El incrédulo ‘sí’ a planta de amoniaco
¿Importan la ecología y los indígenas?

Aunque le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinar la validez o nulidad de la consulta indígena que el sábado y domingo viró del persistente “aquí no” al suspicaz “aquí sí” para que la planta de amoniaco termine de instalarse en Topolobampo, el resultado abrumador de 12 asambleas aprobando y solamente una sosteniendo el rechazo es quizás un éxito político pero quien sabe si sea un logro ambientalista que certifique que el ecosistema y quienes lo defienden están fuera de peligro.

Tampoco garantiza quién se hará cargo de las secuelas si los opositores a la planta tienen razón respecto al deterioro del hábitat por el calentamiento de las aguas y contaminación de la atmósfera. La parte embrionaria del megaproyecto ni el seguimiento al proceso legal, ecológico y étnico contienen esa cláusula que responsabilice a servidores públicos de probables daños al entorno y los pobladores. Así comenzó todo y en el camino la estrategia fantasiosa del “no pasa nada” fue absorbiendo el resto.

Es que de origen a nadie se le debió ocurrir autorizar que el gigante mundial del amoniaco se instale sobre el humedal que en 2009 fue designado como sitio Ramsar dentro del Programa sobre el Hombre y la Biosfera que en 1972 implementó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Con ese error de inicio, que condenó al inversionista a ocho años de inmovilidad en el pantanoso terreno del conflicto, la discusión da para mucho y atañe a todos los sinaloenses.

Sin embargo, la gestión que realizó en 2014 la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, subsidiaria de la firma suizo-alemán Proman, para que el entonces Gobernador Mario López Valdez le autorizara el proyecto de establecer una planta de amoniaco en Topolobampo, ha dado mucho de qué lamentarse no solamente en lo concerniente a la afectación a la biósfera sino por el hecho de poner en riesgo la inversión directa de mil 250 millones de dólares, que en 10 años llegará a 5 mil millones de dólares. El capital, que a Sinaloa le viene como anillo al dedo en esta fase de recuperación económica posCovid-19, no es el problema sino cómo se operó la atracción del mismo.

Cuando en 2014 Malova le ofreció facilidades a GPO para instalarse en el área del sistema lagunar Topolobampo-Santa María-Ohuira ya existía la clasificación Ramsar sobre 22 mil 500 hectáreas con el número de registro 2025. La más sencilla búsqueda de inconvenientes le debió arrojar que estaba ofreciendo ilegalmente el lugar de anidamiento de aves como la garceta rojiza, pelícano pardo, garza piquirrosa, cormorán orejudo y otras especies vegetales y animales sujetas a protección especial por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001.

Lo de la venta de la superficie para que allí se instalara la industria del amoniaco es otra historia. Rubén Félix Hays, quien preside el Grupo Félix, que es el propietario de los terrenos que les compró al Ejido Rosendo G. Castro en 2006, ocho años antes de vendérselos a la empresa promotora de la planta, insiste en que “si los ejecutivos de GPO seleccionaron el sitio de mi propiedad para instalar su planta industrial, fue porque consideraron como más estratégica y más conveniente la ubicación de dichos terrenos, pues colinda con el mar, vías de ferrocarril, carretera y con las instalaciones de Pemex y CFE, lo mismo que con la corredor industrial de Gobierno del Estado de Sinaloa”.

Es decir, lo que decida la Suprema Corte tiene que ver más con los derechos indígenas a ser tomados en cuenta sobre asuntos que competen a sus fundos, no obstante que queda volando lo referente a la conservación del medio ambiente, o si hubo o no tráfico de influencias y uso de información privilegiada en el cabildeo para que Proman se estableciera en Topolobampo. Si fuese el caso de que la SCJN valide la consulta indígena con todos los asegunes implícitos, de cualquier forma GPO estará sembrada sobre un terreno caliente, baldío de legalidad.

Y aquí es donde cabe la duda de a quién se le fincarán responsabilidades si las cosas no son como las pintan el Gobierno y la empresa del amoniaco. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales dejó de lado su función de guardiana ecológica y prefirió ser promotora del “aquí sí”. La Secretaría de Gobernación desvaneció en el fomento de la gobernabilidad y resplandeció como promovente del desarrollo económico. El Alcalde de Ahome, Gerardo Vargas, prefirió el activismo a favor de GPO que ser factor de mediación para encontrarle una ubicación adecuada a la planta de amoniaco.

¿Cómo le hicieron para lograr el abrumador voto aprobatorio de las etnias? Quien sabe, pero de tan revuelto que se tornó el río de las componendas, las únicas ganancias serán para los siempre impunes. O dicho en dialecto mayo: “Ju batwe beja ka bä kálajko wería” (Ese río ya no lleva agua clara).

Se esperaba final cardiaco,

Como dictamen de la consulta,

Pero no el ‘sí’ al amoniaco,

Que al sentido común insulta.

Como reactivador de la economía y tractor de más inversión extranjera al Gobernador Rubén Rocha le conviene que la planta de amoniaco se quede en Topolobampo, aunque no a costa de que la historia le cargue culpas que no son de él. Sinaloa necesita de ese acelerador de la planta productiva con empleos y dispersión de riqueza, pero el actual Mandatario estatal debe permitir que la Corte haga las definiciones apegadas a derecho y que el origen y futuro de dicha industria del fertilizante sean transparentadas para que no le imputen cuentas sociales, económicas y políticas que otros deberían pagar.