¿En serio el juicio político contra Estrada?
Oír a Sergio Torres: no al soberano fracaso

Tiene razón Sergio Torres, el dirigente del Movimiento Ciudadano que lleva la batuta en cuanto a intervención de los partidos en la agenda pública de Sinaloa, al llamar al Congreso del Estado a actuar con firmeza, prudencia y legalidad para llevar a buen término la destitución del Alcalde Jesús Estrada Ferreiro y así evitar que éste se convierta en mártir. Es la mejor postura presentada hasta hoy por la oposición local porque entiende y atiende la preocupación ciudadana por si a la 64 Legislatura le saliera el tiro por la culata en el juicio político en curso contra el Presidente Municipal de Culiacán.

Al declarar la procedencia del juicio político la representación popular debió tener resueltas todas las cuestiones inherentes y el control de las salidas jurídicas y de influencias a las que el sujeto encausado pueda recurrir para echar abajo las acusaciones que le imputan. Además de Alcalde es abogado e integrante del proyecto de transformación que encabeza en México Andrés Manuel López Obrador a quien acudirá Estrada Ferreiro para pedirle apoyo, según lo dio a conocer él mismo.

Este asunto crucial para el apuntalamiento de la gobernabilidad y estabilidad de Sinaloa depende de que el órgano parlamentario haga bien su trabajo sin debilitar el soporte legal y, aunque parezca absurdo, despolitizar el juicio político al judicializarlo lo más que se pueda. Por donde le busque la justicia existen los elementos para sustentar el expediente, pero tomando en cuenta que también hay un Estrada que se defenderá como gato bocarriba y aunque pierda tratará de cuidar cualquier tajada de poder que le quede.

Sergio Torres define las causales del juicio en palabras llanas. “No había existido un Presidente Municipal tan grosero con los periodistas, con las mujeres, con el Gobernador y con las diputadas y diputados; no habíamos tenido un Alcalde tan soberbio y arrogante, que se creyó intocable”. Y porque así se resumiría en lenguaje común la carpeta de investigación, resulta extraño que ahora algunos traten de victimizar al edil que ha hecho muy poco en beneficio de Culiacán y si en algo despunta es en la grandilocuencia de sus berrinches.

¿En verdad se le deben dar nuevas oportunidades a quien gobernó el municipio durante tres años y lleva casi seis meses del nuevo trienio sumido en quejas, pretextos, furores y reyertas inclusive contra los correligionarios de su mismo partido? Jesús Estrada no entendió su propia circunstancia y dislate a dislate se denunció a sí mismo hasta llegar al momento en que el Congreso le puede aplicar cualquiera de las tres condicionantes que la Constitución establece para que pierda el cargo que hoy desempeña.

Si se trata de sancionarlo por “la violación grave a disposición expresa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Constitución Política del Estado, o a las Leyes que de ellas emanen”, allí están sus ataques a la libertad de expresión, derechos humanos y garantías laborales. En lo que respecta a “el manejo indebido de fondos y recursos del Estado o de la Federación” se declaró en rebeldía contra disposiciones del Congreso para ajustar los programas sociales de López Obrador a las necesidades de los grupos más desprotegidos de Sinaloa en materia de pago de predial y agua potable”. Y en cuestión de “ataques a la libertad electoral” ejerció violencia política en razón de género contra la ex Síndica Procuradora Sandra Martos Lara.

Entonces sí hay materia suficiente y contundente por lo cual el sentido de la discusión tendría que estar en cuestionar por qué el Congreso del Estado, controlado por el Movimiento Regeneración Nacional en la anterior y actual Legislatura, omite actuar contra otros servidores públicos que están en igual o peor situación de punibilidad que Estrada. Y aquí viene la valía del efecto aleccionador que resulte del hecho de proceder contra el Alcalde de Culiacán: si la Cámara dio el primer paso al declarar con 32 votos de un total de 40 que “sí ha lugar” a formular la acusación y el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado está por constituirse en Jurado de Sentencia ¿cuántos presidentes municipales tendrán que poner sus barbas a remojar en caso de que el veredicto sea condenatorio o quiénes soltarán la sonora carcajada si se cae todo el tinglado legislativo-judicial del caso JEF?

Y volvemos al principio. Todavía queda la duda, entre muchas que hay, por qué si la mayoría votó a favor de iniciar el procedimiento no se le ha notificado al Alcalde tal decisión siendo que el artículo 134 de la Constitución establece que “el Congreso del Estado, por mayoría de los Diputados presentes y erigidos en Jurado de Acusación, resolverá si ha lugar, o no, a formular acusación. Si procediere presentar ésta, el servidor público quedará separado de su cargo”. ¿Fue o no la sesión secreta del 22 de abril la declaratoria previa del juicio político?

No sean sordos, diputados, al corolario que Sergio Torres los convoca a evitar. El ex Alcalde de Culiacán y ex candidato al Gobierno de Sinaloa sabe subirse a los asuntos que se sitúan en el centro de la conversación pública y hay que ponerle exagerada atención a lo que advierte: “si no destituyen a Estrada Ferreiro será un soberano fracaso y una derrota dolorosa para el Congreso, y por supuesto, principalmente para el Gobernador”.

Si lo sientan en el banquillo,

Y estando allí lo indultarán,

Lo convertirán en caudillo,

Para mayor desgracia de Culiacán.

Y tampoco Jesús Estrada Ferreiro procede a apagar el incendio político que lo podría desalojar de Palacio Municipal. Al contrario, pisa descalzo las brasas de la hoguera que le preparan, al acudir a declaraciones a medias como “me lo dijeron”, “no les puedo decir quién” y “les ofrecieron ocupar mi cargo”. Es de muy raquítica credibilidad el inicio de la contraofensiva del Alcalde para plantearse como mártir de un complot que, según él, se urde en el despacho del Gobernador. Y vuelve a blandir su arma preferida: reunirse con el Presidente para que lo proteja de nuevo.