Final de fotografía en la planta de amoniaco. AMLO y RRM dicen ‘sí’ y crece el ‘aquí no’

OBSERVATORIO
03/06/2022 04:18
    ¿Estarán dispuestos el Presidente y el Gobernador a pagar un costo político por defender la factibilidad de la planta de amoniaco y darles la espalda a los sectores sociales que se oponen? ¿Permanecerá el Poder Judicial tutelando los derechos de los indígenas asentados en la zona? ¿Los grupos que se sostienen en el ‘aquí no’ podrán garantizar que la consulta los respalde en tal resistencia? ¿Aceptaría el grupo GPO otra opción para reubicar las instalaciones en caso de que se le complique permanecer sobre el noveno humedal de mayor importancia en México?

    A no ser que por generación espontánea haya acuerdo en medio del conflicto por el “sí” y el “no” a la planta de amoniaco de Topolobampo, la solución no está a la vuelta de la esquina ni será como día del campo para las partes confrontadas el hecho de hallar posibilidades intermedias que le permitan a la firma Gas y Petroquímica de Occidente quedarse aquí apaciblemente y mantener la inversión que en diez años escalaría a 5 mil millones de dólares.

    De resultar cierto que por la víspera se saca el día, es posible anticipar que prevalecerá por más tiempo el choque de intereses entre los que celebran la llegada del capital privado sin precedentes y la generación de empleos en medio de la devastada economía regional, y aquellos que esgrimen razones ambientalistas y de riesgo de un accidente de consecuencias incalculables. Qué más da aguantar otro poquito si en ocho años el proyecto de la productora del fertilizante ha ido con un paso adelante y dos atrás, lo cual es el ritmo de la incertidumbre.

    Lo nuevo hoy sería que el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gobernador Rubén Rocha han clarificado su posición a favor de la planta de amoniaco, igual que lo hicieron en su momento los ex gobernadores Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel que alardearon los beneficios, aunque poco procedieron a defenderlos. Malova, quien engañó al consorcio suizo PROMAN ofreciéndole piso pulido para que viniera sin problemas a Sinaloa, y Quirino que durante cuatro años y diez meses malabareó con el asunto como “papa caliente”.

    Es del conocimiento público el largo caminar del gigante de la petroquímica sobre las brasas ardientes de la política local, desde que el malovismo quiso hacer el negocio de su vida vendiéndoles a los inversionistas al valor del oro los terrenos que compró a campesinos a precios de ganga, hasta la complicada gestión de GPO por permanecer en un sitio protegido por las normas Ramsar, ese viacrucis que hasta la fecha no tiene un final definido.

    Por ello importa enfocarse en la encrucijada que viene en unos días, a finales de junio: si la planta de amoniaco se queda estará siempre bajo la lupa de defensores de medio ambiental; en caso de tener que irse Sinaloa resultará reportado a nivel internacional por no dar certeza a la inversión extranjera. Y todo porque el destino de la planta fue fundado en el perímetro de lo político en vez de fincarse en los ámbitos de lo económico y sustentabilidad.

    Pase lo que pase, habrá derrotas para el bando que desde el Poder Ejecutivo decidió abanderar la cristalización de la factoría, o para los sectores indígena, ecologista y de pescadores cuya perseverancia en el “Aquí no” resulta loable. Por eso dejó de estar en el centro del debate el impacto en el desarrollo estatal y se situó la discusión en la medición del quién puede más. Inevitablemente alguien o algo dominará y eso aparte de preocupar, asusta.

    Antes, cuando andaba en campaña, Andrés Manuel López Obrador se puso del lado de los pueblos originarios que hicieron suya la causa del rechazo a la industria del fertilizante. Ahora tal postura ha virado a favor de la empresa que si no gana la consulta podría desistir de establecerse en Topolobampo y buscar otro País para crecer las instalaciones que ahora tiene en Alemania, Suiza, Portugal, Italia, Omán, Trinidad y Tobago, y Estados Unidos. El Presidente y el Gobernador fueron explícitos en Culiacán en 27 de mayo: están trabajando para destrabar el “sí” a la planta de amoniaco.

    En cambio, los que han librado la larga batalla en defensa del sistema lagunar Topolobampo-Santa María-Ohuira parecían cansados, convencidos de no poder vencer la injerencia gubernamental nacional y estatal, pero han recobrado presencia y fuerza por los resolutivos de la Suprema Corte que les son favorables. Encuentran en la justicia federal la única oportunidad de sacar adelante sus razones porque el tema ecológico parece estar en la agenda de protección del máximo tribunal ya que el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán acaba de conceder la suspensión definitiva en la construcción del tramo 5 del Tren Maya.

    Así las cosas, nunca antes el establecimiento de una empresa de tal envergadura, de la más grande inversión privada en la historia de Sinaloa, convocó a la parte política (Gobernador, alcalde de Ahome, juzgados y partidos en el poder) para rebatir el ala ciudadana (organizaciones cívicas, etnias, ambientalistas y sectores productivos) en un esfuerzo descomunal destinado a dirimir entre desarrollo económico o cuidado del hábitat. Y tampoco jamás los componentes del diferendo habían tenido el desafío de cuidar ambas cosas sin que una vaya en detrimento de la otra.

    ¿Estarán dispuestos el Presidente y el Gobernador a pagar un costo político por defender la factibilidad de la planta de amoniaco y darles la espalda a los sectores sociales que se oponen? ¿Permanecerá el Poder Judicial tutelando los derechos de los indígenas asentados en la zona? ¿Los grupos que se sostienen en el “aquí no” podrán garantizar que la consulta los respalde en tal resistencia? ¿Aceptaría el grupo GPO otra opción para reubicar las instalaciones en caso de que se le complique permanecer sobre el noveno humedal de mayor importancia en México?

    Reverso

    Esperen un final cardiaco,

    Que sea cual sea no es bueno,

    Porque alguien beberá veneno,

    Con esencia de amoniaco.

    Una de cal

    Tardó un mes el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Mazatlán en probar que Juan Ramón Alfaro Gaxiola se aprovechó del cargo de Secretario de Seguridad Pública al llenar la Policía Municipal de parientes, amigos y agentes que le compraban ascensos. Sin embargo, el Alcalde Luis Guillermo Benítez actuó con mano firme y desactivó el nepotismo y negocio que se hizo a costa de la seguridad de los mazatlecos. ¡Así se hace, “Químico”! ¡Puño duro contra los corruptos!