Entre el relato y la realidad
sobre la violencia en México

La violencia ha sido una constante en México desde sus inicios como nación; sin embargo, ha experimentado momentos en los que se percibe una disminución de ésta, ya sea real o no. También hay que decir que la percepción de la inseguridad y la violencia dependen de múltiples factores, como lo son la experiencia personal, el género, la escolaridad, la localidad, el grado de exposición a las redes sociales y las noticias; el discurso que tienen tanto los medios de comunicación como los gobiernos sobre el tema, en términos subjetivos, y la incidencia real, la victimización, el tipo de delitos que se cometen, el sector poblacional afectado y la respuesta institucional al fenómeno.

En constantes oportunidades se ha mencionado el poder del Presidente de la República para imponer su discurso tanto en la población como en la agenda mediática del País, lo que ha llevado a una opinión polarizada de realidad, en donde una parte de la ciudadanía considera verdadero lo que se dice en las mañaneras, y otra lo descalifica completamente; en medio quedan las víctimas, cuya experiencia de vida supera el velo de la información pública.

Este poder derivado del carisma del Presidente ha sido utilizado para generar la idea de que el problema de inseguridad y violencia en México es en realidad un problema de calumnia y denostación por parte de sus detractores, por lo que se enaltece a toda costa la estadística delictiva -que representa una porción de 2 delitos de cada 100 que se cometen, según la cifra negra estimada-. Recientemente, el 16 de abril, se dieron a conocer los datos de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los que se muestra una disminución de 4 por ciento en las víctimas de homicidio doloso, 21 por ciento en las de feminicidio, 13 por ciento en las de secuestro y 29 por ciento en las de trata, según los reportes de enero a marzo de 2024, respecto del mismo periodo de 2023.

Sin embargo, ¿en realidad significan algo esos números? En el rubro de seguridad estamos viviendo una dinámica similar a la simulación que vivimos en otros rubros de la agenda pública como la pobreza, educación o salud, en donde el discurso señala que cada vez hay menos pobres gracias a la política asistencialista del gobierno; la educación es mejor y nos acercamos a un modelo de salud como el de Dinamarca...

Basta con echar un vistazo al proceso electoral, que es una expresión de la institucionalización efectiva de la democracia en nuestro país, que responde a una organización puntual y minuciosa, pero que requiere de un ambiente de seguridad y gobernabilidad para florecer adecuadamente, y que es una prueba no superada por el mundo de ensueño del que se jacta el Gobierno federal. Hasta la primera mitad de abril, Causa en Común ha contabilizado al menos 37 actores políticos asesinados en el marco del actual proceso electoral. De estos 37 actores políticos, 25 eran aspirantes o candidatos.

También podemos medir el grado de violencia, ingobernabilidad y desconfianza en las autoridades con el número de candidatos que han decidido renunciar a sus aspiraciones por motivos de seguridad. Tan solo en Michoacán, de acuerdo con una investigación realizada por El Universal, 22 casos de candidatos que renunciaron por amenazas corresponden a integrantes del PRI; 10 del PAN y 14 del PRD, en su mayoría aspiraban a presidencias municipales. Esta información se obtuvo de las denuncias que se realizaron a las dirigencias, situación que no es pública o posible en todos los estados; sin embargo, es de esperarse que ocurra un fenómeno similar en Guerrero, Guanajuato y Chiapas, por mencionar las entidades que actualmente concentran violencia por la acción de grupos delictivos organizados.

Ante ese panorama podemos decir que los propios aspirantes al tomar una posición de poder desconfían de la eficacia del Gobierno para protegerlos, para blindar el proceso electoral y para hacer valer el Estado de Derecho. En México, la desconexión entre el discurso oficial y la cruda realidad que enfrentan millones de ciudadanos en materia de inseguridad y violencia es un fenómeno cada vez más evidente. A pesar de los esfuerzos por proyectar una imagen de estabilidad y progreso, la persistencia de la violencia homicida, la desaparición forzada y la cooptación del proceso electoral por parte del crimen organizado plantean serias interrogantes sobre la verdadera situación del País.

La creciente discrepancia entre lo que se dice y lo que se vive refleja una profunda crisis en materia de seguridad y derechos humanos. Los altos índices de homicidios, la presencia del crimen organizado en diversas regiones y la impunidad generalizada han generado un clima de temor e incertidumbre entre la población. A esto se suma la preocupante interferencia del crimen organizado en el proceso electoral, socavando los principios democráticos y la legitimidad de las instituciones.

La discrepancia entre el discurso oficial y la realidad plantea importantes reflexiones sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el país. ¿Cómo es posible que, mientras las autoridades aseguran que todo va bien, los ciudadanos continúen enfrentando niveles alarmantes de violencia e inseguridad? Esta brecha entre lo que se dice y lo que se vive pone en tela de juicio la credibilidad de las instituciones y la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos.

Para abordar esta crisis, es fundamental que las autoridades reconozcan y enfrenten de manera honesta y efectiva los problemas de inseguridad y violencia en el País. Esto incluye la implementación de políticas integrales que fortalezcan a las policías, promuevan la rendición de cuentas y garanticen el respeto por los derechos humanos. Asimismo, es crucial fomentar la participación ciudadana en la vigilancia y denuncia de la violencia y la corrupción, construyendo una sociedad más justa y segura para todos.

La brecha entre el discurso oficial y la realidad en materia de inseguridad y violencia en México es un fenómeno preocupante que requiere una atención urgente y acciones concretas por parte de las autoridades y la sociedad en su conjunto. Solo a través de un enfoque honesto, transparente y comprometido se podrá avanzar hacia la construcción de un país más seguro y justo para todos sus ciudadanos.

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La autora es Nancy Angélica Canjura Luna (@canjural), politóloga con maestría en Asuntos Públicos. Especialista en Seguridad. Investigadora en Causa en Común.

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