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Si hay algo que nos interesa a los sinaloenses es saber en qué paró aquella investigación sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita que supuestamente realizaba grupo Arhe mediante diversas personas físicas y morales.
Supimos del caso gracias a una publicación de Ríodoce y Quinto Elemento Lab (Los otros hermanos Arellano) en donde se reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda seguía la pista de dos hermanos sinaloenses de nombre Juan José y Erick Arellano Hernández.
Según las indagatorias, estas personas al parecer encabezan un conglomerado de al menos 100 empresas que se desempeñan en distintos rubros, desde consultorías financieras y contables, hoteles, gasolineras, constructoras, escuelas, arrendadoras de autos, seguridad privada y equipos deportivos, que lo único que tienen en común, es mover millones de pesos sin ningún tipo de lógica económica.
El interés que despierta el asunto es debido a la repentina prosperidad alcanzada por este grupo empresarial, que en los últimos años se ha convertido en el inversionista principal de los más grandes proyectos que se ponen en marcha en el puerto de Mazatlán.
El año pasado dieron a conocer una inversión de 86 millones de dólares para Stelarhe, una nueva torre de condominios de lujo que se levanta sobre el malecón, mismo lugar donde en 2016 construyeron Torre Eme, con un costó de 300 millones de pesos.
A finales del 2021 también anunciaron la inversión de mil 300 millones de pesos para el nuevo proyecto urbano denominado Corredor Gastronómico y Cultural de la Perla del Pacífico. Y en meses recientes hicieron saber su interés por construir un World Trade Center en Mazatlán, para lo cual se requerirán cerca de 3 mil 800 millones de pesos.
Antes, Grupo Arhe se había puesto en el centro de la atención pública por la forma en que ganaron una demanda de 142 millones de pesos en perjuicio de las finanzas del municipio de Mazatlán, y con lo cual consiguieron un convenio de pago que además incluye el otorgamiento de terrenos e inmuebles de alta plusvalía, así como la exención de impuestos y otros privilegios.
A cualquier ciudadano medianamente enterado le despierta sospechas darse cuenta cómo fue posible que tres administraciones municipales consecutivas (Higuera, Felton y Pucheta/Bouciéguez) fueran criminalmente omisas, y no dieran seguimiento a una demanda que jamás debió haber prosperado.
Y encima de todo, durante el gobierno de Luis Guillermo Benítez se seguían firmando contratos entre ambas partes, a pesar de que la ley prohíbe al Ayuntamiento hacer convenios con empresas con las que hay una disputa judicial.
Hay algo extraño aquí. Es obvio que existen muchos intereses en juego detrás de todas estas inversiones millonarias. Se deja ver una sospechosa complicidad de las autoridades, las cuales se deshacen en halagos cada que los hermanos Arellano los invitan a inaugurar un nuevo proyecto en la ciudad.
Todos participan. Fernando Pucheta estuvo implicado en el caso Nafta Lubricantes, y en vez de investigarlo para deslindar responsabilidades, lo arropan otorgándole puesto en la Secretaría de Turismo. Y Quirino, que siempre se le vio muy cercano durante su mandato, ahora es Embajador en España.
Nadie quiere enterarse de dónde proviene todo el dinero que se le inyecta a la ciudad. Sin una mirada crítica ni preguntas incómodas, estamos contribuyendo a la ilegalidad. Qué tal que todo ese dinero proviene de la violencia y nosotros aquí volteando para otro lado.
Es verdad que últimamente en Mazatlán se percibe una mayor circulación de dinero y mejores oportunidades para los negocios, sin embargo, esto no necesariamente se traduce en mejores condiciones de vida para el grueso de la población.
La mayoría de los trabajadores experimentan salarios deplorables, la infraestructura urbana está inservible, la ciudad se está fragmentando por la desigualdad.
Los únicos beneficiados con este modelo de desarrollo son negocios que de la noche a la mañana amasaron fortunas, muy posiblemente con financiamiento ilícito y tráfico de influencias.
Por eso es inadmisible que el Gobernador salga a lavar la imagen de una empresa que todavía no rinde cuentas. Dice que preguntó en la Secretaría de Hacienda, y que todo está bien, que no hay ninguna investigación. Pero, ¿cómo estar seguros? ¿qué ocurrió con el expediente de la UIF?
Al mismo tiempo, Rocha, queriendo asumir un papel que no le corresponde y totalmente fuera de los canales institucionales que llevan el caso, pide a los hermanos Arellano retirar la denuncia por daño moral que interpusieron en contra de los periodistas que revelaron lo que todo mundo sospecha.
¿Por qué la empresa aceptó así de fácil “perdonar” a Ríodoce? ¿Qué tanto interés tiene el Gobernador en esto? ¿Está Rocha realmente preocupado por los periodistas? o ¿piensa acaso que su intervención hará que la prensa asuma que le debe un favor y de esa forma dejen de cuestionar e indagar en asuntos tan delicados?
No es momento de bajar la guardia, son tiempos de mucha incertidumbre. Bien lo dijo Alejandro Sicairos la semana pasada en su columna, las últimas investigaciones periodísticas están exhibiendo la manera en que operan las mafias político-empresariales, hay mucho dinero de por medio, y un riesgo latente para quienes difunden la información.
