Hay algo peor que la maldad: la estupidez. No la simple ignorancia, sino aquella fuerza corrosiva que destruye sin obtener nada a cambio. Carlo M. Cipolla, con una precisión quirúrgica, describió en sus Leyes Fundamentales de la Estupidez Humana cómo las acciones de los estúpidos no sólo generan daño a otros, sino que también perjudican a quienes las ejecutan. Es una suerte de incendio que arrasa con todos, sin distinguir aliados de enemigos, sin un propósito racional, sin siquiera la mezquina satisfacción del beneficio propio.
Este principio, que parecería una lección de moral doméstica, encuentra su mejor ejemplo en las relaciones entre México y Estados Unidos. A propósito de los aranceles que el Gobierno estadounidense ha impuesto y suspendido intermitentemente, se demuestra que no es solo el cálculo frío de la geopolítica lo que guía las decisiones de los poderosos, sino también la torpeza de aquellos que, queriendo ganar terreno, terminan socavando su propia posición.
Estados Unidos, la mayor economía del mundo, ha decidido imponer barreras comerciales a México, un país con el que comparte un tratado de libre comercio y una interdependencia económica insoslayable. La justificación: contener la inmigración irregular y frenar la crisis del fentanilo. El razonamiento es tan simplista que parecería una broma si no tuviera consecuencias tan graves.
Cada arancel encarece la producción de bienes que dependen de la cadena manufacturera compartida entre ambos países. Cada barrera genera desempleo no solo en México, sino también en las fábricas estadounidenses que dependen de piezas, ensamblajes y materias primas que cruzan la frontera diariamente. En su afán de imponer costos a su vecino del sur, Washington se dispara en el pie debilitando su propia economía, mientras China observa desde la distancia, esperando el momento propicio para ocupar el espacio que ambos países dejan vacante en los mercados globales.
Lo paradójico es que la misma lógica que aplica Estados Unidos hacia México -la exclusión como castigo- es la que desde el gobierno de López Obrador se ha aplicado con eficacia interna.
en México
La administración actual ha hecho de la polarización su estrategia predilecta. Bajo el pretexto de gobernar para el pueblo, ha fomentado una división irreconciliable entre “buenos” y “malos”, entre “patriotas” y “traidores”, entre “pueblo” y “conservadores”. Pero al igual que en el caso de los aranceles de Estados Unidos, este método tiene un costo: el desgaste de la cohesión social y la destrucción de la posibilidad del diálogo.
La reciente reforma judicial es un ejemplo de ello. En nombre de la democracia y la justicia, el gobierno busca transformar radicalmente el sistema de elección de jueces, sin consensos, sin debate y sin considerar los riesgos para el Estado de derecho. Se han cerrado los espacios de deliberación, ignorando que la legitimidad democrática no proviene sólo de las urnas, sino del respeto a las instituciones y al pluralismo político.
Lo que se critica en la Casa Blanca -el uso de la exclusión como herramienta de poder- es lo mismo que el Gobierno mexicano ha implementado con sus opositores, con los medios de comunicación críticos, con los empresarios que no se alinean con su visión. La paradoja es evidente: el gobierno que exige respeto para México en el escenario internacional es el mismo que, puertas adentro, desprecia y margina a millones de ciudadanos por el simple hecho de pensar distinto.
Cipolla tenía razón: el mayor peligro de la estupidez es su capacidad de autoperpetuarse. Los errores de Estados Unidos alimentan la crisis en México, y los errores de México refuerzan los argumentos de Estados Unidos para endurecer sus políticas. Mientras tanto, la población de ambos países sufre las consecuencias de decisiones tomadas por líderes que, en su afán de imponer su visión, destruyen las bases del bienestar común.
El mayor riesgo no es que haya gobernantes con malas intenciones -los sistemas democráticos han aprendido a lidiar con ellos-, sino que los espacios de poder sean ocupados por quienes toman decisiones sin medir sus consecuencias, por quienes confunden gobernar con dictar sentencias irrevocables, por quienes creen que imponer es más efectivo que construir.
La historia nos ha enseñado que los líderes que fracturan sus sociedades para fortalecerse eventualmente se enfrentan a la marea de su propio desgobierno. México y Estados Unidos están hoy atrapados en un juego de espejos en el que cada país, al acusar al otro de ser injusto, refleja sus propias contradicciones.
En tiempos de crisis, la unidad es una necesidad, pero no cualquier tipo de unidad. No aquella que exige sumisión, ni la que se impone desde el miedo o la coerción. México necesita unidad, sí, pero no con un gobierno que ha hecho del desdén a la diversidad su emblema. La unidad debe construirse sobre la base de la inclusión, del respeto y del reconocimiento de que la democracia no se sostiene en la uniformidad, sino en el equilibrio de las diferencias.
La estupidez política, en cualquiera de sus formas, sólo se combate con inteligencia y visión de futuro. Estados Unidos y México tienen una oportunidad de redefinir su relación, de abandonar las estrategias de exclusión y avanzar hacia un modelo en el que la cooperación sea la regla y no la excepción.
Porque si algo nos ha enseñado la historia es que los líderes pueden dividir, pero los pueblos, al final, siempre encuentran la manera de reencontrarse.
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Especialista en materia político-electoral, comunicación política e innovación
@RobertHeycherMx
Animal Político / @Pajaropolitico
