Por: Renata Demichelis y Luis Javier Moreno
La desaparición de personas deja huellas, vacíos, incertidumbre y miedo en las familias. El sufrimiento de las madres, padres, hijas, hijos, hermanos y hermanas buscadoras encuentra una muralla en la indolencia institucional que niega la magnitud del fenómeno: la ausencia de más de 113 mil personas desaparecidas. La ansiedad, el dolor y la angustia que viven quienes buscan a sus familiares por todo el país contrasta con la demagogia empleada por los gobiernos estatales para convencernos de que esta crisis es su prioridad. Sin embargo, la cantidad de recursos que se invierten para atender un problema, sobre todo uno tan demoledor como la desaparición de personas, revelan una sola cosa: esta crisis no está siendo abordada con la seriedad ni con el presupuesto suficiente.
La afirmación es tan contundente como los datos que la respaldan. En 2022, las Comisiones Locales de Búsqueda sólo ejercieron $612.9 millones de pesos, esto es únicamente el 0.02 por ciento de los $2.5 billones de pesos gastados por las 32 entidades del país en ese año. Esto representaría que todos los estados del país juntos solo invirtieron 16 pesos al día por cada víctima de desaparición, según los datos al cierre del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) el año pasado. Este es un hallazgo que presentamos en nuestra investigación “En búsqueda de presupuesto: la inversión de las Comisiones Locales de Búsqueda en 2022”, publicada hace unos días, con el objetivo de visibilizar y sensibilizar sobre los recursos destinados a la búsqueda de personas en México.
Un problema de este tamaño, bien merece el esfuerzo de comparar el presupuesto que le invierten las autoridades estatales y, poniendo en perspectiva los hallazgos, podemos decir que los resultados no son nada alentadores: simplemente el estado de Coahuila invirtió $78.8 millones más en medios de comunicación que todos los estados este tema; Tamaulipas gastó $7.1 millones más en traslados y viáticos que el presupuesto de todas las comisiones locales de búsqueda; dependencias como el Congreso de Quintana Roo y la Secretaría de Gobierno de Guanajuato invirtieron casi 3 veces los recursos que pusieron todos los estados para la búsqueda de personas.
También encontramos que gran parte de ese presupuesto destinado a las Comisiones Locales es realmente transferido y etiquetado desde la federación, lo que implica que es mucho menor el dinero que desde los recursos propiamente estatales se está asignado a la búsqueda. Por ejemplo, en el caso de Baja California se pudo identificar que el 74.9 por ciento de los $24.9 millones de pesos ejercidos por la Comisión Estatal de Búsqueda en 2022 provenían de transferencias de la federación. En Veracruz, de los $27.5 millones invertidos, el 74.2 por ciento fueron recursos federales. En Michoacán sucedió lo mismo, el 83.8 por ciento de los $21 millones provinieron del fondo federal. Esto compromete, en gran medida, las capacidades de las CLB de contar con personal suficiente y especializado para la búsqueda, el análisis de contexto, el procesamiento de información, así como que sus acciones sean sostenibles en el tiempo.
La baja inversión de los presupuestos estatales en estos temas se observa en Comisiones Locales de Búsqueda que operan en la mayoría de los casos sin las capacidades institucionales para atender el problema. Se refleja también en la ausencia de competencias para desarrollar políticas de búsqueda coordinadas y eficaces, con metas claras y adecuados procesos de rendición de cuentas en favor de las familias de las víctimas. Muchas de las CLB están enfrentando uno de los problemas más graves y complicados del país en condiciones claras de precariedad presupuestal e institucional.
Aunque la CLB que más presupuesto invirtió en 2022 fue Jalisco, con $111 millones de pesos, y es la entidad con más personas desaparecidas, en general realmente no se observa ninguna relación entre el número de personas desaparecidas y la cantidad de recursos asignados. Esto puede ser un indicador de que los recursos se asignan sin bases que lo sustenten, como podrían ser diagnósticos de necesidades o planes estatales de búsqueda. Además, los presupuestos son completamente dispares entre comisiones; por ejemplo, Sinaloa fue el segundo estado que más presupuesto invirtió pero fue casi tres veces menor al de Jalisco, con menos de $37 millones de pesos. Por su parte, Tamaulipas, el segundo estado con mayor número de personas desaparecidas, solo destinó $1 millón 358 mil pesos, lo que equivale al 1.22 por ciento del presupuesto de Jalisco.
En el caso particular de Veracruz identificamos que la ley en materia de desaparición obliga a etiquetar un presupuesto mínimo a la Comisión Estatal de Búsqueda, específicamente el 0.025 por ciento de lo estipulado en el presupuesto de egresos. Aunque esta puede parecer una buena práctica, es claramente insuficiente y además fue mal implementada, pues se asignaron $27.5 millones, cuando por lo menos, se debieron asignar $33.9 millones. Este recurso sigue siendo escaso considerando que fue el cuarto estado con mayor presupuesto en 2022 y también la cuarta entidad con mayor número de personas desaparecidas de acuerdo con el RNPDNO.
Por su parte, recientemente el Congreso del estado de Guanajuato aprobó una serie de reformas a la ley local en materia de búsqueda de personas que incluyó agregar un párrafo al artículo 35 que señala que “los recursos asignados a la Comisión de Búsqueda no podrán ser menores a los del ejercicio fiscal anterior...”. En el contexto de un problema que crece de manera exponencial como la desaparición de personas esta puede parecer una propuesta de sentido común, pero no deja de ser importante que se ponga de manera clara y explícita en la normatividad, con la finalidad de evitar los grandes recortes que han enfrentado algunas de estas dependencias de un año a otro.
La mayoría de los Congresos Estatales se encuentran en estos momentos discutiendo las leyes de ingresos para próximamente aprobar los presupuestos de egresos 2024. Por ello, hace unos días, más de 40 organizaciones y colectivos nos unimos en un pronunciamiento conjunto para hacer un llamado urgente a asumir su responsabilidad en este tema y garantizar recursos suficientes para las dependencias encargadas de la búsqueda en el país.
El famoso pretexto de “no hay recursos” es cínico e insuficiente para el tamaño de esta crisis, opciones para aumentar el financiamiento a estas áreas hay muchas y en “En Búsqueda de Presupuesto” esbozamos algunas: sobretasa mínima al impuesto sobre nómina, reasignación de subejercicios en ayudas sociales, contribuciones especiales en el cobro de algunos derechos o fijar un porcentaje mínimo para el funcionamiento de estas comisiones.
Para encontrar a todas las personas se necesita más presupuesto y no más pretextos.
* Renata Demichelis (@ranademi) es internacionalista y maestra en derechos humanos. Actualmente es Directora para México de @ElementaDDHH. Luis Javier Moreno (@luisjamb) es politólogo y máster en análisis político. Codirector de Política Colectiva.
