En el gobierno del Presidente Vicente Fox (2000-2006) se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, para investigar la verdad histórica sobre la Guerra Sucia y llevar ante la justicia a los perpetradores. Se nombró como Fiscal a Ignacio Carrillo Prieto.
La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado publicó un informe final con el resultado de su investigación en 2006 elaborado por 27 especialistas. Los crímenes del Estado mexicano que se detallan fueron cometidos durante las administraciones de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982).
De entre los 532 indiciados por estos crímenes al único que se le fincaron cargos y responsabilidades penales fue al Presidente Echeverría, que fue exonerado en 2009. El documento, de 890 páginas, se puede ver, entre otros sitios, aquí: https://biblioteca.corteidh.or.cr/documento/59071
El gobierno del Presidente López Obrador estableció la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 en México. Con relación a la anterior, en esta investigación se incorpora al gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) y los dos primeros años del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1989-1990).
Un documento de 5 mil páginas, con el resultado de esta investigación, fue dado a conocer el 16 de agosto. En una muy rápida revisión, se requieren muchos días para leer la totalidad del documento. Veo que hay muchas coincidencias con el documento elaborado por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, aborda los mismos hechos, pero hay nueva información en particular del período que se añade, los años de 1982 a 1990. Es un avance con relación al informe anterior.
El documento, firmado por tres de los cuatro comisionados, Carlos Pérez Ricart, David Fernández y Abel Barrera, señala los nombres de 8 mil 593 víctimas de violaciones graves a derechos humanos, entre ejecución, tortura, desaparición forzada y otros delitos del periodo que va de 1965 a 1990. Son 25 años.
La actual comisión, igual que la anterior, se enfrentó a la cerrazón del Ejército para entregar todos los archivos y en repetidas ocasiones, a lo largo de los años de investigación, sus integrantes denunciaron las trabas del Ejército para consultarlos todos.
De acuerdo con sus integrantes, la Secretaría de la Defensa pasó de la “colaboración pasiva” a una “obstrucción activa”, impidiendo en muchos casos su consulta o negando la existencia de documentos. Denunciaron también la desaparición y quema de archivos en poder del Ejército.
Ahora toca a la Fiscalía General de la República, con los elementos de la investigación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia si procede penalmente contra los perpetradores o el informe se queda sólo en eso, lo que no es menor, pero sin duda está lejos de las expectativas que despertó su constitución a inicio del actual gobierno.
En principio existe un plan de trabajo para que la FGR atraiga algunos casos. Los integrantes de la comisión, en voz de Pérez Ricart, señalan: “Lo que esperamos es que ellos tomen nota de lo que nosotros hicimos para que ellos continúen con la investigación jurídica de nuestro trabajo de esclarecimiento histórico”. Habrá que ver. Al actual gobierno solo le quedan días.
