En Mazatlán, la política se impone sobre la legalidad

jorge.ibarram@uas.edu.mx

El juicio político y penal que tiene enfrente Luis Guillermo Benítez no transcurrirá con la imparcialidad que amerita un caso tan delicado. Su incorporación a la Secretaría de Turismo, por invitación del propio Gobernador, manda una muy mala señal y deja entre ver que “El Químico” recibirá un trato preferencial durante el proceso que el Congreso y la Fiscalía llevarán en su contra.

¿Qué confianza podemos tener los sinaloenses en la impartición de justicia, si la máxima autoridad ejecutiva en el Estado una vez más toma partido, pero ahora para cobijar a quien está siendo acusado por actos de corrupción?

Si en meses pasados la intervención del Mandatario sirvió para deponer un representante electo sin las pruebas suficientes para soportar un debido proceso, ahora parece que la cargada está hecha para encubrir al otro al que le sobran las evidencias incriminatorias.

Por el peso que carga sobre su espalda, la angustia debiera carcomer la tranquilidad que todavía disfruta quien se aprovechó de la confianza ciudadana, y hoy, por su deshonestidad, ha sido denunciado por un daño de 60 millones 880 mil pesos al erario.

Su renuncia no fue una sorpresa para nadie. El público, al que los de su partido llaman el pueblo sabio, ya había dado su veredicto. Aquella noche en el estadio Teodoro Mariscal la gente lo desbancó de súbito con reclamos y rechiflas hacia su persona. Era solo cuestión de horas para que el capitán abandonara el barco de manera oficial. Y así ocurrió.

Apenas este martes 25 de octubre de 2022, Luis Guillermo Benítez Torres, quien fuera uno de los principales promotores del lopezobradorismo en Mazatlán, se hizo presente por última vez en una sesión de Cabildo, ahí entregó lo que sería su primer Informe de gobierno, de su segundo mandato al frente del Ayuntamiento, y en el mismo acto capituló de manera irrevocable frente a sus rivales políticos, los regidores del PAS.

Llama la atención lo presto que estuvo “El Químico” a renunciar al cargo. No tuvo el valor de defender su causa hasta las últimas consecuencias, luchando con uñas y dientes como lo haría alguien que con toda dignidad se sabe inocente. No tenía alternativa.

Por eso huyó en lo inmediato, a hurtadillas como ladrón a media noche. Desapareció del recinto municipal en cuanto la ASE lo denunció por desempeño irregular de la función pública. Rocha reconoció que el escabullidizo llegó hasta él para solicitar clemencia. Seguramente también se contactó con el Presidente, su amigo, para entre todos sopesar los costos políticos de este escándalo que ocurre en la antesala de la sucesión presidencial.

La decisión hoy ya es conocida por todos. En vez de optar por el frío pero confiable camino de la legalidad, prefirieron una vez más las elucubraciones políticas con miras a la conservación del poder. Rocha habría aceptado cuidar del inculpado por encargo de Palacio Nacional.

El pretexto sería la gobernabilidad, aunque la realidad refleja el poder impuesto por encima de la voluntad ciudadana. De repente Rocha se halla en una posición en la que no solo controla la asamblea legislativa, sino que además hace suyos los dos ayuntamientos más importantes en Sinaloa.

Por eso, al día de hoy, es difícil asegurar que la democracia, la que emana de la voluntad popular, prevalece en el estado. Lamentablemente estas anomalías se vuelven la regla. La renuncia de “El Químico” Benítez no puede ser tomada todavía como un triunfo ciudadano. Algunos ya lo celebran. La misma estructura de poder político empresarial permanece intacta.