¿Es crimen político el de Román Quezada?
Que hable la Fiscalía y acabe la suposición

Poco queda por decir después del irreparable asesinato de Román Quezada Anduaga, secretario general del Partido Acción Nacional en El Fuerte, pues la voz completa debe permitírsele a la Fiscalía General del Estado para conocer si el homicidio tiene o no vínculos con la responsabilidad partidista que desempeñaba la victima o es atribuible a motivaciones ajenas. Todo depende de lo eficaz y sustentada que sea la investigación ministerial para resolver la hipótesis lanzada desde el proselitismo electoral en el sentido de que el manto negro de los crímenes políticos se posa sobre Sinaloa.

Aquí se necesita la labor expedita y convincente del Ministerio Público para determinar la ruta que deben andar en Sinaloa las campañas de candidatos y partidos sin invadir los linderos de la narcopolítica. De corroborarse que células delictivas tienen esa injerencia letal en el proceso electoral, entonces obliga a dar garantías a las mujeres y hombres que andan en la conquista del voto y, aunque resulte lo contrario, el tema de la seguridad a los pretensos ha de atenderse pero en escenarios de menor presión.

Tratándose de una muerte ocasionada por lesiones de golpes, el caso aporta pocos elementos para inferir la autoría intelectual de la alta delincuencia. El narcotráfico y sus sicarios son sobradamente desalmados y claros al atribuirse ataques mediante mensajes de crueldad y rebeldía a la ley, rasgos de los cuales la Fiscalía no da cuenta en los primeros informes, excepto que las pruebas periciales muestren un viraje de último momento.

Mientras tanto, ha llegado a Sinaloa la sicosis que se vive en México derivada de las muertes asociadas al proceso electoral. Con corte al 6 de marzo, el recuento que realiza el diario nacional El Financiero da cuenta de 23 homicidios desde que en noviembre de 2023 iniciaron las campañas y hasta el miércoles de esta semana. Los inmolados son alcaldes, candidatos y políticos inactivos, de los cuales 13 pretendían lograr algún cargo de elección popular en las votaciones del 2 de junio.

En lo estatal hay inmolaciones donde sigue latente la duda del propósito de arrebatarles la vida. En junio de 2023, cuando asesinaron a Alejo Valenzuela en Culiacán, ex dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, igual que en julio de 2021 con el crimen de José Román Rubio, ex candidato de Morena a Diputado por el Distrito 06, sucedido en el Municipio de Sinaloa, fueron esparcidas similares sospechas de móviles políticos.

Al agregarse Román Quezada a esa lista, el nerviosismo hace presa a postulantes y siglas que los respaldan y encarrila a los electores hacia vertientes de miedo que en los siguientes 87 días, que son los que faltan para la votación, reforzarán o disiparán dicha atmósfera de zozobra o de seguridad. Quizás allí esté la notificación que viene de El Fuerte para el gobierno de Rubén Rocha Moya y los que pretenden cargos de elección popular: el Mandatario debe ocuparse en proteger la integridad física de los candidatos y los aspirantes a ser beneficiarios del sufragio evitar hacer compromisos con personajes o grupos criminales.

Ese es el equilibrio idóneo que reduce las posibilidades de ataques brutales contra actores políticos, siendo conscientes de antemano que la mafia no accede a cláusulas de humanismo que le preserven la vida a quienes traicionan pactos consumados en el fragor de ambiciones por puestos públicos. La fuerza pública y las instituciones de seguridad sí pueden blindar los entornos en que se mueven los candidatos siempre y cuando estén exentos de compromisos o encargos ilegítimos estipulados por la alta delincuencia.

Otra luz roja encendida en el presente contexto electivo es la crisis en materia de recursos económicos que ensancha la brecha entre candidatos ricos y candidatos pobres. En ninguno de los dos extremos debe permitirse el financiamiento con dinero ilícito a través del cual el narcotráfico compra posiciones de poder en gobiernos y cámaras, penetrando a las instituciones por la vía electoral. Cualquier trato en este sentido implica asumir riesgos y entrar por gusto propio a cavernas de barbaries inevitables.

Tampoco es válido que el sacrificio de una persona, como es el caso de Román Quezada, lo utilicen con fines de lucro político antes de que las autoridades competentes definan si la muerte está asociada o desligada de la actividad electoral en ciernes. Cuidado con esa tentación de quererse colgar de la desgracia ajena para hacer de la victimización un instrumento de crecimiento en la intención del voto. Invocar la tragedia desde apetitos de poder trae un efecto contraproducente ya que recubre de miedo al que lo hace y le ahuyenta el respaldo ciudadano.

En síntesis, ¿el asesinato de Román Quezada tiene móvil político? De conocer a tiempo la respuesta oficial depende que en las 12 semanas que vienen las campañas sean en paz y sin lamentar más bajas humanas. La Fiscal Sara Bruna Quiñónez tiene la palabra y mientras tanto la especulación debe acabar.

Pésame y esquela son nada,

Son mera consternación ficticia,

Porque lo que merece Quezada,

Es que lo abrace la justicia.

Al reportar ayer el atentado sucedido en Naucalpan contra su candidato a Diputado Federal por el Distrito 24 del Estado de México, José Luis Durán Reveles, el Partido Verde Ecologista de México hizo un pronunciamiento que de plano cobra vigencia en cualquier parte del suelo mexicano: “reprobamos categóricamente este tipo de actos miserables, que son parte de la vieja forma de hacer política donde no importa la manera de mantenerse en el poder y en dónde. Ante la falta de argumentos y de perfiles, se busca dañar a políticos ejemplares como Durán Reveles, sin importar que afecte su integridad y su vida misma”.