O acabamos con la guerra o la guerra acabará con nosotros.
A propósito de la frustrada aventura reciente del youtubero mexicano Alan Estrada (Alan por el mundo, sus patrocinadores pagaron 150 mil dólares y Alan ni siquiera se sumergió en el batiscafo “Titán”, que sufrió graves contratiempos), Octavio Díaz Aldret nos dice: “Otro pasajero de primera clase, fallecido en el hundimiento del Titanic, fue William Thomas Stead.
Stead fue un pionero del periodismo de investigación en el Reino Unido. Stead fue una figura compleja que en 1886 publicó un cuento corto How the Mail Steamer Went Down in Mid Atlantic by a Survivor (Cómo el vaporizador de correo se hundió en el Atlántico medio, por un superviviente).
A esa publicación, Stead agregó el siguiente editorial: ‘Esto es exactamente lo que podría suceder y sucederá si los transatlánticos se envían al mar sin botes salvavidas suficientes’ !?
Stead fue amigo muy cercano de Cecil Rhodes -fundador de Rhodesia (Zimbabue y Zambia) y de la compañía de diamantes De Beers, e impulsor del proyecto de la línea ferroviaria El Cairo-Ciudad del Cabo-, aunque por su posicionamiento en la Segunda Guerra Boer se distanciaron definitivamente. Stead acudía a EU a invitación del Presidente Taft, para asistir a un Congreso de Paz.
En su columna de La Jornada -Aprender a morir, Hernán González G. nos dice: El agonizante como extra.
En la columna del pasado 26 de julio (Los demasiados pasos) nos referíamos a la celebrada despenalización de la muerte asistida en España gracias a la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, luego de casi cuatro décadas en que personas y organizaciones lucharon por volver legal lo que solemnes juristas consideraban ilegal.
Esta legalización, anhelada por una mayoría ciudadana y negada por una minoría legisladora, sorda a las necesidades elementales de aquella, como suele ocurrir en los países democrático-burocráticos, de algún modo es el comienzo para resolver una contradicción democrática que España ha arrastrado durante décadas, y que la mayoría de los países, desarrollados o no, continúa por inconfesables motivos, no por razones sustentadas.
Resumíamos los 10 pasos que la flamante legislación impone, en alarde de añejo autoritarismo posfranquista, a las personas en etapa terminal o con un máximo de seis meses de vida, o bien al paciente desahuciado, es decir, con una enfermedad progresiva e incurable, dolorosa o no, sin posibilidades de mejoría. La contradicción reside en que las democracias autoritarias consideran las formas de morir como imposición inalterable, no como opción a partir de la libertad y dignidad del ser humano.
Repetidas peticiones al médico familiar y a un médico consultor, deliberaciones y evaluaciones de éstos con el paciente, informe a una comisión, luego designación de un jurista y de otro médico para revisar el caso. Si la resolución es favorable, el paciente debe esperar, independientemente de su condición, entre 30 y 40 días para que se le aplique eutanasia o muerte sin dolor, sea pasiva, por abstención o suspensión del tratamiento, o activa, mediante la aplicación de una sustancia letal, en ambos casos a petición voluntaria del paciente.
Pero en materia de despenalización de la eutanasia la legislación española se empeña en seguir siendo, junto con juristas, médicos, consultores y comisionados, la protagonista, en tanto que el sujeto terminal o desahuciado, el individuo que padece el drama de su salud, es reducido a un extra, a un añadido que figura pero no habla o apenas lo hace, a mera comparsa de los actores principales. En su mareada vanidad como autoridades más o menos importantes, se olvidan de que, con relación al derecho a la muerte voluntaria, el principal protagonista es precisamente el enfermo y no ellos”.
