En 2025 iremos nuevamente a las urnas, esta vez en un proceso novedoso en nuestro País e inédito en el mundo: elegiremos más de mil 400 cargos judiciales, jueces, magistrados y ministros. Ningún país del mundo ha tenido unas elecciones de este tipo; el caso más similar en comparativa es el de Bolivia.
Aunque la organización de elecciones es una situación superada en el País, no existe un antecedente de elecciones como las que tendremos en 2025. En las últimas semanas se especuló que en los Estados Unidos o en Suiza se elegían algunos jueces, pero lo cierto es que el perfil de estos es más un híbrido con funciones administrativas menores, y no de un tribunal constitucional, por ejemplo.
Bolivia es sin duda el caso más parecido, pues en 2009 establecieron a nivel constitucional que cuatro órganos del Poder Judicial se eligieran por voto popular; estos son el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
A partir de 2011, la Asamblea Legislativa Plurinacional, órgano legislativo de dicho país, preseleccionó a las personas postulantes por cada departamento, dejando en manos de la autoridad electoral la organización del proceso. La única restricción constitucional era que las y los postulantes no podían pertenecer a organizaciones políticas; sin embargo, la intervención del Legislativo, al menos, contradecía esa situación. Otra restricción legal consistía en no haber ocupado cargos directivos en empresas extranjeras transnacionales que tengan relación comercial con el Estado. La evaluación de méritos de las y los aspirantes recayó en la propia Asamblea, ésta evaluó la formación académica, la producción intelectual y la experiencia de aspirantes.
Dentro del proceso boliviano tampoco se encontraban previstas las campañas electorales, siendo la autoridad administrativa electoral la responsable de difundir los méritos de las candidaturas, habilitando la contratación de tiempos en radio y televisión, y distribuyéndolos de manera igualitaria. Si bien se entiende que con la ausencia de las campañas se trataba de no politizar un evento que es de origen político, lo que produjo fue, en palabras de un político boliviano, postulantes mudos, medios de comunicación silenciados y ciudadanía desinformada.
Así, el 16 de octubre de 2011 se realizó la primera jornada electoral para elegir, entre 348 aspirantes, los 56 cargos judiciales en disputa. Entre las candidaturas no se encontraron los mejores perfiles jurídicos, quienes habían impugnado el proceso. Aparecieron en la boleta perfiles sin experiencia, sin producción intelectual, simulaciones de candidaturas indígenas, pero seleccionados por comisiones de la misma Asamblea sin un criterio único en cuestiones como la experiencia necesaria o sin tomar en cuenta su preparación profesional, valiendo más las vivencias que las cualidades académicas.
La ciudadanía, quien no pareció particularmente involucrada en el ejercicio, decidió no participar: de poco más de 5 millones de empadronados, 1 millón no acudió a las urnas en un país donde el voto es obligatorio. No se vio el interés esperado ni en el proceso ni en las candidaturas ni en el resultado. En su momento se comentó que hubo un cierto “grado de confusión” por el alto número de candidaturas postuladas. Contando votos nulos y en blanco (60 por ciento) los votos válidos alcanzaron, apenas, un 40 por ciento.
Tras este primer ejercicio, ocurrió un segundo en 2017, sin mayor éxito, con un 20 por ciento de abstencionismo. No obstante, el éxito de ambos procesos fue el de legitimar un Poder Judicial controlado por el Gobierno. En un análisis realizado por organizaciones de la sociedad civil boliviana, se indicó que a pesar de que aumentaron los juzgados y el presupuesto, no aumentó la capacidad de personas juzgadoras para resolver más rápido y de manera más efectiva los asuntos sometidos a su jurisdicción; en cambio, sí se incrementaron los procedimientos burocráticos y, con ello, el manejo político en la designación de jueces, juezas y personal administrativo.
En 2023 debieron llevarse a cabo nuevamente elecciones judiciales, sin embargo, estas fueron pospuestas para 2024. El balance después de 15 años de la reforma al Poder Judicial boliviano es que el mismo carece de independencia, y es altamente cuestionado pues presenta un gran rezago, ya que la justicia se ha vuelto lenta e ineficaz.
Aunque poco sabemos de las elecciones judiciales, la experiencia comparada indica que son un reto tanto en la organización, como en el funcionamiento y operación cotidiana de la justicia.
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