El INE y la elección de jueces: entre suspensiones y divisiones

La elección de 850 personas juzgadoras en junio de 2025 ha dividido -aún más- al Instituto Nacional Electoral, que el martes 15 de octubre regresó de sus vacaciones institucionales con una papa caliente que comienza a quemarle las manos a consejeras y consejeros.

Empeñada en sacar adelante el proceso y no quedar mal con la nueva mayoría política, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, decidió promover un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pidiéndole a los magistrados que blinden el proceso electoral ante decenas de suspensiones otorgadas en las últimas semanas por jueces que ordenaron frenar todos los actos iniciados el lunes 23 de septiembre como parte de la organización de los comicios programados para el domingo 1 de junio de 2025.

Es facultad de la Secretaría Ejecutiva del INE ejercer la representación jurídica del instituto y promover este tipo de recursos; sin embargo, Taddei corrió “la cortesía” de comentarle a las 10 consejeras y consejeros la intención de recurrir al Tribunal para responder a las suspensiones. Lo hizo a través de WhatsApp, en un mensaje que desconcertó a más de uno.

Esto ocurrió el viernes 4 de octubre, un día en el que el INE estaba de vacaciones institucionales. El periodo vacacional -programado para octubre por la carga de trabajo que tuvo el personal del instituto en las elecciones de 2024- se habría pactado -también- como una forma de evadir cualquier responsabilidad jurídica por no acatar las 71 suspensiones que han sido otorgadas por diversos jueces, de las que al menos 25 ya han sido notificadas en la Oficialía de Partes del INE.

Algunas de esas notificaciones le dan plazos de 24 a 48 horas al INE para frenar todos los trabajos tendientes a la elección de jueces, magistrados y ministros, y en ellas se advierte que las consejeras y consejeros podrían hacerse acreedores a multas por no acatar las suspensiones.

Por todo ello, estar en vacaciones parecía una salida “idónea” para demostrar que el instituto no está llevando a cabo acción alguna relacionada con el proceso electoral judicial 2024-2025.

Cuando Taddei avisó a sus pares, a través de un chat, la intención de solicitar al Tribunal que ordene a los jueces no promover más suspensiones, y darle protección jurídica al INE para poder llevar a cabo el proceso electoral, algunas consejeras manifestaron sus dudas sobre la pertinencia y procedencia de ese recurso.

Una de las preguntas era: ¿una determinación de esa naturaleza no debía ser votada en sesión de Consejo General?

Sin embargo, la demanda se ingresó al Tribunal Electoral durante el fin de semana bajo la figura de juicio electoral -firmado por la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Claudia Suárez- en el expediente SUP-AG-209/2024, que le fue turnado al magistrado Felipe de la Mata.

Claudia Suárez argumenta -en la demanda hecha a nombre del INE- que los jueces carecen de competencia para pronunciarse sobre actos de contenido electoral y sobre normas generales (los ordenamientos de la reforma constitucional en materia de Poder Judicial), y acusa a los jueces de invadir atribuciones de los Poderes del Estado (la Suprema Corte y el Congreso) y de pretender obstaculizar la función estatal de organizar elecciones, que le corresponde exclusivamente al INE y los Organismos Públicos Locales Electorales.

Es conocido que la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, y los dos magistrados con los que forma mayoría en la Sala Superior, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, han decidido colaborar en todo con Morena y sus aliados, por lo que buscarían la manera de ayudarle a Taddei para blindar el proceso electoral, pero hasta el momento no han resuelto la demanda del INE.

Esa incertidumbre jurídica puede ser la razón por la que Guadalupe Taddei y el resto de consejeras y consejeros no acudieron el sábado a la sesión de insaculación de los cargos que serán electos en 2025; sesión a la que fueron invitados formalmente a través de un acuerdo de la Mesa Directiva del Senado.

Pero el tema es mucho más importante que ir a esa sesión, pues toca dos temas cruciales; por un lado, las consecuencias de que instituciones del Estado ignoren suspensiones otorgadas por jueces, y por otro lado, la división en el INE derivada de la reforma judicial.

Algunas consejeras y consejeros electorales no quieren desacatar las suspensiones ni ignorar los apercibimientos que les han sido notificados como parte de las 71 resoluciones emitidas por jueces de todo el país.

Además, esto pone nuevamente de manifiesto que para un grupo de consejeras y consejeros la elección de jueces es una imposición con la que no están de acuerdo.

Cabe recordar un dato: la comisión encargada de darle seguimiento a este proceso electoral inédito quedó en manos del grupo cercano a Taddei: la presidirá Jorge Montaño y sus integrantes son Norma Irene de la Cruz y Rita Bell López Vences.

Que el grupo de Taddei, con afinidades y contactos con personajes de la autodenominada 4T, sea el que lleve adelante el proceso no es una mera casualidad. En el INE se sabe que las consejeras y consejeros que no han acompañado decisiones empujadas desde el oficialismo -como el acuerdo de asignación de plurinominales y la sobrerrepresentación de Morena y aliados en la Cámara de Diputados- decidieron deliberadamente no integrar dicha comisión.

Jaime Rivera, Martín Faz, Claudia Zavala, Dania Ravel y Carla Humphrey parecen decididas a mantenerse lo más lejos posible de dicho proceso.

Mientras esto ocurría en el INE, esos días el Gobierno y Morena dieron pasos decisivos para concretar la elección de personas juzgadoras:

El lunes 7 de octubre, la Presidenta Claudia Sheinbaum envió sus iniciativas de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en la que se detallan atribuciones, facultades, obligaciones y plazos para que el INE organice las elecciones de junio de 2025.

Las iniciativas fueron dictaminadas de inmediato en comisiones del Senado, aprobadas en el pleno el pasado jueves y enviadas a la Cámara de Diputados, donde se les comenzó a dar el mismo trámite.

Los dictámenes ya se aprobaron este domingo en Comisiones y, según Ricardo Monreal, coordinador de Morena, iban a subirlos este lunes al pleno para su discusión e indudable aprobación.

La reforma contiene un sinfín de ordenamientos al INE, que en los próximos meses deberá conjugar mil veces el verbo “garantizar”: garantizar que la ciudadanía se entere del proceso, garantizar la equidad, garantizar que haya debates, garantizar que no se utilicen recursos públicos ni privados para financiar candidaturas, garantizar la imparcialidad de funcionarios públicos tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, garantizar que no se meta el crimen organizado, garantizar que se fiscalicen los recursos que personalmente usen los candidatos, garantizar que la propaganda empleada se haga con materiales reciclables, garantizar que no se contrate pauta en redes sociales ni mucho menos spots en radio o TV, garantizar que se otorguen espacios de los tiempos oficiales en radio y televisión a los participantes en igualdad de condiciones, garantizar que se instalen las suficientes mesas directivas de casilla, garantizar que los materiales electorales estén bien diseñados e impresos a tiempo, garantizar la capacitación de ciudadanas y ciudadanos funcionarios de casilla, garantizar que se cuenten bien los votos, garantizar que se resuelvan las controversias entre participantes, garantizar que no se metan los partidos políticos, garantizar que las campañas duren 60 días, por mencionar las tareas más importantes.

Aprovechando la reforma, y para garantizar que Taddei cumpla, la iniciativa de la Presidenta Sheinbaum contiene algunos dispositivos que le otorgan a la consejera presidenta del INE atribuciones y facultades para que sus resistencias internas no le impidan sacar adelante la elección: la Junta General Ejecutiva (un órgano integrado por directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas) adquiere todas las atribuciones administrativas para garantizar la logística, financiamiento y materialización de todas las etapas del proceso.

Además, la reforma a la LGIPE incluyó una modificación para que la consejera presidenta pueda nombrar a los directores y titulares de unidad sin tener que pasar por el Consejo General. Cabe recordar que Taddei tiene atorada una decena de nombramientos en la Junta General Ejecutiva, que hoy tiene más encargados de despacho que titulares de área, pues no ha podido conseguir los ocho votos del Consejo General, actualmente necesarios para aprobar a los funcionarios de dichas áreas.

Con esta reforma, Taddei podrá salvar ese escollo, y nombrar a sus colaboradores sin tener que convencer a sus pares en el Consejo General. Un “súper poder” que le será útil no sólo para la elección de jueces de 2025, sino para el futuro, suponiendo que Morena decida que Taddei se quede en su cargo hasta el final del nombramiento que le dio la Cámara de Diputados; es decir, hasta el año 2032.

El sábado, el Senado llevó a cabo la sesión ordenada en los transitorios de la reforma judicial, para seleccionar los cargos que serán electos en junio de 2025. Se trata de 464 magistraturas y 386 juzgados federales, además de los nueve ministros de la SCJN, magistraturas de la Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral.

Se hizo mediante tómbola, con la presencia de legisladores del oficialismo y del PRI -que sólo fueron a vigilar-, con la ausencia del INE y de autoridades del Poder Judicial. La caída de una de las bolitas que iba a meterse en la tómbola contribuyó a la creación de la caricatura perfecta.

A final del sorteo, el Presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, cantó victoria a nombre de toda la autodenominada 4T. “La reforma va”, habría advertido días antes la Presidenta Sheinbaum, y su orden fue acatada sin chistar por sus legisladores.

La reforma va, y ahora el INE deberá acatar la ley secundaria, independientemente de sus divisiones internas, y poniendo en juego sus capacidades, su experiencia y la alta credibilidad de la que goza frente a la ciudadanía. Aún no tiene presupuesto asignado para ello, pero está más que dispuesto a hacer lo que se le ordena en la reforma avalada por la mayoría.

La reforma va, y hoy estamos a menos de 230 días de los comicios.

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