Arturo Santamaría Gómez
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El federalismo en México ha sido más una aspiración que una realidad. Y en gran medida ha sido así porque nuestro País más que inspirarse en el modelo de organización política territorial de Estados Unidos simplemente adoptó su forma y no su funcionamiento. No podía ser de otra manera porque nuestras realidades siempre han sido muy diferentes.
Estados Unidos, desde el Siglo 18, encontró en el federalismo la fórmula para un acuerdo político, jurídico, administrativo y fiscal entre los diferentes grupos colonizadores y sus élites que fueron poblando su territorio en continua expansión. México, con una historia totalmente distinta, tan solo partiendo de la etapa colonial o la Nueva España, estableció desde un principio un poder político y recaudador férreamente centralista que ni el México independiente con la Constitución de 1824, ni el México reformador con la Constitución de 1857, ni el México revolucionario con la Constitución de 1917, pudo modificar. Al contrario, en cada etapa se fue haciendo más centralista. México es muy complejo en su biodiversidad y multiculturalidad, y lo es también en su muy desigual desarrollo económico-social y organización política constitucional. Todos esos factores han influido para que en nuestro País el federalismo sea, oh paradoja, marcadamente centralista.
El federalismo, tal y como la inventaron los estadounidenses y le dieron cuerpo Madison, Hamilton y Jay, implica un alto nivel de descentralización y equilibrio de poderes entre los estados y Washington D.C. o el poder federal. En México, a partir del porfiriato imperó el poder central sobre los estatales y, sobre todo, el presidencial, el cual, además, subordinó a los otros poderes federales, el Legislativo y el Judicial. Esta tendencia se agudizó durante el priato, se flexibilizó durante el docenato panista y regresó con la 4T.
Durante los dos sexenios panistas (2000-2012), dos gobiernos priistas estatales, Millán en Sinaloa, Enrique Martínez en Coahuila, y uno perredista, el de Ricardo Monreal en Zacatecas, al ser los impulsores de la Conago dieron, durante el sexenio de Vicente Fox, un paso para intentar un mayor equilibrio entre los poderes de los estados y el Ejecutivo federal. Ciertamente, desde Los Pinos, Miguel de La Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo impulsaron algunas medidas administrativas descentralizadoras, pero lo hacían desde el centro de la estructura de poder político nacional y no eran resultado de movimientos o, al menos, de esfuerzos políticos de los gobernadores.
Pero la Conago no hizo mayores esfuerzos por establecer un verdadero federalismo. Más bien, a decir de Leo Zuckerman, posibilitó que los gobernadores se convirtieran en una especie de virreyes en sus estados. En Sinaloa, Juan S. Millán, aprovechando la ausencia de un Presidente en Los Pinos, forjó algo muy cercano a un maximato después de desocupar el Tercer Piso del edificio de Gobierno en Culiacán.
En el presente y en medio de una crisis con múltiples rostros, siete gobernadores panistas, dos priistas y un perredista han creado la Alianza Federalista como una reacción a diferentes decisiones políticas del Gobierno que encabeza López Obrador. La más reciente e importante es el enconado reclamo por el manejo de la distribución del presupuesto público, al que acusan de injusto y centralista.
El desacuerdo que se manifestó primeramente al inicio de la pandemia, cuando tres gobernadores del noreste de México le exigieron a AMLO más recursos para enfrentar la crisis sanitaria fue aumentando su intensidad al sumar más mandatarios estatales e incorporar más demandas hasta llegar a sintetizarla en una de gran complejidad: un nuevo pacto fiscal.
El argumento central de los gobiernos del norte, particularmente de los fronterizos (aunque no todos porque ahí no participa Baja California), es que ellos aportan muchos recursos a la federación pero reciben poco para enfrentar sus necesidades.
La respuesta del Gobierno federal es que el pacto fiscal vigente no lo creó la 4T sino la administración de Felipe Calderón y que la distribución de recursos solo obedece a lo ahí establecido. Esto quiere decir, dice Hacienda, que, en caso de haber existido un esquema de inequidad, los gobiernos locales tuvieron casi 13 años para manifestar su inconformidad.
Ciertamente, las reglas del juego en la distribución de recursos financieros no las inventó Morena, y también es cierto que hay inocultables intereses partidarios en la postura de los gobernadores oposicionistas. Es claro, por ejemplo, que Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco, aprovecha cualquier tribuna que le permita fortalecer sus aspiraciones presidenciales para 2024; pero al margen de ello, lo importante es preguntarse si la ciudadanía de esos estados, o por lo menos amplias capas de su población, están dispuestos a respaldar la petición de sus mandatarios por reformular no tan solo el pacto fiscal federal sino la misma Constitución para un nuevo federalismo.
El desafío aliancista es serio, pero, en realidad, no cuenta con la suficiente fuerza política, a pesar de la participación de estados tan importantes como Jalisco y Nuevo León, para lograr su propósito. El proceso político-jurídico sería largo (por lo menos dos años de luchas y debates constitucionales), donde la mayoría de los gobernadores priistas, y por supuesto morenistas, no están de acuerdo. Dice, por ejemplo, Héctor Astudillo, Gobernador tricolor de Guerrero, entidad que depende en extremo de los recursos federales: “Lo peor que nos puede pasar en México es que en plena pandemia, nos coloquemos enfermos, pobres y confrontados”.
Sí, hay que reformular el federalismo, pero en el actual intento hay mucho oportunismo y poco respaldo ciudadano. Por lo menos, hasta el momento.
