Una de las ventajas de designar a funcionarios octogenarios, o casi octogenarios, para puestos que exigen honradez e imparcialidad es que carecen de ambiciones postsexenales y, en teoría, ya tienen un patrimonio formado. Es decir, son cuadros que pueden resistir presiones y ambiciones a las que están sujetos los que aún se encuentran haciendo carrera y fortuna. Se supone que los que van de salida, en cambio, están ya “más allá del bien y el mal”. Por desgracia, el Fiscal Alejandro Gertz Manero, de 81 años cumplidos, parecería estar únicamente más allá del bien. Los escándalos recientes a los que ha dado lugar la Fiscalía dañan la supuesta independencia e imparcialidad que debería forjar un organismo que recién estrena su estatuto de autonomía de cara al Ejecutivo.
Alguna tinta ha corrido sobre el penoso litigio que sostiene Gertz en contra de la hija y la esposa de su hermano, a quien les atribuye su muerte; la primera se encuentra en la cárcel y la segunda, su cuñada durante 50 años, a un pie de ella. Una acusación que los tribunales habían desechado en dos ocasiones, y que no tuvo éxito hasta que Gertz Manero llegó a la Fiscalía. A su vez, ellas acaban de interponer una denuncia en contra del funcionario por el presunto manejo de 7.8 millones de dólares en cuentas bancarias radicadas en paraísos fiscales. Imposible saber, con la información disponible, a quién asiste la razón en un pleito familiar tan siniestro. Pero el mero decoro y la necesidad de proteger la imagen del Fiscal General de la República, me refiero al puesto no a la persona, habría obligado a una actitud de mayor prudencia, tratándose de un tema familiar. De entrada, la imparcialidad de la propia institución queda comprometida; la severidad en el tratamiento de las acusadas hace sospechar que las autoridades están siendo “juez y parte” en el litigio.
Más arrebatado aún es el caso de “los científicos”. La FGR intenta meter en una prisión de alta seguridad a 31 académicos, acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero. Su delito; haber utilizado recursos del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, para pagar choferes, celulares, viajes , restaurantes y hasta impuestos de 40 personas (según informe de la actual directora de Conacyt). Se trata de una organización destinada a fungir como asesora autónoma sobre temas científicos y que recibía fondos públicos. La conforman 20 representantes de la academia y del sector empresarial; 17 de ellos titulares de diversas organizaciones. Un gasto en “choferes, y restaurantes” dentro de ciertos límites en sí mismo no constituye un delito, toda vez que podrían haber sido efectuados como parte de sus responsabilidades. No se trata de una organización fantasma; sus diversas actividades están puntualmente reseñadas en su página WEB. La información que ha trascendido a la prensa no permite dilucidar la magnitud del abuso, si es que lo hay. Y desde luego nadie puede estar por encima de la ley, ni debería asustarnos una investigación para rastrear el uso de recursos públicos. El problema no está en el reporte de un funcionario que da cuenta de la sospecha de una anomalía, sino en lo que la Fiscalía decidió hacer con ello.
Fincar una acusación de lavado de dinero y delincuencia organizada permitiría tratar a los detenidos como capos del narcotráfico, lo cual les llevaría a litigar su proceso desde la cárcel, aun cuando no existieran pruebas; basta con que un juez conceda la orden de aprehensión correspondiente. La severidad de la acusación es tan desmesurada que dos jueces ya lo han rechazado. Frente a la negativa, la FGR ha dicho que buscará un tercer juez que sea más sensible a sus argumentos. Ninguno de los dos delitos caben en un comportamiento que, en el peor de los casos, remite al abuso personal de recursos públicos. Gasto suntuario en choferes, celulares y restaurantes sería motivo suficiente para denunciar prácticamente a toda la clase política del país. Lo cual no exime, insisto, de investigar y sancionar, si compete, cualquier irregularidad cometida en este Fondo. Sin embargo, el comportamiento de la FGR lleva a pensar que la intención de esta acusación no es remediar y penalizar un abuso, sino castigar de manera ejemplar y a como dé lugar a un grupo de académicos e investigadores. Y para ello debe forzar una acusación que lleve a encarcelarlos, saltándose el principio de presunción de inocencia que permite a todo ciudadano a defenderse.
¿Con qué propósito hace esto la autoridad? Se preguntó este sábado Ana Laura Magaloni, experta en la materia. “Algunos dicen que se trata de una venganza personal del Fiscal general por haber sido rechazado del SIN en la administración anterior. Otros piensan que el objetivo es mandar un mensaje de intimidación a la comunidad científica. La verdad es que nada de ello lo podemos saber a ciencia cierta. La motivación es subjetiva e invisible. Pero lo que sí parece evidente es que el fiscal está dispuesto a asumir los costos políticos y reputacionales que ello lleva aparejado.”
La última frase me remite al arranque de este texto. Un funcionario que está dispuesto a prescindir de los costos políticos o reputacionales, violentando de tal manera las formas, es alguien que se siente más allá del bien y del mal. Sabe que su carrera no pagará las consecuencias políticas. Puede dar rienda suelta a sus convicciones o a sus fobias. No sé cuántas de las primeras aún le queden al fiscal (convicciones), pero comenzamos a sospechar que aquí están en juego algunas de las segundas (fobias).
Por desgracia, en este caso el Presidente Andrés Manuel López Obrador decidió dar un espaldarazo al Fiscal en la mañanera del viernes. Con su comentario parecería avalar la percepción de que el Ejecutivo está molesto con la comunidad científica, en gran medida crítica de los criterios y decisiones presupuestarias en relación a la ciencia por parte de la 4T. Sus razones tendrá el Presidente y es un debate legítimo, si se dejan atrás a las acusaciones mutuas y se abordan argumentos de fondo.
Pero apoyar esta cruzada burda, punitiva y desmesurada no ayuda en nada a la construcción de un necesario diálogo y me parece que ensucia y distorsiona la enorme tarea con la que se ha comprometido el presidente para terminar con la corrupción de este país. Lejos de ayudar, Gertz Manero se está convirtiendo en un Fiscal incómodo para el gobierno de López Obrador, aunque este aun no lo vea así.
