En la UAS, la renovación del Consejo Universitario es una farsa

El proceso para renovar el Consejo Universitario de la UAS es una simulación. Una muestra más de la caducidad del actual modelo de representación.

El Consejo Universitario es la instancia de gobierno más importante. Es el órgano colegiado donde se toman las decisiones trascendentales. Entre sus facultades está el nombramiento de autoridades unipersonales, como el rector y los directores de escuela. Otras de sus atribuciones es aprobar o modificar reglamentos, crear nuevos programas de estudio y evaluar los estados financieros de la Universidad.

Idealmente, el Consejo Universitario debería ser una asamblea plural, de convergencia y diálogo entre las múltiples expresiones. De funcionar correctamente, trabajaría como un órgano de vigilancia sobre el desempeño del Rector y su administración. Sin embargo, desde hace tiempo está capturado por un solo grupo. Se sabe que al menos el 70 por ciento de los consejeros están afiliados al Partido Sinaloense.

Al PAS también están vinculados los últimos rectores, desde Víctor Corrales Burgueño, hasta Jesús Madueña, pasando por Juan Eulogio Guerra, y la mayoría de los directivos que han sido nombrados en años recientes. Bajo esa lógica corporativa es que el Consejo Universitario perdió su carácter de contrapeso, y se convirtió en el aval incondicional del Rector en turno, que a su vez es el representante de intereses que sobrepasan los académicos.

En el Consejo Universitario no hay ninguna discusión de ningún tema. Entre sus funciones cabría llamar a cuentas a los involucrados en la malversación de recursos, luego de darse a conocer las evidencias que los incriminan. Pero no solo no han cumplido con esa obligación, sino que además han tomado partido para proteger a los acusados.

Recientemente avalaron la designación de Robespierre Lizárraga a pesar de que no cumple los requisitos legales para ser Rector. Incluso hicieron un pronunciamiento unánime desconociendo las atribuciones del Poder Judicial para remover a Madueña, por utilizar su influencia para entorpecer las investigaciones, pagar abogados con recursos de la universidad, y movilizar a la comunidad docente y estudiantil en su defensa.

Por su actuación se nota que no les interesa el bien de la Universidad. Todo lo aprueban sin deliberación. No discuten los alcances de la autonomía ni las obligaciones de transparencia. No hay ni un solo consejero que teniendo enfrente al Rector, le pregunte por qué se hacen compras a sobreprecio, o por qué se cancelan facturas a último momento. Sobre ellos subyace una obediencia vertical, vergonzosa.

Habría que entender que el Consejo Universitario es actualmente una masa en la que no se distinguen voluntades individuales que dialogan entre sí para llegar a consensos. Es un instrumento que simula ser un órgano deliberativo, para encubrir la rapacidad, el enriquecimiento ilícito y la ambición de poder.

Esta semana habrá elecciones para su renovación. Se elegirán consejeros para cubrir el periodo 2023-2025. El plazo para registrar planilla venció el martes, y el viernes se llevarán a cabo las votaciones.

La jornada transcurrirá sin contratiempos porque no hay competencia. Sospechosamente solo se presentan planillas únicas. Y es que en las escuelas o se oculta la convocatoria, o se entorpece el registro de aspirantes independientes, o simplemente los maestros y estudiantes ya normalizaron la situación y hasta intercambian favores a cambio del silencio, la apatía, o la subordinación.

Los mecanismos para elegir a los consejeros universitarios están amañados y diseñados para que sólo lleguen personas leales a la militancia. Eso vuelve imposible la discusión genuina de una reforma a la Ley Orgánica al interior de ese recinto. Nunca aprobarían algo que les reste poder. Es una situación extraordinaria. La Universidad está secuestrada. Los captores se escudan en la autonomía.