La ilegalidad en este sexenio ha rebasado todo límite. No sólo por la cantidad de fallos de la SCJN contra las acciones del Ejecutivo y por todas las que están en espera de ser resueltas sino, también, por el desdén del Presidente hacia dichas resoluciones y las de otros órganos autónomos como el Tribunal Electoral (TEPJF), el INE o el INAI.
El INE ha emitido de manera reiterada pronunciamientos en contra del entrometimiento del Presidente en los procesos electorales. Tan solo en los meses recientes están los del 27 de marzo, 19 de abril y 9, 11, 15 y 24 de mayo. En ellos se le ha conminado a ajustarse a los parámetros constitucionales.
Apenas la semana pasada (13 de julio) el Tribunal Electoral, por unanimidad de votos, ordenó al Presidente López Obrador abstenerse de realizar pronunciamientos, bajo cualquier modalidad o formato, sobre temas electorales en respeto a los principios de imparcialidad y neutralidad.
El Presidente, sin el menor respeto a su investidura y a la de los órganos electorales, se burla de las resoluciones de la autoridad. Aprovecha hasta el último resquicio para violar la legalidad y ganar adeptos mintiendo. A la resolución del Tribunal -hecha pública- respondió en su mañanera que “El #INE me quiere silenciar, me quieren callar para que regresen a saquear a México”, como todavía no me llega la notificación de no hablar de Xóchitl Gálvez, aprovecho para pedir que se investiguen los contratos de su empresa, “si no quieren que hable de ellos, lo justo es que ellos no hablen de mí”.
Las dos afirmaciones son impropias de un jefe de Estado y de gobierno.
Sé que violé la ley, ya está lista la resolución pero como el aviso formal está en tránsito burocrático, aprovecho para seguir actuando en sentido contrario a la decisión del órgano regulador. Doy una estocada más sin miramiento y sin sustento alguno a Xóchitl Gálvez. Llega el escrito pero no lo reciben. La Consejería Jurídica está de vacaciones.
El asunto es grave por donde se lo mire. Tres delitos del Presidente en un solo tiro. Yo, el Presidente, desacato la orden de un tribunal de última instancia, falto a la verdad y violo los códigos penal y civil aprovechando mi posición de titular del Ejecutivo.
Desacatar la ley parece una costumbre amparada en lo que él define como la necesidad de transformar el régimen de privilegios. Hay que acabar con todos los privilegios menos los que lo amparan a él para cometer atropellos y permanecer en la impunidad. Ya ha desacatado los amparos de no continuar con el Tren Maya hasta la suspensión de una jueza de seguir imprimiendo los libros de texto, hasta confirmar que se esté siguiendo el procedimiento legal y la orden de un juez de otorgarle el derecho de réplica a Xóchitl Gálvez por haber mentido sobre sus declaraciones.
Faltar a la verdad también es parte de su modus operandi. Todos los días presenta datos que engañan, que inventan situaciones o que son medias verdades. La más reciente, otra vez, con respecto a Xóchitl Gálvez. Dice el Presidente que sus empresas han recibido contratos por mil 400 millones de pesos. ¿Y? Hasta donde se sabe, todos legales. ¿Es un delito tener un contrato por parte del Gobierno federal o de los locales con empresas fundadas hace décadas, acreditadas en el mercado, sin prestanombres, con domicilios fiscales verificables, auditadas y con los impuestos en orden? No lo es.
Lo que sí es un delito y es parte de la manera en que opera este gobierno es amedrentar a través de auditoría fiscales a modo a quienes no están en su bando o, de plano, difundir información reservada e incurrir en el delito de publicitar los datos personales de una empresa o una organización de la sociedad civil. Datos a los que sólo tienen acceso el SAT y, en su caso la UIF. También es un delito, y grave, que si acusa la comisión de una violación a la legalidad en su mañanera, no proceda legalmente. Es su obligación.
Faltar a la verdad, desacatar la orden de un juez e incurrir en violaciones a la Constitución y las leyes es, lisa y llanamente, abuso de poder. Es parte del privilegio de mandar en este país.
Xóchitl no ha sido la única víctima de estas tres prácticas pero sí la más notable por sus evidentes intenciones políticas. La mentira, el desacato y la ilegalidad están dirigidas contra una aspirante a la Presidencia del bloque opositor. Una aspirante competitiva al interior de la coalición Va Por México y de las elecciones de 2024.
Habíamos hablado del peligro de tener una elección de Estado en el sentido de la utilización de recursos públicos y del reparto de programas sociales. Ahora debemos agregar que la elección de Estado también contempla el uso político de la justicia y el comportamiento ilegal de un presidente que se sabe impune. ¿Una repetición de lo que se le hizo a Ricardo Anaya con EPN o a Eduardo Medina Mora al principio de AMLO?
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