Feminicidios: ‘Octubre negro’ de Sinaloa
Falta hacer más por Gobierno y sociedad

Sin menoscabo a que Sinaloa ha implementado vertiginosamente en los dos años recientes más acciones de protección a las mujeres que en el resto de los estados del País, la lamentable tragedia ocurrida en Los Mochis por el padre que presuntamente asesinó a sus dos pequeñas hijas, e hirió de gravedad a esposa, suegra e hijastra, evidencia que más allá de leyes y políticas públicas la urgencia está en trabajar con y desde las familias para detectar y atender a tiempo la violencia que incuba en los hogares y que sí da señales previas antes de que llegue la consumación de agresiones bestiales.

Gobierno y sociedad estamos emplazados a maniobrar más allá de las burbujas de consternación que permanecen durante algunas horas y enseguida, pronto, conmoción y buenos propósitos son difuminados por la también terrible normalización de sucesos de alto impacto. Situaciones como la que hoy nos une en la exigencia de justicia no ocurren de manera espontánea sino con avisos de gravedad progresiva que son llamados de auxilio para la intervención oportuna.

Tenemos que aprender a dilucidar en los relámpagos de la barbarie la tempestad de salvajismo que oscurece en el presente y para el futuro el horizonte de civilidad. Ahora la fatalidad nos emplaza a colocar los tabiques de legalidad y raciocinio desde los cuales podamos alcanzar las claraboyas que muestren el resplandor del Sinaloa de paz, valores y respeto a la vida, si es que acaso no nos hemos resignado a resistir, mejor dicho a sobrevivir, en la oscuridad donde todo se vuelve negro y nos empieza a resignar tal lobreguez.

Podría generarse el cuestionamiento de por qué el estado en el que más se ha legislado y gobernado para prevenir y castigar los crímenes que afectan al sector femenil, con la atroz consecuencia en niñas y niños, hoy presenta la alta incidencia a tal grado que la Secretaria de las Mujeres, María Teresa Guerra Ochoa, lanza la alerta del “Octubre negro” por siete feminicidios registrados en lo que va del mes.

Desafortunadamente las respuestas nos están llegando a través de tragedias. Sí es un asunto de leyes y justicia pero el reto consiste en meter a las instituciones a los senos familiares para que se anticipen a las consecuencias infaustas observando con mínima injerencia y respeto pleno a los derechos humanos cómo la víspera del delito va escalando a la inminente agresión. Convencer a las víctimas, núcleos parentales, vecinos y comunidades de lo vital que resulta denunciar ese atisbo de peligro del que sí se entera el círculo cercano de convivencia.

Las autoridades estatales, municipales, los síndicos y comisarios deben ser capacitados como detectores tempranos de malas conductas intrafamiliares que de lo atípico transmutan a lo fatal. Es fundamental que sean factores de confianza y de apoyo para las mujeres, infancias y adultos mayores cuya fragilidad ya no es cosa de leyes sino de conciencia fusionada en lo referente a la protección de posibles víctimas.

El sábado, al poner en funciones la Unidad de Género de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el Gobernador Rubén Rocha Moya dio señales de tener claridad sobre lo mucho que deberá hacerse más allá de lo que hoy se tiene. “Tenemos que hermanar esfuerzos las instituciones para hacer que todas las mujeres rompan el silencio, para contribuir con ellas a construir familias seguras y construir espacios seguros”, dijo.

También puso en marcha la Policía de Género y lo más importante es el ejercicio autocrítico que reconoce que “estamos en una situación de emergencia y al nivel de las necesidades estamos tratando de responder y esta es una acción afirmativa de gran envergadura”. En el mismo contexto de tristeza generalizada por la inmolación de dos niñas dio a conocer que enviará al Congreso del Estado la correspondiente iniciativa de ley para que los agresores sean quienes deban irse y las víctimas puedan quedarse en contornos hogareños seguros.

Es decir, marcando diferencias con la costumbre de anteriores gobernadores que negaban la violencia y aparte se cruzaban de brazos ante ésta, Rocha Moya ha creado todo un sistema de protección a las mujeres y en general a afectados por violencia intrafamiliar. La “Agenda Púrpura”, por ejemplo, deriva en 13 leyes aprobadas durante la 64 Legislatura local enfocadas a la protección de los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Sí se ha concretado bastante de lo que durante muchos años se dejó de hacer. Pero la familia permanece en alarmante nivel de riesgo y ello exige dar pasos en el mismo sentido en vez de pretender derruir lo alcanzado. La Policía de Género y las reformas legales para extirpar de los hogares a los probables agresores es lo correcto, siempre y cuando sea ganada la batalla contra el silencio domiciliario por miedo que es la condición ideal para el gen de la brutalidad doméstica.

Y otro punto esencial es que ninguna autoridad que reciba a una madre u hijo denunciando la latente agresión en el espacio familiar ofrezca a cambio la indiferencia negligente, a veces hasta la burla que es igual de mortífera que la acción de los sujetos homicidas.

En Sinaloa logró borrar,

Cualquier barrunto de sonrisa,

Aquel que igual pudo matar,

Los sueños de Litzy y Luisa.

Límpianos lluvia torrencial de todos los males que cuando llegan vienen juntos en un Sinaloa que a pesar de estar en manos de gente que nunca se rinde, a veces parece ya no resistir calamidades como la sequía, el crimen, la corrupción y la renuncia a los valores y libertades fundamentales. Lávanos con los milímetros de agua que sean necesarios hasta que ningún residuo pernicioso quede sobre la tierra y los habitantes del solar de los once ríos, en ocasiones edén y en otras calvario.