Si queremos alguna prueba del deterioro democrático del País, basta examinar el proceso que culminó ayer. Escribo antes de que se conozcan los resultados de la elección y no sé lo que el lector de estas líneas sabe desde anoche y que aparece en los titulares de hoy. Pero, independientemente de los resultados, hay mucho que decir de un proceso que ilustra claramente el retroceso político que hemos vivido en estos años.
Esta elección ha sido la primera votación después del terremoto del 18 que terminó con el sistema tradicional de partidos. Compitieron coaliciones que no tienen como columnas, estructuras propiamente partidistas. El oficialismo se reúne alrededor de un caudillo en una formación personalista como la que no conocíamos desde hace décadas. No es el regreso al PRI, sino el regreso a la era previa al PRI. Más que un nuevo partido oficial, un culto. La Oposición, que nunca hizo autocrítica auténtica después de la paliza del 18, logró unirse para tener candidatos comunes, pero está lejos de ser un frente político sólido. En esta campaña ha sido una alianza de zombis. Tras la elección, no es claro el destino de esa asociación y es improbable que caminen en la misma dirección. El segundo cuarto del Siglo 21 pesca a México sin un sano sistema de partidos.
La autoridad electoral se convirtió en espectadora de ilegalidades. La campaña inició antes de tiempo, cuando al Presidente le dio la gana dar el banderazo de salida. Ese fue el bautizo de la elección: una abierta violación de la ley que contó con la complicidad del Instituto y del Tribunal. Nada hicieron para impedir esa transgresión y nada hicieron para castigarla. Más que un simple mirón, el Instituto se volvió un consejero de ilegalidades. Cuando el Presidente se burló de las normas electorales al dar por iniciada la campaña y la Oposición le siguió la pista, el Instituto tuvo a bien difundir un manual que contenía el instructivo para violar apropiadamente la ley. Si quieres violar la ley, simula, recomendó el INE. No llames precampaña a tu precampaña y nunca digas que tus candidatos son candidatos. Así transcurrió todo el proceso: violaciones cotidianas y visibles a la ley electoral que encontraban refrendo en la inacción de las autoridades. El poder electoral abdicó de sus responsabilidades esenciales. Así termina en este frente el gobierno de López Obrador: instituciones débiles y aún incompletas que son incapaces de encauzar legalidad.
Pero el proceso de este año no solamente ha estado marcado por la trampa sin castigo, sino también por la violencia. 2024 deja claro que el mapa del País debe registrar la sustracción de amplias franjas del territorio mexicano de la posibilidad democrática. Hay zonas donde la competencia electoral es simplemente inviable. Cuando las balas deciden quién puede postularse a un cargo de elección popular, cuando los criminales son capaces de eliminar a quienes no les ofrecen garantías, cuando los representantes actúan como delegados del crimen, cuando la violencia impone su dictadura de miedo, la libertad de sufragio muere. Aunque el Presidente festeje que éstas han sido las elecciones más limpias y pacíficas de nuestra historia, aunque podría tener la desfachatez de agradecerle a los criminales por su buena conducta, hemos vivido elecciones sangrientas. La política de seguridad del gobierno de López Obrador ha tenido un impacto directo en la vida política del País. La decisión de bajar los brazos para no confrontar a los violentos y la apuesta a la consolidación de bloques territoriales del crimen ha tenido como efecto el secuestro de la vida electoral. En esas condiciones recibirá el País la futura Presidenta de México: municipios e incluso estados, que son ya dominio del crimen organizado.
Partidos deshechos y elecciones sin ley. Autoridades incompletas y apocadas. Violencia que anula la libertad de los ciudadanos. El proceso electoral del 2024 es un resumen del profundo deterioro democrático que hemos vivido en estos años. Advertencia a quien ocupe la Presidencia y controle la mayoría en el Congreso: persistir en la ruta de la demolición institucional sería catastrófico.
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Agencia Reforma
@jshm00
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