Desde hace muchos años, Pemex ha sido un factor de preocupación para las finanzas públicas, los inversionistas e inclusive, diría, para el Gobierno. La administración saliente realizó modificaciones al esquema productivo de la petrolera en aras de procurar la soberanía energética.
Estamos en vísperas de que tome posesión una nueva administración federal y uno de los principales cuestionamientos es la conducción de la empresa petrolera, pues es motivo de incertidumbre. Es bien sabido que Pemex es la empresa petrolera más endeudada a nivel mundial. Sus pasivos financieros ascienden a 106 mil millones de dólares, el equivalente al 7 por ciento del PIB. Además los vencimientos para los siguientes años ascienden a 21.1 mil millones de dólares, haciendo evidente la necesidad de mayores niveles de capital, flujos de efectivo positivos, lo cual requiere una sustancial mejora de su operación.
Claudia Sheinbaum, en su proyecto “100 pasos para la transformación”, delinea lo que pudiera ser el eje rector de su gobierno. En él señala su compromiso de fortalecer a Pemex como empresa pública estratégica y menciona enfáticamente que no se privatizará. Queda claro que la posición respecto de la soberanía energética continuará en el siguiente sexenio, apoyada fundamentalmente en Pemex. Sin embargo, la falta de recursos de la petrolera y su baja productividad levanta varios cuestionamientos sobre el quehacer de la misma.
Para empezar, vale la pena señalar que la producción de petróleo de Pemex ha caído significativamente a pesar de los constantes apoyos del Gobierno federal. De 2019 a abril de 2024 en promedio se han producido 1.573 millones de barriles diarios, sin considerar condensados, lo cual representa una disminución de 28 por ciento con respecto al sexenio pasado, donde se produjeron en promedio 2.182 millones de barriles diarios. Vale la pena mencionar que desde hace un buen número de años se ha observado una marcada tendencia de caída en producción, sobre todo por el agotamiento del complejo Cantarell.
Por lo que respecta al gasto en inversión física, ascenderá a mil 018 millones de pesos en el sexenio. El monto invertido representa una disminución del 9.6 por ciento respecto al periodo de la administración anterior, y hay que recordar que ya había sufrido un recorte previo. Las inversiones son necesarias para poder seguir extrayendo el crudo y realizar operaciones de exploración, de lo contrario la producción en el mediano plazo podría verse significativamente aminorada. Estas cifras no consideran los cerca de 300 mil millones de pesos invertidos en la refinería de Dos Bocas, Tabasco.
La falta de inversión y la estructura operacional ha originado la acumulación de pérdidas, que en los últimos cinco años ascienden a 871 mil millones de pesos, siendo que el grueso de la pérdida se registra en el negocio de refinación.
Por subsidiaria, exploración y producción (E&P) ha sido un segmento rentable antes de impuestos. En 2023, el costo promedio de producción de hidrocarburos fue de 14.50 dólares por barril de petróleo crudo equivalente, mientras que el precio promedio por barril de la mezcla mexicana fue de 71.0 dólares por barril. En el periodo de 2019 a 2023, E&P acumula una utilidad operativa de mil 431 millones de pesos; al deducirle el costo financiero y el pago de impuestos resulta en pérdida neta de 75 mil millones de pesos. En contraste, el segmento de refinación (TI) ha observado pérdidas constantes en los últimos años que ascienden a poco menos de 800 mil millones de pesos. Por lo anterior, el mayor énfasis puesto en la refinación de petróleo ha requerido constantes apoyos a la petrolera. En esta administración los apoyos del Gobierno en disminuciones en los derechos de utilidad compartida (DUC) y aportaciones de capital totalizan 2.2 billones de pesos.
Hacia adelante resulta evidente la necesidad de llevar a cabo una reforma financiera y fundamentalmente operativa. Pemex no tiene una garantía explícita del Gobierno; sin embargo, resulta evidente el apoyo del mismo y se estima que continúe. No obstante lo anterior, los mercados no consideran que la deuda de Pemex es equivalente a la deuda soberana, algunas agencias calificadoras mantienen el perfil crediticio del bono como altamente especulativo. Por ello el financiamiento a Pemex tiene un premio sustancial con respecto al costo financiero del Gobierno federal.
Uno de los problemas medulares que tendrá que resolver la nueva administración federal será la viabilidad de Pemex. Se han barajado varias alternativas para desahogar la emproblemada situación, entre las que destacan el definir nuevos esquemas de asociaciones público-privadas (APP) que faciliten la entrada de capital privado al sector, bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos. Esto puede representar una opción para aliviar los requerimientos financieros de la paraestatal para aumentar la producción de petróleo, pero tendría que venir de la mano con el refinanciamiento de sus pasivos y una reestructuración sustancial en su operación que incluya que los esfuerzos se concentren en aquellos negocios que resultan rentables.
Adicionalmente, diversos agentes del mercado han señalado la posibilidad de que el Gobierno federal compre alrededor de 40 mil millones de dólares de bonos de Pemex y con ello le otorgue una mayor holgura financiera. Si bien para la petrolera esto podría significar cierto alivio, las implicaciones para la calificación de la deuda soberana no son cuestión menor, pues el Gobierno tiene que incorporar la deuda adicional en su presupuesto para reconocerlo constitucionalmente, ya que deberá de ser pagada con impuestos.
Pemex es el eslabón más débil, pues podría representar un riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo. Los constantes apoyos del Gobierno incurridos en esta administración hacia la petrolera no han contribuido a solucionar el problema de fondo: la ineficiencia operativa y la insolvencia de largo plazo.
En materia energética, la realidad alcanzará al Gobierno federal y hace cada vez más evidente la necesidad de permitir la inversión de recursos del sector privado en esta industria; de lo contrario, el deterioro de las finanzas públicas hará más probable la reducción de la calificación crediticia de la deuda soberana, con los consecuentes efectos negativos sobre la economía del país.
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La autora es Alejandra Marcos Iza (@alemarcosi), directora de Análisis y Estrategia de Intercam Grupo Financiero, y parte del grupo de Expertos México, ¿cómo vamos?
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