El nuevo censo de personas desaparecidas y la crisis en la Comisión Nacional de Búsqueda
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) está previsto en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (2017). Esta herramienta es gestionada y coordinada por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), con el propósito de organizar y recopilar información relacionada con Personas Desaparecidas y No Localizadas en México.
Hasta el 9 de junio de 2023, el RNPDNO contaba con 93,958 registros de personas desaparecidas y no localizadas desde 1961. En esa misma fecha, el Gobierno Federal anunció la implementación de un nuevo censo de personas desaparecidas dentro del marco de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada.
Desde su inicio, el nuevo censo ha estado marcado por una serie de fallas que inciden en la revictimización. Aunque la Búsqueda Generalizada está contemplada en el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (PHB), la estrategia propuesta, su metodología y clasificaciones, carecen de respaldo jurídico. Estas surgieron del supuesto análisis del Poder Ejecutivo, bajo el argumento de que no puede haber tantas desapariciones en el presente sexenio, ya que “no es lógico, no se ha permitido la represión, ni la desaparición de nadie, ni las masacres”.
De igual manera, los métodos para recopilar información sobre las personas desaparecidas resultaron inadecuados. Tanto las visitas domiciliarias como las llamadas telefónicas a los familiares eran llevadas a cabo por personal que, en ocasiones, carecía de capacitación en el tema. Además, la práctica de acudir directamente al domicilio de los familiares plantea un riesgo significativo para su seguridad, privacidad y salud emocional, al encontrarse en estado de vulnerabilidad y preocupación de las posibles consecuencias que puede acarrear una desaparición.
Los resultados del censo han sido objeto de críticas por parte de organizaciones dedicadas a la procuración y defensa de derechos humanos, así como por colectivos de familiares de personas desaparecidas. Un ejemplo de ello fue la intervención de Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien en la presentación del libro “Madre Buscadora: Crónica de la desaparición”, señaló que “no puede haber tan pocos desaparecidos y miles de madres buscadoras“.
La problemática en los resultados abarca desde la duplicidad en el registro de personas desaparecidas, como es el caso de Luis Antonio Ávila Reyes, quien desapareció en 2017 en Zacatecas, y de Irma Claribel Lamas López, desaparecida en 2008 en Coahuila, por mencionar algunos ejemplos. O bien, la situación contraria: la omisión de registros, conocida como “doble desaparición”, como ocurre en los casos de Fernando Hernández de la Cruz, desaparecido en 2022 en Tamaulipas, Reyes Yosimar García Cruz, desaparecido en Sinaloa en 2017 y Esmeralda Castillo desaparecida en Chihuahua en 2009.
También se han evidenciado casos de personas desaparecidas quienes nunca estuvieron en el censo, como el de Juan Alejandro Polanco Pinales, desaparecido en 2020 en el estado de Tamaulipas. Por último, se observan registros discordantes, como el de Antonio Díaz Valencia, quien figura como “persona ubicada”, a pesar de que sus familiares no han recibido noticias de él desde enero del año pasado.
Estos ejemplos subrayan la falta de coherencia en la recopilación y administración de datos para el nuevo censo. La estructuración de registros confiables y precisos constituye un elemento esencial para comprender a cabalidad la magnitud de la problemática de desaparición en el país. A partir de ello se podrán establecer estrategias eficaces, y políticas públicas sensibles y respetuosas hacia aquellos que sufren las consecuencias directas e indirectas de esta realidad.
Al tiempo que se realizaba el nuevo censo, se observaba la crisis institucional al interior de la CNB. La renuncia de la extitular, Karla Quintana, resaltó esta situación al señalar que su partida estuvo motivada por desacuerdos en relación con la actualización del censo, advirtiendo sobre una posible disminución en los reportes de desapariciones. La crisis se agravó cuando a inicios de año se produjo una oleada de despidos masivos del personal de la CNB.
La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación expuso que la reestructuración de la CNB se realizó porque el personal estaba dedicado mayormente a labores de escritorio. Esto resaltó la urgencia de priorizar acciones en campo, lo que llevó al despido de más de un centenar de perfiles especializados en áreas jurídicas, ciencias sociales y forenses.
El personal de terreno desempeña un papel fundamental para abordar la desaparición. Sin embargo, se requiere que ambas áreas de trabajo -campo y gabinete- operen de manera simultánea y complementaria. Buscando una gestión más efectiva y coordinada de los esfuerzos, maximizando así las posibilidades de éxito en la ardua tarea de la búsqueda de personas. Además, resulta desconcertante la decisión de no renovar contrato a gran parte del personal, dado que en muchas ocasiones, este mismo contaba con una formación que podría haber sido eficazmente ejecutada en campo.
Esta crisis institucional constituye un panorama desalentador para los familiares, quienes, en algunos casos, habían forjado un vínculo de confianza con el personal con el que habían interactuado durante más de tres años. La disolución de áreas no solo implica una pérdida significativa en términos de capital humano capacitado y especializado, sino también un menoscabo en los resultados obtenidos y en la confianza depositada por los familiares.
La reestructuración de la CNB coincide con escenarios similares en instituciones y órganos adscritos a esta misma, como el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH). En este último, fue despedido más del 60 por ciento del personal y se prevé una reubicación. Asimismo, se observan cambios desfavorables en el área dedicada al análisis de muestras complejas adscrita al Instituto de Medicina Genómica (INMEGEN).
La trascendencia de dedicar recursos, personal y mantener registros confiables en el ámbito de las desapariciones ha adquirido relevancia a nivel internacional. Durante la cuarta revisión del Examen Periódico Universal (EPU) de México en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, más de 100 países expresaron su preocupación en torno a las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el país, exhortando a México -entre otras cuestiones- a intensificar sus esfuerzos en la lucha contra la desaparición forzada de personas.
Por todo lo anterior, resulta imperativo preservar el trabajo institucional y jurídico que se ha realizado hasta el momento. Los espacios y registros encargados de la búsqueda, localización e identificación de personas deben consolidarse y fortalecerse, respaldados invariablemente por la colaboración activa de familiares, colectivos y la sociedad civil. La transparencia y cooperación en estos procesos deben actuar como ejes rectores, los cuales son fundamentales para prevenir, investigar y sancionar las violaciones a derechos humanos.
* La autora Arumi Mendoza (@MendozaArumi) es Licenciada en Antropología Física por la ENAH, con especial interés en temas forenses y humanitarios. Actualmente realiza un voluntariado en el área de Investigación y Análisis Criminal de la @CMDPDH.
