La apuesta por la militarización exhibe sus enormes costos. Habría pensado que ese gravamen se revelaría plenamente hasta el siguiente gobierno, cuando la nueva presidencia tuviera que vérselas con la herencia lopezobradorista. Pensaría que hasta entonces se haría contabilidad de todos los espacios perdidos por el poder civil, la enorme tajada presupuestal que ata a la administración, los abundantes negocios de la opaca empresa militar, la presencia pública de los uniformados, la santificación retórica de las Fuerzas Armadas. Pero la factura de la opción militar la empieza a pagar el arquitecto de la alianza. El Ejército amenaza al poder civil, restringe su actuación, obstaculiza la marcha de la justicia. Lo ha insinuado el propio Presidente de la República: quien debe obediencia se ha convertido en un factor de presión. Cuando el Secretario de la Defensa arremetía contra quienes pretendían ensuciar la reputación del Ejército no tenía seguramente en la mira a la prensa sino al gobierno que tanto lo ha mimado. Anticipaba el choque por las investigaciones de Ayotzinapa y deslizaba la amenaza. Para el Ejército era inaceptable la conclusión que la Comisión adoptó como veredicto anticipado. Hablar de un “crimen de Estado” implicaba culpabilizar a la institución militar.
El Ejército sometió la política internacional obligando al gobierno a rescatar a su antiguo titular. Estuvo dispuesto el Presidente a poner en suspenso la colaboración con el vecino con tal de mostrar respaldo a los generales. Ahora el Ejército busca someterlo por nueva cuenta envolviendo en fuero a los cuadros presuntamente involucrados en los crímenes de Iguala. El Ejército dobla al gobierno que le entregó la casa. Se ha levantado ya con el trofeo de un Fiscal y con la cancelación de procesos penales. ¿Resistirá el Subsecretario que ha sido la única voz dentro de la administración que ha alertado sobre los peligros de la militarización? A medida que se envalentona la corporación militar, se debilita el espacio civil. Al convertirse en la columna vertebral del proyecto presidencial, el Ejército se arroga un nuevo estatuto político y una nueva condición legal. Un estamento intocable. Esa brutal regresión democrática será la gran aportación política del lopezobradorismo.
Estas horas recientes no solamente han exhibido los desplantes militares. También ha quedado expuesta su incompetencia. El Presidente ha querido adoctrinarnos en militarismo. Ha querido que rindamos culto a los uniformados como si éstos fueran el sustrato profundo de la nacionalidad. Que los veamos como una institución de historia limpia, de alma noble. Una institución eficiente, austera y cumplidora. Nos ha invitado a descreer de burócratas, de jueces, de periodistas, de empresarios, de activistas y tener fe en los soldados. “El pueblo uniformado” es la frase que resume la idolatría. Pues bien, quien dice cuidarnos no sabe cuidarse. No sabe resguardar la información de la que depende la seguridad del país. El gobierno pide que creamos devotamente en la corporación que no sabe guarecer información vital. Que le entreguemos todos los permisos y todos los recursos a una institución que se ha mostrado vulnerable.
La incursión cibernética exhibe el segundo riesgo de la apuesta militarista. No solamente se convierte en protagonista a una institución opaca que no se rige por códigos democráticos. Se confía en una institución que está lejos de la ejemplaridad. Se trata de una institución ensoberbecida que no escucha las advertencias de las instancias superiores del orden constitucional. Ya lo había advertido la Auditoría Superior de la Federación en febrero de este año: “existen deficiencias en los controles de ciberdefensa (.) que podrían afectar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información, poniendo en riesgo la operación de la Sedena.” ¿Qué hizo Defensa con esa advertencia? Nada.
Dejarse penetrar por hackers equivale a obsequiar armamento al enemigo. Una institución a la que se ha engordado apresuradamente no reconoce sus propias prioridades ni escucha las recomendaciones institucionales. Eso ha producido esta administración: un Ejército ensoberbecido que amenaza al poder civil y pone en riesgo la seguridad del país.
