El regreso de Mazatlán a la opacidad
Viernes 13, mal día en transparencia
Algo preocupante sucedió el viernes en el recién instalado gobierno de Estrella Palacios Domínguez en Mazatlán que echó por la borda avances que la anterior administración encabezada por Édgar González Zataráin, el ahora asesor especial del Gobernador Rubén Rocha, había asumido en favor de la transparencia, participación ciudadana y combate a la corrupción, porque el Cabildo y la Alcaldesa empujaron reformas en sentido contrario y para mayor extrañeza organismos empresariales que en la víspera habían rechazado tal retroceso, de manera súbita y atípica oscilaron hacia la postura aprobatoria.
Lo derogado afecta logros empujados por Observatorio Ciudadano Mazatlán en materia de derechos cívicos y combate a la opacidad de la cosa pública, subiéndose así Estrella Palacios a la ola nacional morenista que arrasó con el Instituto Nacional de Acceso a la Información y ahora va por los entes autónomos que en los estados tutelan la transparencia como conquista de la sociedad y del activismo contra la impunidad en delitos cometidos con finanzas gubernamentales.
La asonada a lo público para refundirlo en lo privado fue celebrada por la Presidenta Municipal al afirmar que protege los derechos laborales de los trabajadores sindicalizados y asegura la estabilidad financiera de los trabajadores. ¿Volver a las reuniones secretas de las comisiones del Cabildo puede ser considerado como gobierno de avanzada? ¿Alguien puede defender la justificación de que derogar los artículos 43, 64 y 92 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mazatlán cuide los intereses de los ciudadanos?
El hoy invalidado artículo 43 establecía que las propuestas de modificación y/o revisiones contractuales o salariales que se pretendan realizar al contrato colectivo de trabajo presentadas por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán serían discutidas y acordadas en reuniones de trabajo de manera pública; el 64 estipulaba que las comisiones colegiadas del Ayuntamiento se reunirían como un mínimo de forma mensual a partir de la segunda Sesión Ordinaria del año en que tomaron posesión, las cuales deberán ser calendarizadas y públicas para que la ciudadanía participe en los asuntos que sean de su interés.
El artículo 92 determinaba y regía lineamientos para que cuando un ciudadano en lo particular, como representante de un grupo, colectivo u organización considerara necesario ser escuchado en una Sesión de Cabildo, tuviera derecho a participar, garantía que fue lanzada al cesto de la basura el viernes 13 como si el día cabalístico hubiera cumplido la profecía de mala suerte. Y sí, todo esto como lo afirma OCM, abre la puerta a prácticas de opacidad y restringe la participación ciudadana en temas de interés público.
Y porque los traspiés siempre llegan acompañados de otros tropezones, el día de la sesión del cuerpo edilicio algunos sectores empresariales se declararon en contra de la propuesta de las comisiones de Gobernación y de Transparencia y Acceso a la Información que representa “un acto de intimidación a las organizaciones de la sociedad civil que proponen mejores prácticas de Gobierno”. Pero la valiente postura duró únicamente algunas horas ya que al día siguiente los liderazgos de los organismos restaurantero, industrial, comercio, construcción, ejecutivos de ventas, Consejo de Desarrollo Económico y Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios recularon en respaldo a lo que anularon la Alcaldesa y Cabildo de Mazatlán.
Si es que de tal retroceso en transparencia se pueden delimitar pérdidas y ganancias, el principal menoscabo es para los mazatlecos que por la intervención de Observatorio Ciudadano habían logrado agrandar y enfocar la lupa sobre acciones de gobierno y manejo del erario que no tendrían por qué contar con nuevas cortinas que oscurecen la cosa pública. Ganan los que adoptan la mentalidad federal de acabar con los avances en acceso a la información, la cual procede a causar el efecto contagio en políticos emuladores que a la tierra que fueren hacen lo que vieren sin reparar en las repercusiones que detonan.
A reserva de que el Observatorio Ciudadano y otras instituciones que empujan la rendición de cuentas hagan lo correspondiente en la lucha por subsanar el atropello en Mazatlán, el Gobernador Rubén Rocha Moya y el Congreso del Estado tienen facultades constitucionales para contener la secuela virulenta en quienes creen que la desaparición del INAI, y la muerte que le anticipan a la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, les da derecho a clausurar todas las ventanas mediante las cuales la sociedad fiscaliza a gobernantes y lo que éstos gastan.
¿O la acción de esconder el ejercicio de la función pública de la observancia ciudadana y los órganos garantes de transparencia será legitimada como un modo de gobernanza que combate la corrupción invisibilizando las cloacas?
A Mazatlán quitemos la huella,
Con todo y cargo de conciencia,
Por el viernes de mala Estrella,
En que reculó la transparencia.
En los relojes del Gobernador Rubén Rocha Moya, de las diputadas y diputados del Congreso del Estado, y de los legisladores federales sinaloenses corre la cuenta regresiva en cuanto al destino que se le dará a la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública de Sinaloa, el ente garante de la transparencia que con vida, ley y pertinencia propias es instrumento imprescindible en el combate a la corrupción. En tanto se conoce la decisión, apelemos a las convicciones que los actuales políticos empoderados mostraron durante la ardua lucha social que permitió contar con los órganos ciudadanos que les vigilen las manos y las codicias a servidores públicos todavía fieles a la conseja preferida por los expoliadores: el que no transa no avanza.
