Rafael Morgan Ríos
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Siempre ha existido temor por parte de la sociedad, al conceder a alguna o algunas personas facultades de dirección, control y sanción, de que estos se aprovechen de su posición privilegiada de poder, fuerza y recursos para imponerse a la misma sociedad que los eligió, designó o aceptó como autoridad y, como lo señala la teoría del contrato social, a cambio de que organice la convivencia, proteja a la sociedad e impulse el desarrollo económico, la educación, la seguridad, la salud y demás servicios públicos.
Cuando la autoridad busca imponerse a la propia sociedad rompiendo los acuerdos de ese contrato social, o bien cuando renuncia a cumplir sus obligaciones, la sociedad está en todo su derecho de impugnar, protestar y exigir a través del Estado de Derecho, de las elecciones o en el peor de los casos, con movimientos violentos.
En la presentación en la UAS del libro Control Interno y Gestión Gubernamental, se comentó la situación del control interno como una necesaria práctica de gobierno, ante los riesgos que se presentan cuando los diferentes organismos que la sociedad mexicana se ha estado dando para vigilar, controlar y encauzar las acciones gubernamentales, han estado siendo mermados y atacados por el régimen actual.
Y es que la ciudadanía, cada vez más consciente de sus derechos y de las obligaciones de las autoridades, se ha estado organizando en múltiples grupos locales, nacionales y hasta internacionales, grupos no ligados ni dependientes del presupuesto, lo cual ha sido un avance increíble en las áreas de los derechos humanos, de la seguridad, de la economía, etc., a través de las cuales se ha logrado una mejor eficiencia y mejores resultados en los actos de gobierno.
Además de esta forma de organización, se han logrado instituciones ciudadanas que tienen leyes y estructuras administrativas que les otorgan independencia y libertad de acción frente al poder público. El INEGI, por ejemplo, es una entidad que el margen de lo que quiera informar el Gobierno con interés político, realiza actividades de investigación, encuestas, etc., para informar sobre la situación socioeconómica del País, para una mejor toma de decisiones. En la misma forma, el Coneval evalúa los programas sociales, sus resultados y su aprovechamiento por los ciudadanos.
Las nuevas instituciones como el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas y el Sistema Nacional de Fiscalización nacen para acotar y controlar a los funcionarios públicos en el cumplimiento de su deber e impedir se realicen actos de corrupción, de opacidad o de desvíos presupuestarios.
Es innegable el avance logrado con todo el Sistema Electoral; el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Federal Electoral y las correspondientes estructuras en las entidades federativas, han logrado lo que parecía imposible: elecciones cada vez menos impugnadas, vigilancia en el gasto electoral de los partidos políticos y candidatos, así como atención a las quejas e impugnaciones.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, con sus correspondientes reflejos en Estados y Municipios, así como con el respaldo que le dan los organismos internacionales, están en constante lucha defendiendo a los ciudadanos frente a los excesos del poder, sea político, económico o social, del gobierno o de las organizaciones.
Ha habido avance institucional en áreas como el sector energético con la Comisión Reguladora de Energía, el Instituto Nacional del Petróleo, e igualmente en educación, en ecología, en salud, en investigación, etc., aunque ahora todas ellas están en entredicho por el nuevo régimen.
Aparte de “al diablo con las instituciones”, el proceso de disminución de autoridad y facultades se está aplicando disminuyendo el presupuesto, obligando a recortes de personal calificado; con reformas legislativas para acotarlas o neutralizarlas; se están utilizando también los ataques personales a los actuales funcionarios electos y selectos obligándolos prácticamente a renunciar; se están sustituyendo con personas a modo del Presidente, de su partido o de su ideología, mermando la posibilidad de toma de decisiones objetivas; finalmente, no sólo se trata de desprestigiar a los integrantes, sino a la misma institución en sus orígenes y objetivos, para justificar su eliminación o disminución de atribuciones.
Se observa pues un rompimiento del contrato social; no se le quiere dejar nada a la sociedad a no ser “la consulta a mano alzada en el ágora” y al no permitir el co-gobierno entre sociedad y poder público.
