La confirmación, después de la elección, de que el partido en el poder detenta una contundente mayoría en el Congreso de la Unión, ha traído al centro del debate la discusión sobre el llamado “Plan C”. Vale la pena, en este contexto, recordar sus contenidos.
El Presidente de la República presentó el 5 de febrero de 2024, en el marco de la conmemoración de la Constitución de 1917, un ambicioso paquete de reformas legislativas. Se trata de 18 iniciativas de modificaciones constitucionales y dos a la legislación secundaria.
Aún no contamos con una buena crónica sobre cómo se gestaron y diseñaron esas propuestas, y particularmente sobre qué tanto se dialogaron y acordaron con el equipo de la entonces candidata presidencial del partido en el poder, dato relevante para muchos de los debates del presente.
Pero al margen de lo anterior, importa decir que vistas desde la perspectiva de derechos humanos las iniciativas presentan algunos pasos en la dirección correcta, sobre todo en materia de derechos sociales y ambientales, al tiempo que incluye propuestas riesgosas para los derechos civiles y políticos.
En cuanto a lo primero, la propuesta en materia indígena es un avance. Reconocer a las comunidades y pueblos indígenas como entidades de derecho público y elevar a la Constitución la consulta en materia indígena salda una añeja deuda, aunque la iniciativa dejó de lado aspectos importantes como la garantía de los derechos territoriales de las comunidades en relación con los recursos naturales, lo que han hecho notar voces indígenas muy autorizadas.
Por otro lado, la inclusión en una de las iniciativas de la prohibición de la minería a cielo abierto y del fracking es también una propuesta plausible para la garantía del derecho a un medio ambiente sano, que hay que celebrar. Igualmente, las iniciativas en materia de vivienda y salario mínimo amplían la garantía de los derechos sociales, lo mismo que las relativas a la salud y al régimen de pensiones, si bien estas últimas despertaron en su momento algunas preguntas respecto de su viabilidad financiera.
Ahora bien, respecto de los derechos civiles y políticos, son cinco las iniciativas que generan preocupaciones.
La propuesta de seguir ampliando la prisión preventiva oficiosa, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya señaló la inconvencionalidad de esta figura.
La propuesta electoral, que acota la representación proporcional y que abre a la elección mediante voto la designación de consejeros del Instituto Nacional Electoral y magistrados electorales.
La eliminación de organismos constitucionales autónomos, pues incluso aceptando que podría prescindirse de algunos de estos, en el caso del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y del Consejo Nacional De Evaluación de la Política Nacional (CONEVAL), su supresión va en detrimento de los derechos, pues ambas instituciones tienen mandatos relacionados con estos.
La reforma judicial, que abre la puerta a la elección indirecta mediante votación de jueces, magistrados y ministros, creando también un amenazante y omnipotente Tribunal de Disciplina Judicial, sin tocar quisiera a las fiscalías que son las instituciones que realmente provocan nuestro problema de impunidad.
La adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), eludiendo el cumplimiento de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), asegurando el fuero castrense a los elementos militares que la integren, ampliando las atribuciones de este cuerpo castrense para investigar delitos federales que involucran a civiles y abriendo la intervención militar en cualquier espacio de la vida pública, al reformar el muy importante artículo 129 constitucional, que ha permanecido intocado desde la Constitución de 1857.
Si bien, como se ha visto, hay aspectos positivos en el “Plan C”, estos quedan diluidos cuando se sopesa la gravedad de estas cinco reformas, sin que los resultados del 2 de junio por sí mismos lleven a dejar de expresar las preocupaciones que generan. Y es que vale la pena recordar que, cuando se trata de derechos humanos, apelar al argumento mayoritario no es suficiente: por ejemplo, la ampliación de la prisión preventiva oficiosa no se vuelve compatible con los derechos humanos porque así lo apruebe una mayoría, como no ocurriría tampoco si una mayoría votara la reinstalación de la pena de muerte, restricciones en el derecho al voto o suprimir la libertad de expresión. Por eso, las encuestas no siempre son la mejor vía para decidir cuestiones relacionadas con los derechos.
Señalado lo anterior, también hay que decir que no todas las preocupaciones sobre el avance del “Plan C” parten de premisas vinculadas al respeto de los derechos humanos. Es cierto que cuando las grandes industrias extractivas se inquietan por la posible prohibición del fracking, no lo hacen precisamente para preservar el Estado de Derecho.
El destino de las propuestas es aún incierto. Hoy se insiste en que el avasallante resultado electoral del 2 de junio debe interpretarse como un claro mandato para llevar adelante esta agenda. Simultáneamente, algunas voces destacan con sensatez que ese mandato podría interpretarse más bien como un respaldo para continuar el combate a la desigualdad económica, a lo que muchas de estas reformas -y sobre todo las cinco propuestas preocupantes ya comentadas- no necesariamente contribuyen. El reciente volumen del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que analiza las reformas ayuda a dimensionarlo así.
En todo caso, habrá que ver cómo transcurre el próximo periodo de sesiones en el Congreso. Hasta ahora, el discurso de la virtual presidenta electa ha sido mesurado, aunque la idea de llevar a encuesta el diagnóstico sobre el poder judicial con preguntas inductivas ha levantado justificada preocupación. En este sentido, es destacable que en la agenda legislativa que se impulsará a partir de septiembre se haya incluido las modificaciones a la ley del ISSSTE por las que pugnaba el magisterio, el otorgamiento de pensión a las mujeres de 60 a 64 años, el programa de becas universales para todos los estudiantes de educación básica pública y la eliminación de la reelección de presidentes municipales y diputados. Todas estas medidas hacen parte de la agenda de la virtual Presidenta Electa, más que del llamado “Plan C”.
Para lo que viene, es deseable que no se soslayen las justificadas preocupaciones que para los derechos humanos generan particularmente estas cinco propuestas y que se abra espacio para discutir en serio los grandes problemas del País.
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