Espionaje en Sinaloa en la era de la 4T. Nunca más una Policía Política estatal

Hombre de todas sus confianzas, Quirino Ordaz Coppel recibió al iniciar su período como Gobernador de Sinaloa un consejo de Joel Hernández Niño: “no necesita una Policía Política, desaparézcala, y que cada área de la administración pública investigue y atienda lo que es de su competencia”. El que fuera Director de Gobierno en el sexenio de Jesús Aguilar Padilla se refería a las labores de espionaje que son innecesarias en estos tiempos donde la información fluye en todas direcciones como nunca antes.

Hernández Niño también cargó con el pesado estigma de ser espía del gobierno. Tanto que fue necesario plantarse frente a la propuesta de que Sinaloa nunca más debería tener la percepción de “hay pájaros en el alambre” frase con la cual durante muchas administraciones estatales, desde Antonio Toledo Corro a la fecha, actores políticos, económicos y sociales aluden la injerencia en la vida privada de personajes que el Estado veía como importantes proveedores de información sensible.

En su postura de nunca más una Policía Política en Sinaloa y después de que en 2016 fue muy visible su participación en la estrategia electoral que usó Quirino Ordaz para ganar la Gubernatura, Hernández Niño rechazó el ofrecimiento de ponerse al frente del área que fue desacreditada por el fisgoneo ilegal y además perverso que la dependencia efectuó durante décadas. Con Luis Pérez Hernández al frente durante el sexenio de Juan Millán Lizárraga, la hoy tristemente célebre Dirección de Gobierno vivió la etapa más negra respecto a la intriga palaciega contra los adversarios del régimen en turno.

El tema se vuelve importante en el contexto de la transición de mandos del Poder Ejecutivo Estatal que a partir del primero de noviembre culminará con la asunción de Rubén Rocha Moya al Gobierno de Sinaloa. Si bien es cierto que el aparato local de “seguimiento de la información” vive una etapa de desmantelamiento (nadie se ha quejado o presentado evidencia de ser espiado por Quirino Ordaz), igual es verdad que sigue viva la tentación por esculcar con fines revanchistas en la vida privada de las personas y empresas.

Hace algunas semanas, en junio pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, negó que su gobierno efectúe labor de espionaje. “Si tienen pruebas de que algún funcionario realizó ese tipo de actividades ustedes denúncienlo y yo lo despido”, ofreció. “Nosotros tenemos principios, tenemos ideales, no somos como ellos, ni como sus jefes, no vamos a espiar a nadie, nunca lo hemos hecho, y segundo, qué sentido tiene, qué caso tiene si ya sabemos que están en contra de nosotros”, agregó.

Sin embargo, tampoco ha llevado a buen fin la investigación que lo vincula con la utilización en México, a mediados de 2019, del programa de espionaje Pegasus, propiedad de compañía israelí NSO Group, que desde el sexenio de Enrique Peña Nieto fue adquirido por el Gobierno Federal para penetrar los sistemas informáticos y de comunicación de quienes el gobierno considera sus antagonistas. Existe la sospecha de que en varios estados, entre ellos Sinaloa, ese software fue infiltrado en aparatos de telefonía móvil.

En términos reales, el rastreo furtivo sobre qué hacen los opositores o críticos de los políticos en altos cargos de las administraciones públicas dejó se ser un ejercicio tan rudimentario como infiltrar a “orejas” en los eventos donde hay información delicada, o bien acudir a “escuchas” mediante micrófonos de alta sensibilidad al sonido, instalados cerca de los lugares en que se realizan reuniones o llamadas telefónicas. Hoy la tecnología de la indiscreción es de vanguardia y basta con cualquier persona porte con ella el dispositivo de telefonía celular para saber dónde está, con quién se reúne y copiar las conversaciones o transmisión de datos.

Pero el problema no es que haya nuevas y fáciles formas de espiar aportadas por el desarrollo de lo digital donde se difuminó el límite entre lo público y lo íntimo; el conflicto está en que existan todavía gobernantes con la predisposición a entrometerse en la vida ajena como recurso de manipulación o control en la vieja lógica de “información es poder”, que constituye delito al no justificarse con orden judicial y validarse como parte de una investigación que necesita de dichos métodos.

Eso es lo que le toca decidir a Rubén Rocha. Desarticular el aparato estatal de espionaje y dejarles esa labor a las agencias de investigación criminal cuando medie mandato judicial, o bien no sólo mantener sino rescatar la manía de querer saber por medios ilegítimos e intrigantes lo que se dice o se hace en contra del gobierno y el Gobernador. ¿Para qué si las plataformas digitales simplifican lo que mucho esfuerzo y desprestigio le significó a mandatarios que intentaban hallar delirantes complots y acabaron enterándose de ligerezas cuyo único provecho es el chantaje o el morbo?

Cabe pues, casi cinco años después, la posición que empuja Joel Hernández Niño, el que conoció las entrañas del sistema y manías de espionaje. Nunca más una Policía Política en Sinaloa, mucho menos ahora que la Cuarta Transformación está por instalarse en el despacho principal del tercer piso de Palacio de Gobierno.

De qué les sirve el espionaje,

Si el enorme ruido en las redes,

Exhibe el profuso lenguaje,

Del pueblo que espía a ustedes.

Por cierto diferentes medios periodísticos del mundo iniciaron ayer la publicación de una serie de investigación colaborativa coordinada por Forbidden Stories y el apoyo de Security Lab de Amnistía Internacional que prueba cómo dispositivos de telefonía de 180 periodistas de diferentes regiones, México y Sinaloa por supuesto, fueron infectados por el software espía Pegasus para extraer mensajes, fotos, correos electrónicos, grabar llamadas y activar micrófonos en secreto.