Detrás de la prolongada jornada de violencia que deriva del choque frontal entre células del crimen organizado, en la Universidad Autónoma de Sinaloa reina la paz tensa que es capitalizada por los saqueadores del erario universitario que se aferran al botín que les significa el control del centro educativo y les rezan a todos los santos para que por efectos de la narcoguerra los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial les ensanchen las sendas de impunidad. Casi de incógnito, los continuadores del cuenato usan los telones rojos de la barbarie en ciernes como el velo que oculta tenaces apetitos corruptos.
Es que en la etapa posterior al cacicazgo que durante dos décadas presidió Héctor Melesio Cuén Ojeda, en la UAS permanece el grupo que instaló un régimen de excepción en el cual la Ley aplicada a todos los ciudadanos no vale para quienes se apoderaron del campus, e inclusive actúa como si fuera un gobierno paralelo fincado en el autoritarismo, que desobedece al sistema constitucional y lo reta.
Y porque los sinaloenses estamos ocupados en preguntar cuándo terminará la narcopandemia que arrasa con todo, hemos olvidado la interrogante de qué tanta impunidad se le permitirá a la camarilla que tiene el control de la UAS y la ha expoliado con más de 700 millones de pesos. Aterrorizados por la sangre y el plomo que disemina la otra delincuencia, a quién le importa que el alma máter sucumba desplumada en manos de los tenaces perpetradores que no vean al águila rosalina sino a la gallina de los huevos de oro.
A los tres rectores que tiene la Universidad, o mejor dicho que cobran como tales, les vino como anillo al dedo la narcoviolencia que preocupa a los sinaloenses y ocupa a las autoridades, a tal grado que desaparece de la conversación pública el tema del abusivo saqueo de las finanzas uaseñas, mismo que dentro de algunas semanas hará crisis al exigir los trabajadores el pago de salarios y prestaciones de cierre de 2025, a pesar de que la casa de estudios recibió competo el presupuesto para operar todo el año.
En la UAS sin Ley, a no ser aquel estatuto perverso que determina la persecución brutal del aparato jurídico contra los opositores de las ascuas del cuenismo, cualquiera puede implantar sus modos delincuenciales sin sufrir las consecuencias determinados en el marco legal consuetudinario. Allí están, por ejemplo, los estudiantes de la Facultad de Arquitectura denunciando la instalación de equipo de grabación en el baño del área de tutorías que utilizan mujeres y hombres al estar fuera de servicio los sanitarios correspondientes.
Las autoridades universitarias dirán que se trata de un transgresión clasificada como peccata minuta frente a la dimensión de los delitos que se cometen por la cúpula directiva de la institución de educación superior. Y se acuerparán, como acostumbran hacerlo, los presuntos responsables de corrupción como escudo extensible a quienes resulten culpables de ataques a la moral e intimidad de los alumnos bajo el acoso del fisgoneo.
Qué interés pueden tener en investigar y aplicar sanciones los líderes de la camarilla que tomó y no suelta el control de la UAS, si éstos violan sistemáticamente las normatividades en materia de educación superior, transparencia, responsabilidades de servidores públicos, auditoría e igual pisotean la Ley Orgánica. Para qué pedirles legalidad a los que quitan y ponen rectores ponderando quién les cuidará mejor las espaldas y erigen un Consejo Universitario a todas luces espurio.
En tales albañales que les han representado vinculaciones a procesos judiciales, Jesús Madueña Molina y Robespierre Lizárraga Otero, gerentes del envilecido establishment rosalino, disfrutan la condición de intocables que les dispensa el bucle de narcoguerra por la inacción de la justicia como efecto colateral de la presente anarquía. A su vez Candelario Ortiz Bueno les resultó tan bueno que se ofrece para poner el lomo y prestar el nombre como escudo y compinche de los atracadores.
Resulta inútil solicitarles legitimidad a los mismo que convierten la Universidad en la orgía permanente de los ilegítimos. A los que se han envalentado en su condición de rebeldes a las normas consuetudinarias y edifican madrigueras en cuya entrada pende el letrero de “piérdase aquí todo Estado de derecho”. Esa es su naturaleza y la justicia en pausa, amedrentada por el crimen organizado y empequeñecida por la reforma al Poder Judicial, les facilita el remanso donde la arbitrariedad sestea a placer.
Este otro modo de delincuencia, y la postergación de la aplicación de la Ley como daño colateral que proviene de la guerra en el Cártel de Sinaloa como elemento que aplaza la procuración e impartición de justicia, ponen en estado de indefensión a la máxima casa de estudios, rehén durante casi 20 años de la misma camarilla que la esquilma moral y financieramente.
Los corruptos de la Universidad,
Ya tienen su propio modelo listo,
Que se sustenta en la perversidad,
De ‘hoy delinco y luego existo’.
Por los rumbos del Partido Sinaloense, la diputada Angélica Díaz Quiñónez presidió ayer lo que fue anunciado como un proceso de autoevaluación integral como pilar para que el PAS “siga siendo una fuerza política sólida y cercana a la sociedad”. Por cierto, la viuda de Héctor Melesio Cuén Ojeda guarda silencio hermético en torno a la rebatinga que se traen los pasistas que creen que “el maestro” les heredó la UAS y el modus operandi de los desfalcos. Para ir al encuentro de los retos del futuro el PAS debe soltar a la UAS o la sombra del siamés universidad-partido acabará con lo que queda de las siglas moradas.
