El pasado sábado 29, el Consejo General del INE aprobó por mayoría de votos un acuerdo que reitera lo que la Constitución y la ley establecen respecto a la facultad exclusiva que dichos ordenamientos le confieren al INE para la difusión del evento electivo.
La única instancia de la administración pública que puede y debe hacer difusión de las elecciones es el INE, nadie más puede usar recursos públicos para promover los comicios.
Ello siempre ha sido así, y la intención clara del Legislador no era otra sino preservar la equidad y garantizar una difusión objetiva e imparcial. No debiera haber sobresaltos con ello.
Sin embargo, tanto la Presidenta como la mayoría de los diputados ya anunciaron que interpondrán recursos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quejándose del acuerdo tomado por el INE.
No cabe duda de que la elección del Poder Judicial nació contrahecha.
Apenas inician las campañas y ya se han atropellado un sinnúmero de principios que en el pasado daban certeza al desarrollo de los comicios: la geografía electoral no se corresponde con el sentido común, el valor del voto ciudadano no es homogéneo, las boletas son demasiado complejas, los comités que integraron las listas de aspirantes fueron todo menos transparentes, es prácticamente imposible aspirar a un voto informado, los ciudadanos ahora sólo reciben la votación, pero no participan del conteo, las garantías se relajan en exceso, el acceso a la justicia de los aspirantes excluidos ha sido tortuoso y las campañas, con todas las restricciones de ley, son un ejercicio poco atractivo y muy distante de los potenciales electores.
Nada de esto debiera sorprender, corresponde a una legislación desaseada, elaborada por sujetos con nula familiaridad y conocimiento de lo que es un proceso electoral, plagada de ocurrencias y sin sentidos. Lo que llama la atención hoy es que los autores de la ley sean justamente los que impugnan la puesta en práctica de esta.
Ello parece confirmar que en la confección de la ley fue más importante la venganza o la revancha que el cuidado de la norma, que se privilegiaron objetivos inmediatos sin sopesar los efectos que generarían en el conjunto del Poder Judicial. Se dice que somos el país más democrático porque elegimos a todos nuestros poderes, pero no se cae en cuenta que la forma en que se desarrolla este proceso está cada vez más alejado de los estándares democráticos que de manera colectiva fuimos construyendo.
El gran riesgo es que no sepamos tomar las lecciones del retroceso y pretendamos acostumbrarnos a una democracia ya no de baja calidad, sino claramente en vías de extinción.
No creo que la elección judicial nos coloque como ejemplo a seguir, me parece más bien que puede ser un estudio de caso de todo lo que no hay que hacer en un proceso electivo. Al tiempo.
