Elecciones judiciales 2025: ¿el retroceso de los derechos ciudadanos?
En el horizonte de la democracia mexicana se aproxima una nueva amenaza que, bajo la apariencia de una elección democrática, podría marcar uno de los episodios más restrictivos para los derechos ciudadanos en la historia reciente. Las elecciones judiciales de 2025 no solo representan un desafío técnico para el Instituto Nacional Electoral (INE), sino que también se perfilan como un retroceso alarmante en la progresividad de los derechos políticos. Este panorama revela un debilitamiento en tres frentes críticos: la exclusión de los partidos políticos del proceso electoral, la eliminación del voto en el extranjero y la disminución de casillas para sufragar.
El nuevo diseño de las elecciones judiciales excluye a los representantes de los partidos políticos de cualquier actividad relacionada con el proceso electoral. Esta decisión, aunque parezca responder al ideal de un sistema “imparcial”, ignora la función fundamental que los partidos desempeñan como guardianes de la legalidad electoral. En un país donde los fraudes y las irregularidades han sido parte del pasado, la presencia de representantes partidistas en las casillas no solo asegura transparencia, sino que también fomenta un equilibrio de poderes.
La consulta popular de 2021 ya ofreció una advertencia inquietante: sin la supervisión de los partidos, las denuncias de fraude en las mesas receptoras se multiplicaron. El sistema electoral mexicano se sostiene en la confianza mutua entre los actores políticos, y al eliminar esta vigilancia, se corre el riesgo de dejar el proceso a merced de la opacidad.
El 13 de diciembre de 2024 será recordado como el día en que el INE decidió borrar dos décadas de progreso en el ejercicio del voto para los mexicanos en el extranjero. Esta decisión, que excluye a millones de ciudadanos residentes fuera del país, es un golpe directo al principio de progresividad de los derechos humanos.
Desde 1996, México había avanzado significativamente en la inclusión democrática de sus ciudadanos en el extranjero. El voto postal, el voto electrónico y la credencialización desde sedes consulares eran logros que no solo reflejaban un compromiso con la equidad, sino que también fortalecían la conexión entre la diáspora mexicana y su país de origen. Ahora, bajo el pretexto de restricciones presupuestales, este derecho es eliminado, dejando a millones de mexicanos sin una voz en las decisiones que afectan su nación.
La democracia mexicana ha sido reconocida por su logística electoral, diseñada para acercar las urnas a las y los ciudadanos. Sin embargo, el severo recorte presupuestal aprobado por la Cámara de Diputados amenaza con reducir drásticamente el número de casillas instaladas. En 2024, más de 170 mil casillas permitieron a más de 98 millones de electores tener la posibilidad de ejercer su voto; en la consulta popular de 2021, solo se instalaron 57 mil mesas receptoras, y la participación fue de un raquítico 7%.
La reducción de casillas no es un simple ajuste operativo, sino un obstáculo tangible para el ejercicio del sufragio. En un país con desigualdad geográfica y económica, la cercanía de la casilla no es un lujo, sino una necesidad para garantizar el principio de igualdad. Menos casillas significan más filas, mayores costos de traslado y, en última instancia, menos participación.
un retroceso deliberado?
El pretexto del ajuste presupuestal no puede justificar decisiones que vulneren derechos fundamentales. El INE tiene la responsabilidad de garantizar elecciones que no solo sean legítimas, sino inclusivas. La posibilidad de que el instituto acepte estas restricciones sin presentar una controversia constitucional sería un acto de complacencia ante el poder ejecutivo, sacrificando los derechos ciudadanos en el altar de la austeridad.
El derecho al sufragio no es un privilegio que puede negociarse o limitarse por conveniencia política. La democracia, en su esencia, es inclusiva y progresiva; cada retroceso en sus garantías representa un ataque directo a su integridad.
de la resiliencia
México enfrenta un momento crítico en su historia democrática. Las elecciones judiciales de 2025 tienen el potencial de convertirse en un precedente peligroso, en el que los derechos ciudadanos sean restringidos bajo la sombra de reformas mal diseñadas y ajustes presupuestales arbitrarios.
El INE, como garante de la voluntad popular, debe asumir su papel con valentía y recurrir a los mecanismos legales necesarios para defender la integridad del proceso electoral. La ciudadanía, por su parte, debe permanecer vigilante y exigir que sus derechos no sean objeto de negociación.
La democracia no es un estado permanente; es un proceso que requiere esfuerzo constante y compromiso colectivo. Hoy más que nunca, México debe recordar que cada derecho perdido es una batalla que deberá librarse nuevamente, y que la libertad de elegir no puede darse por sentada.
En este contexto, el país debe mirar hacia adelante con determinación, resistiendo cualquier intento de desmantelar los avances democráticos logrados con tanto esfuerzo. La historia juzgará no solo a quienes intentaron limitar los derechos ciudadanos, sino también a quienes, por inacción, permitieron que ocurriera.
@RobertHeycherMx
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