibilidad de comprender de manera fácil y accesible qué acciones está preparando de cara a un proceso electoral.
El hecho de que no haya información sobre ella en un portal institucional refleja el poco valor que se le da desde la administración pública. Por eso una primera pregunta aquí es: ¿cuál es el presupuesto asignado para su operación? ¿cómo se está ejerciendo? ¿es éste suficiente para que esa Fiscalía realice las labores de investigación y persecución de los delitos electorales en Sinaloa?
El Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio 2020 no incorpora con claridad el gasto público previsto a través de esta entidad pública. Esto tampoco ayuda a que los ciudadanos puedan medir su eficacia, puesto que no tienen a la mano elementos para evaluar su costo-beneficio.
Hacer un esfuerzo institucional para acercarse a los futuros electorales, con razonable anticipación al inicio del periodo electoral, será una muy buena señal de apertura y rendición de cuentas.
La creación de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales, en un contexto en el que se crean las leyes que dan vida al Sistema Anticorrupción de Sinaloa, debe ir más allá de un papel. Debe dejar de ser invisible a los ciudadanos iniciando con la transparencia de sus acciones.
