“Cuidado con lo que van a encontrar ahí”, dijo con tono premonitorio el funcionario de la PGR a la persona de la Fundación para la Justicia a quien entregó copias del expediente de la matanza de San Fernando, Tamaulipas.
Advertida, Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación y abogada de las familias de las víctimas de San Fernando, revisó y encontró que en el expediente recibido, en el tomo 221, había una investigación contra ella por los presuntos delitos de delincuencia organizada y secuestro. Fue así como se convirtió en perseguida en el caso en que trabajaba para lograr justicia para las familias de las víctimas de San Fernando.
Fue la primera noticia que tuvo de la investigación ilegal a la que había sido sometida, que inició en 2016 y de la que se estaba enterando cinco años después, en 2021.
Se trata de dos delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa. Ana Lorena advirtió atinadamente: “no es cualquier cosa tener abierto un expediente” por esos delitos. Yo agregaría, menos aún en México, donde se actúa bajo el criterio agravante del “no me vengan con que la ley es la ley”, bajo el cual todo puede pasar.
Pero hay más aún. La investigación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía General de la República) incluyó a Marcela Turati, periodista y escritora, y a Mercedes Doretti, perita forense. Ellas, así como Ana Lorena, desde sus distintas profesiones, trabajaban para esclarecer las matanzas de San Fernando.
Como se recordará, en agosto de 2010 fueron hallados los cuerpos de 72 personas migrantes en las fosas de San Fernando y en abril de 2011, elementos del Ejército encontraron 196 cuerpos más de personas de diversas nacionalidades en 48 fosas clandestinas.
Esa terrible cadena de irregularidades las documentamos en nuestro informe Perseguidas: criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México, que hicimos público el 14 de mayo de 2024. En la conferencia de prensa de lanzamiento del informe estuvieron presentes las tres mujeres defensoras de derechos humanos; el Director Ejecutivo de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán; la investigadora de Amnistía Internacional México, Belém Barrera y la reconocida periodista mexicana Carmen Aristegui quien, solidariamente, aceptó comentar nuestro informe.
Las tres mujeres perseguidas son reconocidas defensoras de derechos humanos en México y en otros países. Mercedes Doretti es fundadora y Directora General del prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que ha contribuido a identificar restos de personas desaparecidas y fallecidas en diversas zonas de conflicto.
En México, por ejemplo, tuvo una participación de gran relevancia en la identificación de los restos de mujeres víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, así como en el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Para el caso de San Fernando, Tamaulipas, el EAAF suscribió un convenio de colaboración con la entonces PGR para apoyar en la identificación de los restos humanos localizados en las fosas.
Marcela Turati, desde su oficio de periodista, ha investigado y documentado desapariciones y asesinatos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Investigó la matanza de San Fernando cuidando siempre la identidad de las víctimas. En sus andares detectó la falta de información de las autoridades hacia sus familiares.
Los reportajes de Marcela publicados en la revista Proceso, en 2015, coincidieron con un momento clave del caso de San Fernando, que fue cuando miembros de la Comisión Forense tuvieron acceso a los expedientes de la averiguación previa de las fosas clandestinas.
Ana Lorena Delgadillo, fundadora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), tiene una larga carrera como abogada en casos de violaciones de derechos humanos en México. Fue una de las abogadas que investigó los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua y luego se ha dedicado al acompañamiento legal de personas migrantes, especialmente centroamericanas, que en su travesía por México viven desaparición y otras violaciones a derechos humanos.
La FJEDD asumió la representación legal de las personas migrantes asesinadas en San Fernando y documentó las irregularidades en que incurrieron las autoridades en ese caso.
La investigación y el espionaje a estas tres defensoras se llevaron a cabo sin que ellas tuvieran la calidad de imputadas. Las acciones ilegales corrieron por cuenta de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la entonces PGR, ahora Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la actual Fiscalía General de la República (FGR). Ambos procedimientos contaron con autorización de altos niveles jerárquicos de la entonces PGR.
Cuando Mercedes Doretti se enteró de la investigación en su contra tardó en entender la gravedad de ello. Y es entendible, pues cómo se explica que siendo ella una perita forense que colaboraba a un alto nivel con la PGR en la identificación de restos humanos localizados en San Fernando, al mismo tiempo fuera investigada por delincuencia organizada y secuestro.
A la fecha no se sabe qué llevó a la autoridad federal a investigar a las tres defensoras de derechos humanos; ¿por qué no fueron notificadas formalmente de ello?; tampoco se sabe si sigue abierta la investigación, aunque hay indicios de que el año pasado se hicieron algunas diligencias. Amnistía Internacional y la FJEDD solicitamos información al respecto y la respuesta ha sido un ignominioso silencio de parte de la autoridad.
Estamos ante un uso ilícito, arbitrario a todas luces, del sistema penal en contra de estas tres mujeres defensoras de derechos humanos. Nuestro informe explica claramente cómo la investigación y el espionaje violaron el derecho de las tres defensoras a la vida privada y familiar y a defender los derechos humanos. Esas acciones no cumplieron con el principio de legalidad y no buscaron un fin legítimo, ni cumplieron con el estándar de sospecha razonable.
La investigación y el espionaje también violaron el derecho al debido proceso de las tres defensoras porque esas acciones no fueron solicitadas por una autoridad competente imparcial; porque las tres mujeres no han tenido la oportunidad de ser oídas, ni de defenderse ante alguna acusación en su contra. En este sentido, no hay registro de una denuncia formal contra ellas, ni investigación por delitos claramente identificables y tampoco tienen la calidad de “imputadas”, además, no les han notificado personalmente acusación en su contra ni el delito por el que las investigan.
La entonces PGR incurrió además en desvío de los recursos destinados a la investigación del caso de San Fernando, para dedicarlos a investigar y espiar a las tres mujeres defensoras.
Este oprobioso proceder de la autoridad y el silencio que guarda cuando se le requiere información, retratan en toda su magnitud las fallas estructurales que caracterizan al sistema de procuración de justicia en México.
La criminalización de Ana Lorena, Marcela y Mercedes, así como de todas las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y peritos forenses, tiene graves consecuencias en ellas y en la sociedad en general.
Las víctimas han enfrentado serias secuelas físicas, interpersonales, psicológicas y laborales. Pero además, la criminalización de estas tres mujeres manda la señal de que hacer peritajes independientes, representar a víctimas de violaciones a derechos humanos y realizar investigaciones periodísticas será castigado en el país con procesos penales indebidos e infundados. Esto genera un efecto amedrentador a otras personas defensoras, limita y desincentiva sus labores, afecta a las víctimas directas de las causas que acompañan, implica desvío de recursos públicos y profundiza la impunidad.
Ante tamaña arbitrariedad las tres mujeres defensoras presentaron una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que, sin hacer un análisis detallado y correcto sobre las violaciones denunciadas, cerró la queja. Las tres mujeres tuvieron que recurrir a un amparo para que la CNDH reabriera la queja, además de realizar múltiples intervenciones con dicha institución. Ana Lorena calificó el acercamiento con la CNDH como “una tortura”, como “un camino cuesta arriba”.
No cabe duda, México es un mundo al revés.
Al intervenir en la presentación del informe Perseguidas, Esteban Beltrán llamó la atención en varios puntos de este cúmulo de ilegalidades. Primero, que estamos ante un caso donde se utiliza el sistema penal de forma espuria contra quienes ayudan a víctimas y familiares de graves violaciones a derechos humanos.
Segundo, advirtió que debemos cambiar la narrativa cuando hablamos de crisis de derechos humanos en México. Las crisis, explicó, suponen “un espacio temporal donde se agrava la situación y hay un principio y un final de las crisis”. Y precisó contundente: “es importante utilizar el lenguaje correcto debemos hablar de mal endémico de violaciones de derechos humanos en México, mal endémico que dura décadas y que prolonga el sufrimiento de millones de personas”.
Nada tan cierto. En el caso de San Fernando no hay, a la fecha, una sola persona sentenciada. Sí hay, en cambio, 14 años de impunidad que ha impedido a cientos de familias de víctimas tener acceso a la verdad y a la justicia. Y como ese, se pueden referir infinidad de casos.
Carmen Aristegui coincidió con Esteban en hablar del mal endémico de violaciones a derechos humanos en México y de sus diversas y valiosas observaciones retomo esta: estamos, dijo, ante “un problema profundo, estructural, enorme, masivo, que requiere respuestas extraordinarias”.
Como en otras ocasiones, invito a las personas lectoras a conocer nuestro informe Perseguidas: criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México en el que tendrán acceso a las recomendaciones que dirigimos a la FGR, así como a firmar la Acción urgente, que es impulsada por todas las secciones de Amnistía Internacional.
Entre las recomendaciones a la FGR están: llevar a cabo el No Ejercicio de la Acción Penal en relación con las investigaciones en contra de Ana Lorena, Marcela y Mercedes; eliminar toda información confidencial y de datos personales de las tres mujeres defensoras de la averiguación previa sobre las fosas de San Fernando y hacer una investigación efectiva, imparcial, independiente y completa a las personas servidoras públicas involucradas en la investigación indebida y el espionaje contra las tres defensoras.
Desde Amnistía Internacional hacemos eco a lo expresado por Ana Lorena, Marcela y Mercedes en nuestro informe: “vamos a seguir defendiendo derechos humanos, no nos vamos a detener”.
* La autora Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (@amnistiamexico).
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