Desde que se realizaron los foros de discusión sobre la reforma al Poder Judicial se señaló la necesidad de un presupuesto bien planeado y estructurado. Este fue uno de los temas fundamentales de dichas discusiones por dos razones: incertidumbre sobre cuánto costaría una elección de este tipo, y necesidad de garantizar el presupuesto suficiente para asegurar un proceso exitoso que garantice la mayor participación posible.
En cuanto al primer aspecto, aunque ninguno de los actores involucrados consultó a la autoridad electoral para estimar el presupuesto que se necesitaría, en diferentes momentos se señaló que el costo de una elección presidencial podría ser una buena referencia; las presidenciales de 2024 tuvieron un costo de casi 9 mil millones de pesos. En cuanto al segundo punto, se sostuvo que debía considerarse que al ser una elección inédita en nuestro país y novedosa a nivel mundial era necesario tomar en cuenta numerosos aspectos, tales como los materiales y documentación electoral, la capacitación de funcionarios de casilla y la operación propia de la autoridad electoral, sin perder de vista que se trata de una elección de carácter nacional.
Ante un panorama de total incertidumbre, en el que no se sabe exactamente cómo van a funcionar múltiples aspectos de la elección, el INE hizo un cálculo del costo para organizar la elección judicial nacional de 13 mil 205 millones de pesos para poder elegir 881 cargos. Este presupuesto cubriría el total de las actividades de la elección nacional.
De cara al 1º de junio de 2025 el INE deberá realizar diversas actividades como insacular y capacitar a quienes recibirán la votación; instalar casillas en lugares propicios que faciliten la participación ciudadana; realizar una campaña intensiva de actualización del padrón electoral y de la emisión de la Credencial para Votar; contratar personal eventual para la fiscalización de los ingresos y egresos de los aspirantes a un cargo -aún y cuando no se ha definido este aspecto de la campaña-; difundir las trayectorias de las candidaturas, lo que requiere de más dinero al ser una actividad que no recae normalmente en el instituto. El INE está contemplando un ejercicio de estimación de tendencias de la elección de ministras y ministros de la SCJN, es decir, un ejercicio similar al conteo rápido, en concordancia con la calidad de información que acostumbra publicarse el día de la jornada.
El presupuesto del INE se basa en dos aspectos principales: i) la organización electoral y ii) la capacitación y educación cívica, mismos que suman 11 millones 352 mil pesos, equivalente al 86 por ciento del total. La mayor parte de ese recurso se destinará, de acuerdo con el anteproyecto de presupuesto del INE, al pago de servicios personales (nómina) del personal eventual que participará directamente en las labores en campo (integrantes de los Consejos Distritales, Supervisoras y Supervisores Electorales, y Capacitadoras y Capacitadores Electorales) y en los servicios generales (impresión de boletas y adquisición de canceles electorales, urnas, papelería e insumos para las casillas, logística, bodegas y distribución y resguardo de materiales).
En respuesta al anteproyecto, el gobierno y la mayoría legislativa han señalado que el presupuesto planteado por el INE es excesivo e imposible de garantizar, y aunque se ha buscado que parte de los recursos provengan de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial, estos no son suficientes para cubrir el monto necesario para llevar a cabo una elección como la que se plantea. En diversas notas periodísticas, se ha afirmado que la cantidad máxima a otorgar rondaría los 8 mil millones de pesos, dado que la prioridad del presupuesto federal se centra en megaproyectos, universidades públicas, cultura, agua, seguridad, defensa y salud.
Esta situación pone en evidencia que la prioridad de quienes impulsaron la elección de jueces no parece estar en garantizar un proceso íntegro y fiel de la voluntad ciudadana. El INE por su lado ha estado dispuesto a revisar y ajustar su presupuesto pero los ajustes se enfilan más a convertirse en recortes y deficiencias.
Como se señaló desde hace varios meses, una reforma de esta envergadura exigía tanto a impulsores como detractores un diagnóstico previo, un análisis de sus implicaciones y un estudio sobre sus costos de implementación. Ninguno de estos requisitos se cumplió.
En este contexto, parece que hay un riesgo latente de que al no dotar de recursos suficientes a la autoridad electoral, se atente no solo contra la organización misma de la elección, sino contra la libertad y universalidad del voto, ya que la ciudadanía vería mermada la calidad, transparencia y, por ende, la legitimidad de la elección. Vimos que algo similar sucedió con la Revocación de Mandato, cuyos resultados además trajeron fuertes críticas al INE por situaciones que estaban fuera de sus manos. La autoridad electoral y toda su estructura enfrenta un reto mayúsculo y condiciones adversas, lo menos que podemos hacer es exigir que se le entregue el dinero suficiente para que las elecciones judiciales puedan realizarse en las mejores condiciones posibles.
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