Realmente nunca se han ido... en un país como México en el que durante los últimos tres años se ha superado la cifra de los 100 mil ejecutados, es de suponer que el sicariato está más presente que nunca, y además ahora, en auge.
Durante muchos años, desde la Presidencia de la República se intentó cambiar la narrativa criminal para, en su idea, generar un clima más apropiado para la paz. En el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) incluso se llamó a un acuerdo nacional de medios para que se eliminaran del léxico periodístico tratándose de la nota roja, policíaca o de inseguridad, palabras como sicario, lugarteniente, capo, ejecutados, abatidos, y un largo etcétera. Así, los sicarios, lugartenientes, líderes de células criminales y capos, pasaron a ser denominados como “objetivos prioritarios”.
En la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, se mantuvo el cambio en la narrativa criminal dentro de su estrategia de un México por la Paz, pero en lugar de ser conocidos como “objetivos prioritarios”, a los sicarios, lugartenientes, jefes de células criminales y capos se les llamó “generadores de violencia”, término que se sigue utilizando tanto en la Fiscalía General de la República, aun cuando ni se les investigue, y en muchas fiscalías y procuradurías de los estados.
Pero hace unos días, a propósito del terrible asesinato el sábado 21 de mayo de la abogada, defensora de los derechos humanos y activista feminista, Cecilia Monzón, en San Pedro Cholula, Puebla, que fue abatida a disparos mientras manejaba su automóvil, el Presidente Andrés Manuel López Obrador regresó el término sicario a la narrativa presidencial, y por lo tanto oficial, del Gobierno de la República respecto la criminalidad organizada y el narcotráfico.
Refirió López Obrador días después del crimen en Puebla: “...pues que el asesinato de Cecilia Monzón en Puebla, porque pues es un tema muy doloroso, desde que tenemos la información de lo sucedido estamos atendiendo. El problema grave, porque fue un ajusticiamiento, o sea fueron sicarios los que la asesinaron, sin ninguna duda de ello...”, fueron las palabras expresadas por el Mandatario nacional, y posteriormente ofreció sus condolencias a la familia de Monzón.
Un sicario es aquel que comete asesinatos por encargo, se trata en la mayoría de los casos de personas jóvenes, adiestradas en las armas, incrustadas en las estructuras del narcotráfico y el crimen organizado. Asesinos a sueldo pues, al servicio de los cárteles de la droga.
Si el Presidente sabe de cierto, como lo declaró dos días después del crimen de la activista, que se trató de sicarios, es de suponer que tendrá información sobre la estructura criminal a la que pertenecen, cártel, organización o mafia, y es imperante, dado que ya resolvió sobre el origen de los autores materiales, que coadyuve con las autoridades locales en Puebla para que el crimen de Cecilia Monzón no quede en la impunidad.
Efectivamente, los sicarios están de vuelta y en auge. Cárteles como el de Sinaloa o el Jalisco Nueva Generación los tienen por centenas a su servicio y los envían a distintos estados de la República Mexicana, para cumplir sus amenazas, concretar sus vendettas o matar a la competencia.
Esto, en un Estado de Derecho, no debería ser difícil investigar, y llegar a las redes del narcotráfico y el crimen organizado y hacer justicia, los sicarios solían ser leales a su organización criminal y poseer información de la estructura que les da recurso e impunidad a partir de la corrupción.
Fueron sicarios también los que asesinaron a los periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado en Tijuana, a finales de enero de 2022.
Tres sicarios en cada uno de los crímenes, todos pertenecientes a células criminales del Cártel de los Arellano Félix, pero a pesar de haber sido detenidos (los seis), y estar identificadas las personas que los dirigen delincuencialmente, ningún autor intelectual ha sido señalado, procesado o se le ha emitido una orden de captura por los crímenes contra los periodistas.
En el caso de Margarito, se presume aun cuando no se ha podido ligar a la investigación, que el autor material es el jefe de una célula del CAF, que ordenó el crimen por asumir que Margarito Martínez estaba proveyendo de información a periodistas que redactan en portales e impresos.
Mientras que en la investigación de Lourdes Maldonado no se ha determinado el móvil de la autoría intelectual, pero sí que a los tres hombres que intervinieron en su asesinato, el que manejó el vehículo, el que accionó el arma y quien limpió la escena del crimen, les pagaron con 5 mil dólares a cada uno de ellos. ¿Quién? No se sabe, las investigaciones en ambos casos están estancadas, aun cuando la indagación de Maldonado incluye como sospechoso a un amigo personal del Presidente, el ex Gobernador Jaime Bonilla Valdez.
En las últimas semanas a Baja California han arribado células de sicarios provenientes de estados como Michoacán, Puebla, Sinaloa, Jalisco, que han sido enviadas por los líderes criminales de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, Ismael “El Mayo” Zambada, Nemesio “El Mencho” Oseguera, respectivamente, para pelear en aquel terreno una sangrienta guerra por el territorio de la frontera norte de México entre los municipios de Tijuana, Tecate y Mexicali.
La llegada de estos sicarios ha sido documentada por el semanario ZETA, y las autoridades locales, particularmente la Fiscalía General del Estado de Baja California, a raíz de la aprehensión de algunos de estos sicariatos. Seis detenidos en Tijuana a las órdenes de las huestes de “El Mayo” Zambada, dos aprehendidos en Tecate y 10 fugados que sirven a Jalisco Nueva Generación.
Dichos sicarios han encendido el territorio bajacaliforniano al calor de sus armas y disparos, incrementando la cifra de personas ejecutadas, principalmente en esos tres municipios, pero no limitado a los mismos.
Los sicarios están de regreso en la narrativa presidencial, ojalá que esta identificación directa de los asesinos de los cárteles y el crimen organizado sirva a la Fiscalía General de la República y al propio Gobierno federal para hacer lo que no han hecho en los últimos tres años: reconocerlos, aceptar su presencia y el daño que le hacen a la sociedad, para perseguirlos, procesarlos y encarcelarlos, porque a la mitad de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, México no aguanta más, tanta impunidad, tanta sangre.
