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El culiacanazo se ha analizado desde muchos ángulos: la ineptitud, las medias verdades, las contradicciones, la dilución de responsabilidades, la ruptura de las cadenas de mando, la debilidad del Estado, la captura de las autoridades y las policías, el papel de Estados Unidos y la reputación internacional. Falta el del impacto en la opinión pública. Es necesario partir de la base de que hasta el momento la mayoría de los acontecimientos negativos no han hecho mella en la popularidad del Presidente. Ni aquellos que le “sucedieron”, ni aquellos provocados por las acciones del propio gobierno. La explosión de Tlalhuelilpan con sus 135 muertos no tuvo repercusiones en la aprobación de López Obrador como no las tuvieron la emboscada y asesinato de 13 policías en el municipio de Aguililla en Michoacán, los 15 muertos de Iguala o los más de 22 mil muertos contabilizados en lo que va del sexenio.
Tampoco ha costado al Presidente el desabasto de medicamentos y vacunas como las del cáncer y el dengue o el lío en el que se metió cuando quiso cancelar los contratos y suspendió la operación de los gasoductos.
¿Le restará puntos el fallido operativo que llevó a la captura y liberación de Ovidio Guzmán en Culiacán con los ocho muertos, 16 heridos y 51 reos fugados además del pánico entre la población y el amago a las familias de los militares? Por lo pronto tenemos las encuestas de El Financiero y del periódico Reforma que más que evaluar la popularidad del mandatario se concentran en las decisiones tomadas y en la aprobación de la estrategia de seguridad.
Más del 90 por ciento de la población se enteró de lo ocurrido y en ambas encuestas son más los que responden que ven un fracaso en la estrategia de seguridad que aquellos que la aprueban. Aunque con diferencias en los porcentajes, también en ambas encuestas la mayoría de los consultados están en desacuerdo en la liberación del hijo de “El Chapo”. Según Reforma 49 por ciento estuvo en desacuerdo con la liberación contra 45 por ciento que estuvo de acuerdo. En el caso de El Financiero, la diferencia fue mucho mayor: el 51 por ciento piensa que la decisión fue equivocada y 39 por ciento que fue correcta.
Más preocupante -aunque esto también ocurría con Calderón y Peña Nieto- es que la población perciba al crimen organizado como una “institución” más fuerte que el gobierno o el Estado: 56 por ciento versus 33 por ciento. Está opinión queda reconfirmada cuando el 45 por ciento de los ciudadanos responde que se liberó a Ovidio Guzmán porque el Gobierno Federal se vio rebasado por el Cártel de Sinaloa y el 61 por ciento que después de lo sucedido en Culiacán el gobierno de AMLO salió debilitado (Reforma).
Finalmente, las dos encuestas coinciden en que en materia de seguridad los ciudadanos piensan que el gobierno debe combatir al crimen organizado más que evitar la violencia: 60 por ciento versus 35 por ciento (El Financiero). O que el gobierno debe combatir frontalmente al crimen organizado (50 por ciento) versus negociar 39 por ciento.
A decir de la encuesta de El Financiero, la popularidad del Presidente se mantiene estable con un porcentaje de aprobación del 67 por ciento para octubre. No obstante, y esto también lo confirman estudios previos de Reforma, la aceptación de las políticas públicas y acciones del gobierno va constantemente a la baja. En los casos de salud, pobreza, corrupción y seguridad pública, son mayores los porcentajes de desaprobación que los de aprobación.
Estos números concuerdan con los de la opinión publicada. Cada vez son más los analistas que reprueban las políticas públicas de la presente administración.
Nunca he pensado que los gobiernos deben guiar sus acciones y decidir sus políticas públicas por lo que agrade a la población. Los gobiernos están para resolver problemas y sostener la viabilidad de los territorios que gobiernan, aunque esto suponga una merma en su popularidad. Entre otras cosas es por ello que he rebatido los argumentos en los que López Obrador se basa para introducir las consultas populares o la revocación de mandato: el pueblo decide.
Pero esto no significa que el gobierno preste oídos sordos a lo que piensan los ciudadanos, los expertos o los analistas. Simplemente no es aceptable que ante la evidencia, no de las percepciones sino de la realidad, el Presidente comunique que: “... aprovecho para decirles a los que piensan de esa manera que no vamos a modificar la política en materia de seguridad”. A veces vale más escuchar que hablar.
