Con altísima expectativa, Juan José Ríos Estavillo se convirtió en el primer Fiscal General de Sinaloa en marzo de 2017. Por así “convenir a sus intereses”, el pasado 15 de octubre presentó su renuncia antes de concluir el periodo para el que fue designado y que debía concluir en 2024.
Elegido por encima de otros perfiles con mayor experiencia en la materia, Ríos Estavillo llegó a la Fiscalía con el apoyo del Gobernador Quirino Ordaz, después de haber sido Comisionado Estatal de Derechos Humanos. Reconocido por su formación académica y su sofisticación intelectual, pero sin experiencia ministerial en procuración de justicia, al Dr. Ríos Estavillo se le impuso la realidad criminal de Sinaloa: no hizo ninguna diferencia en la justicia para los habitantes de un estado agraviado históricamente por la violencia del narcotráfico, el crimen organizado y la narcopolítica.
No lo digo yo, lo dicen los números. De acuerdo con el estudio Hallazgos 2020 de la organización de la sociedad civil México Evalúa, Sinaloa ocupó el lugar número 8 de 32 en la implementación del Sistema de Justicia Penal con 607 puntos de 1,100 posibles, es decir, el 55 por ciento.
Pero el dato que más importa es que el estado registró en 2020 un 93 por ciento de impunidad. Nada muy lejos de la media de 94.8 y prácticamente igual que el resto del país que, en materia de procuración de justicia, es una desgracia. Con esos resultados en México matar, masacrar, secuestrar, robar, agredir, sale casi gratis. Un año antes, Sinaloa había puntuado último en el mismo índice por no haber entregado la información solicitada, así me lo confirmaron en la misma institución. El dato se confirmó luego en 99 por ciento.
Si bien es cierto que Ríos Estavillo no iba a poder solucionar el enorme rezago estructural de la otrora Procuraduría en apenas un periodo de gestión, también es cierto que el primer fiscal de Sinaloa se va sin pena ni gloria: fracasó en castigar la corrupción del malovismo, fracasó en profesionalizar la Fiscalía y fracasó también en dotar de mayor transparencia y apertura a una institución opaca y plagada de discrecionalidad.
Muy lejos se quedó la Fiscalía Anticorrupción de castigar el desfalco del gobierno de Mario López Valdez. Sus ejecutores, públicamente conocidos, enfrentaron sus procesos en total comodidad y pagaron reparaciones menores. Con el visto bueno de las partes afectadas del Gobierno del Estado y la Fiscalía General, uno a uno se fueron diluyendo los casos a pesar de los apercibimientos del sistema judicial y ante los ojos incrédulos de los sinaloenses que teníamos la esperanza de ver a los pillos de Malova pagar sus delitos.
En cuanto a profesionalización, hubo avances pero no fueron suficientes para hacer diferencia en lo relevante: que los delitos más graves fueran castigados, que la investigación de los ministerios públicos fuera suficiente para alcanzar mejores niveles de justicia y reparación del daño. Como el peor precedente queda el Jueves Negro (ahora en manos de la FGR), que permanece totalmente impune y por cuyos hechos no hay ningún detenido. Otra mancha enorme es el incremento de las desapariciones de personas en el estado, mismas que ya superan a los homicidios y de las cuales casi el 70 por ciento nunca son localizadas.
Por lo que me toca tengo la misma experiencia: en algún archivo de la Fiscalía descansan decenas de denuncias de Noroeste por robo, asaltos, agresiones y amenazas que no se movieron un centímetro durante la gestión de Ríos Estavillo. El joven que el 2 de abril de 2014 me metió un balazo sigue prófugo al igual que el resto de sus cómplices, excepto uno.
Y en tercer lugar, debo decirlo con cierta sorpresa, nunca esperé que quien fuera ombudsman de los sinaloenses continuara la política de opacidad al frente de la Fiscalía estatal. Según datos de CEAIP del 2018 al 2021, la Fiscalía recibió 3 mil 457 solicitudes de acceso a la información y un 9.81 por ciento tuvieron recursos de revisión. También, según auditoría de la ASE, la Fiscalía fue observada en 2019 por no cumplir con sus obligaciones de transparencia mínimas al no publicar directorio de funcionarios, facultades, declaraciones patrimoniales, convenios, contratos de comunicación social y arrendamientos, padrón de proveedores, entre otros temas. El mismo Ríos Estavillo llegó al extremo de omitir su sueldo de la información oficial del presupuesto 2021. Fue el único que lo hizo.
Ese Fiscal siempre escudado en el tecnicismo para no ofrecer mayor información en casos relevantes, fue el mismo que, violando la secrecía de una investigación en curso, reveló a la prensa la acusación de acoso sexual de quien entonces fuera Magistrado Presidente del Supremo Tribunal del Estado, Enrique Inzunza, y quien, ahora sabemos, será el próximo secretario de gobierno con Rubén Rocha Moya.
Pero incluso a pesar del desempeño del Dr. Ríos Estavillo al frente de la Fiscalía, algo huele muy mal en que se haya “negociado” con él con su salida anticipada. La gestión transexenal de la Fiscalía se diseñó así, para 7 años, con el argumento de blindar la independencia de la institución frente a los vaivenes electorales.
Y todavía huele más mal el hecho de que se deslice la idea de que podría integrarse al gobierno de Rocha en alguna función diferente: ¿si no les gusta de Fiscal por qué sí les gustaría en otra cosa?, ¿sería ese el pago por hacerse a un lado?
La respuesta es muy sencilla: el nuevo gobierno quiere SU fiscal.
De ahí la importancia de que tras la reciente publicación de la convocatoria se presenten aspirantes de sobrada independencia del poder que viene, con reconocida probidad y capacidad. Elegir así será un proceso responsabilidad del nuevo Congreso de mayoría morenista, pero que la sociedad civil de Sinaloa debe acompañar y vigilar.
De lo contrario seguiremos donde mismo: con más de 90 por ciento de impunidad, viendo como los criminales y los corruptos se burlan de los sinaloenses.
No hay pacificación posible para el país, como ha sido hasta ahora el incumplido compromiso de López Obrador y cuyo gobierno ya acumula 103 mil muertos, sin fiscalías independientes y capaces.
Y no habrá, tampoco, paz duradera para Sinaloa con fiscales a contentillo de cada Gobernador.
