"El sesgo político de la procuración de justicia"
SinEmbargo.MX
El 11 de agosto de 2020, Emilio Lozoya Austin, quien tenía para entonces poco más de un mes de haber arribado a México y ser puesto en libertad, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República. De acuerdo con el Fiscal Alejandro Gertz Manero, el ex director de Pemex acusaba directamente al ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y al ex Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de haber dispuesto de unos 4.4 millones de dólares de los sobornos de la compañía brasileña Odebrecht para la campaña presidencial de 2012. Además, que una vez en el poder, dispusieron de 5.3 millones de dólares, en la compra de votos de senadores y diputados para la aprobación de la reforma energética.
Hace unos días, el domingo 21 de noviembre, el abogado de Rosario Robles Berlanga, ex Secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agraria, informó a la prensa que su clienta, al igual que Lozoya, se acogería a la figura de testigo colaborador y que presentaría evidencia para demostrar que personajes con superioridad jerárquica a ella, habían orquestado el desvío de recursos del caso conocido como la Estafa Maestra, dinero que ilícitamente se habría destinado a las campañas del PRI en las elecciones intermedias federales de 2015, la estatal del Estado de México en 2017, y la presidencial en 2018 cuando el candidato de ese partido fue José Antonio Meade Kuribreña.
Y aunque en su calidad de Secretaria de Estado, el único superior jerárquico que tenía Robles era el Presidente Enrique Peña Nieto, el abogado de Robles, Sergio Arturo Ramírez, lo declaró tajante ante la prensa: “La maestra ya lo manifiesta directamente hoy, va a darse toda la información que requiera el Estado Mexicano para llegar a cualquier cuestión relacionada a irregularidades o movimiento de cualquier tipo de recursos o instrucciones que tuvieron que tener con (Luis) Videgaray”. Precisó Ramírez: “al ex Presidente Peña no se le va a buscar de ninguna manera porque no hay ningún tipo de vínculo que llegue por parte de la maestra a él, todo es Luis Videgaray”.
Ante el impacto de las declaraciones de sus abogados, Rosario Robles utilizó su cuenta de Twitter para confirmar parte del contenido revelado por sus representantes legales, y minimizar la mención de los ex funcionarios priístas. La ex Secretaria publicó: “He decidido acogerme a la figura de testigo colaborador. Por el momento es lo único que puedo informar. Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo. He instruido a mis abogados atenerse al procedimiento judicial. Lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad”.
Estamos una vez más ante el caso de la denunciada y no investigada corrupción en la Presidencia de Enrique Peña Nieto, cuyos protagonistas del sexenio en su mayoría, parecen estar cubiertos con el manto de la impunidad en la actual administración federal. No es ajeno que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, señale a los ex presidentes, particularmente a Felipe Calderón Hinojosa, pero omitiendo el nombre de Peña Nieto en su recuento de actos de corrupción de la “época neoliberal”.
Recientemente, su gobierno realizó acciones diplomáticas y legales de la Fiscalía General de la República, con sus pares de los Estados Unidos, para que el General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa durante la administración de Peña Nieto, fuese puesto en libertad, luego que las autoridades estadounidenses lo mantenían preso con investigaciones y señalamientos de narcotráfico, asociación delictuosa y lavado de dinero.
La promesa de investigar al General Cienfuegos en suelo mexicano, se esfumó cuando llegó repatriado al País y fue puesto en libertad. Se conocía desde su aprehensión en octubre en Los Ángeles, California, que en México no había ninguna investigación abierta en su contra. Hoy el General, de cuya colusión con el crimen organizado en los Estados Unidos aseguran tener pruebas, permanece en la impunidad.
Los casos de Robles con los desvíos de la Estafa Maestra, y el de Lozoya con los sobornos de Odebrecht, han sido utilizado por esta administración, y por la Fiscalía General de la República, para “demostrar” la corrupción del pasado pero sin llegar a la procuración de justicia. Es decir, repiten eventualmente que hay pruebas para investigar al ex Presidente Enrique Peña Nieto y al ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, pero no los investigan.
En este escenario, sabedor como otros de un clima legal de benevolencia, Luis Videgaray, respondió, también a través de Twitter, en relación a las acusaciones de los abogados de Robles. Para empezar señaló lo evidente, que nunca fue superior de la ex funcionaria, además, que “lo que dijo el abogado Ramírez de mí es completamente falso y carece por ello de sustento alguno. Rosario Robles podrá decir muchas cosas, pero que no podrá hacer es probar mentiras. Yo no tuve participación alguna, directa o indirecta en la llamada Estafa Maestra y mucho menos me beneficié de dicho presunto mecanismo”.
Complementó:
“La nueva estrategia legal anunciada por el abogado defensor de la maestra Rosario Robles es errada e inmoral, y en nada contribuye a la lucha contra la corrupción que encabeza el Presidente López Obrador. La corrupción no se combate con mentiras y fabricando culpables.
“…Reitero que estoy listo siempre para atender el llamado de la autoridad competente, y contribuir así al esclarecimiento de la verdad. Repito que no voy a permitir que se me difame, y por ello habré de defender mi honorabilidad a través de las instancias jurídicas correspondientes. El mecanismo de moda de ‘me salvo culpando a Videgaray’ tiene un límite, y ese límite son la verdad y la Ley”, concluyó.
Y efectivamente, ni Videgaray ni Peña han sido llamados a declarar o a “contribuir” para el esclarecimiento de los dos casos más paradigmáticos de la corrupción en México como lo son la Estafa Maestra y los sobornos de Odebrecht, lo que sí, es que oportunamente son citados mediáticamente, en una evidente forma de sacar provecho político, particularmente en el preámbulo de las elecciones intermedias federales del 2021, y la elección de 15 gobernadores en igual número de Estados. Situación que aparenta un uso político de la procuración de justicia en el País.
De sobra está decir que la caprichosa consulta para determinar si se debe o no investigar a los “actores políticos” del pasado, que se llevará a cabo en agosto del 2021, a propuesta del Presidente de la República, convalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aprobada por el Poder Legislativo, está por demás y resulta ociosa en el actual escenario, donde se señala públicamente pero no se prueba administrativa o judicialmente de lo que todos sospechan: la abundante corrupción en el último sexenio priísta en la administración federal.
Hasta la fecha, lo único real es que los señalamientos de corrupción hacia los priístas, son mediáticos y no judiciales, lo cual confirma, por lo pronto, el sesgo político de la procuración de justicia.
