En defensa del Instituto de Protección. Hallar acuerdos, no realzar diferencias
Síntoma inequívoco de la pluralidad que lo integra, que lo legitima, la semana pasada sucedieron polémicas por la aprobación del reglamento interior y el presupuesto que propondrá para ejercer en 2023 el Instituto de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa. Alegrémonos: el órgano autónomo ha nacido vigoroso, autocrítico, y en todo caso la preocupación estaría en que las primeras señales de vida fueran la unanimidad sospechosa y la afonía de sus consejeros.
Aprobada la ley respectiva en mayo e integrados la Dirección y el Consejo Consultivo apenas en julio, quedan bastante cosas por echar a andar con la presión encima de agresiones a activistas y periodistas que amedrentan más a ambos gremios por el hecho de traer consigo el inmutable agregado de la impunidad. Sin recibir aún recursos públicos para funcionar en lo que resta de 2022 ni tener la pericia para armar estructuras operativas o presupuestos anuales, los traspiés son también posibilidad de fortaleza.
Sin embargo, la obligación primaria de la Directora Jhenny Judith Bernal Arellano, y de los consejeros Griselda Inés Triana López, Rosina Ávila Palma, María Isabel Cruz Bernal, Alberto Morones Rivas, Mario Martini Rivera y Aldo Ruiz González consiste en construir los consensos y las propuestas que convenzan a la sociedad sinaloense de que se aplican criterios avanzados en eficiencia, transparencia y selección de perfiles que serán incorporados a las diferentes áreas del Instituto.
El problema es que no hay tiempo para perder. Tratándose de la vida, la integridad y los derechos de periodistas y defensores de derechos humanos, y de la clasificación de alto riesgo de la labor de reporteros y activistas, importa construir andamiajes firmes sin la mínima posibilidad de que alguna de las armazones quede frágil. Que no nos asuste la diferencia de opiniones si ésta pretende reforzar dichos peldaños.
El viernes el Comité de Seguimiento, que antes fue el grupo impulsor de la Ley de Protección, así como el sábado la Asociación de Periodistas y Comunicadores Siete de Junio, refrendaron el ánimo propositivo para que Sinaloa tenga el mejor Instituto que ampare a periodistas y ombudsman. Y es que, en la dificultad propia de arribar a cualquier acuerdo, las organizaciones civiles ayudan a graduar las posturas y encontrar las coincidencias.
Entre las propuestas destacan buscar el consenso entre las y los miembros del Consejo Consultivo y la Dirección General permitiendo el diálogo y la construcción de acuerdos y no las decisiones verticales; replantear el presupuesto para destinar una mayor proporción de recursos a las medidas de protección y atención a activistas de derechos humanos y preservar la capacidad de respuesta a las amenazas y peligros, lo cual puede marcar la diferencia para salvar vidas.
En concreto se presentan a consideración del Instituto seis puntos: compactar la estructura operativa y suprimir cargos secundarios no indispensables en esta primera fase del Instituto tales como sub coordinaciones, secretarías particulares, choferes y recepcionista, entre otros; hacer alianzas con organismos de la sociedad civil que se especializan en capacitar a estos dos gremios para tener un mejor trabajo, así como para prevenir y atender agresiones; crear coordinaciones o enlaces con las zonas norte y sur del estado, para no generar un organismo centralizado; implementar prácticas de transparencia y rendición de cuentas como la transmisión en vivo de las sesiones de Consejo, omitiendo esto sólo cuando haya información sensible que por ley se tenga que proteger para no poner en riesgo a las víctimas; transparentar criterios para la selección de los perfiles en las diferentes áreas operativas y administrativas del Instituto, y plantear al Congreso del Estado que agilice la integración del Órgano Interno de Control.
Otra acotación pertinente es que no está en el centro del análisis cuánto presupuesto le deberá otorgar el Gobierno del Estado al Instituto para que funcione bien (el Gobernador Rubén Rocha Moya ha expresado el interés de apoyar para que sea de los mejores del País) o cuánto ganará la Directora cuya percepción neta ronda los 60 mil pesos, que sí está en la media nacional de las percepciones de quienes tienen iguales responsabilidades en otros estados. La preocupación consiste en que gran parte del recurso público se destine a la estructura administrativa y muy poco esté disponible a la hora que los sujetos amparados necesiten de toda la capacidad y voluntad para ser protegidos.
Entonces hay que esperar a que las propuestas se coloquen por encima de las discrepancias mediante un mayor y mejor diálogo interno. En ese tránsito hacia la ecuanimidad el Instituto de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas merece el voto de confianza y la fe en que al final dominará el espíritu de la Ley para que en Sinaloa las acciones de defender los derechos humanos y libertad de expresión sean de alta prioridad y de máxima participación del gobierno y ciudadanos.
Bienvenidos los argumentos,
Y el yo planteo, yo discuto,
Al ser éstos los fundamentos,
De la libertad del Instituto.
Un primer acuerdo logrado entre el Instituto de Protección y la asamblea de la Siete de Junio consiste en impulsar una reunión con el Secretario de Seguridad Pública estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, y los periodistas que hacen coberturas de nota roja para crear condiciones y actitudes en donde policías y reporteros realicen sus labores sin que se vean como obstaculizadores o enemigos los unos a los otros. Cuidado con este peligro dispar porque los que cuidan el orden apuntan con sus rifles y los que defienden el derecho a la información solamente blanden sus cámaras y grabadoras.
