El riesgo de más impunidad para el narcotráfico
Como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto persiguió a los cárteles de la droga desde mediados del 2019, hasta hace unos días cuando fue destituido del cargo, o la renuncia le fue aceptada sin cuestionamientos, por parte del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Entre sus más notorias operaciones, estuvo la llamada “Agave Azul”, cuando la UIF bloqueó mil 939 cuentas bancarias de personas ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, que significaba un entramado en el que habían participado mil 770 personas y 167 empresas, en 11 estados de la República, intentando lavar más de 11 mil millones de pesos producto de actividades ilícitas, ligadas al narcotráfico.
Santiago Nieto no lo hizo solo. Contó con la participación de la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, un organismo enclavado en el Departamento del Tesoro de la Unión Americana, que suele emitir alertas de restricciones comerciales, bloquear cuentas y activos e impedir transacciones con empresas en el extranjero, ligadas a actividades de narcotráfico y de terrorismo, que pongan en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos.
De hecho, previo a la era Nieto en la Unidad de Inteligencia Financiera, en pocas ocasiones la ahora Fiscalía General de la República, antes PGR, colaboraba con la OFAC para investigar, en territorio mexicano, las indagaciones que desde suelo estadounidense se hicieron para localizar las fuentes del flujo de efectivo del narcotráfico en México, y la inversión de los mismos en empresas fachadas, negocios lícitos con operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Meticuloso, Santiago Nieto elaboró en 36 meses en la UIF, cientos de documentos para develar organigramas de lavado de dinero en México por parte de los cárteles de la droga. Extensos mapas con nombres, fotografías, razones sociales de empresas, ligas con empresas privadas, con universidades, e incluso políticos y paraestatales, para lavar miles de millones de pesos procedentes del narcotráfico y el crimen organizado.
En uno de sus reportes en noviembre de 2019, en una sola operación que presumió el congelamiento de 889 millones de pesos y 2.3 millones de dólares, informó haber congelado 301 cuentas del Cártel Jalisco Nueva Generación, 129 cuentas del Cártel de Sinaloa, 53 del grupo criminal Los Zetas, 43 cuentas al Cártel de Guerrero, 5 al Cártel del Golfo, 10 a la Unión Tepito.
La misma hazaña la repitió no hace muchas semanas, cuando, en una conferencia matutina del Presidente López Obrador, informó haber congelado cuentas a un total de 186 personas, ligadas a los distintos grupos criminales de las mafias de la droga en el País.
De hecho, meses después que Ovidio Guzmán López, un capo de la droga sinaloense, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, buscado por los Estados Unidos, y en octubre de 2019 detenido por la Policía Federal con una orden de extradición, sólo para ser liberado por órdenes directas del Presidente de la República, López Obrador, la UIF de Nieto le congeló en mayo de 2020 las cuentas a Ovidio Guzmán, y a otras 330 personas ligadas al Cártel de Sinaloa que, en una ala significativa, comandan los hijos del capo.
Lo mismo hizo con los negocios ilícitos de Ismael Zambada García. La UIF congeló cuentas de las hermanas de este capo, de su pareja y otros asociados. Al momento de su salida de la Unidad de Inteligencia Financiera, Nieto y su equipo, a saber, elaboraban una investigación sobre las redes financieras del cártel de los hermanos Arellano Félix.
En muchos de los casos, los bloqueos de la UIF terminaban siendo derrotados en juzgados y tribunales, debido a que en muy pocas investigaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera contó con el apoyo y la colaboración de la Fiscalía General de la República, permitiendo con ello la impunidad de asociados, amigos y familiares de los capos de la droga para recuperar sus activos y efectivo.
Considerando que la FGR no está realizando investigación para combatir el lavado de dinero, pues las pocas que ha dado a conocer desde su formación, han sido precisamente en coadyuvancia con el aparato de la UIF, que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la salida de Nieto de esta dependencia impone un alto a las investigaciones sobre lavado de dinero de los grupos de la criminalidad organizada en México, o por lo menos un desaceleramiento, en lo que el nuevo titular se entiende del tema, es ratificado en la Cámara de Diputados e integra a su propio equipo de investigadores.
No podemos asumir que Pablo Gómez, invitado por el Presidente para suceder a Nieto, no vaya a investigar a los cárteles, el beneficio de la duda le asiste, y su experiencia como legislador, en la investigación del Pemex Gate, aquel suceso de 2001, cuando se conoció y confirmó que fondos del sindicato de Petróleos Mexicanos fueron utilizados para la campaña presidencial del año 2000, y que resultó en una histórica multa para el partido favorecido, el PRI, de mil millones de pesos, hablan un poco del carácter de este economista de izquierda.
El problema quizá radica, y es problema porque si las investigaciones de las estructuras financieras de los narcotraficantes no se continúan, esto proveerá de mayor impunidad a los cárteles que de suyo no son perseguidos por la FGR, en que la figura de Gómez está más ligada a la actividad político, partidista, ideológica, que a la administración, operación y ejecución de estrategias para desmantelar actos de corrupción, lavado de dinero y terrorismo en el País.
De confirmarse este giro intelectual en la titularidad de la UIF, la Unidad podría terminar siendo un cargo político más para favorecer a los afines del Presidente, o una Unidad enfocada más en investigar a los adversarios -que también lo hizo Santiago Nieto- que centrada en combatir el lavado de dinero, el terrorismo y las actividades con recursos de procedencia ilícita. Lo que significaría una mayor impunidad para los cárteles de la droga.
