Durante los próximos dos meses, el titular del Ejecutivo estará impedido para hablar de partidos y candidatos, de los logros de su gobierno y de sus programas sociales. Nos guste o no -personalmente estoy en desacuerdo a pesar de que el asunto de las conferencias matutinas me parece un abuso de publicidad - así lo manda la Constitución. No sabemos si dejará de denostar al INE y si eso entra en las prohibiciones. No sabemos si cumplirá o no con las disposiciones constitucionales porque la raya de lo que constituye propaganda electoral es muy borrosa y fácil de evadir. Por ejemplo, seguirá haciendo giras para inauguración de obras públicas aunque prometió hacerlo sin medios. Lo mejor habría sido que las conferencias matutinas se suspendieran como el propio López Obrador lo ofreció en su momento.
Dejar de hablar de partidos y candidatos no es una gran restricción porque está demostrado que desde el inicio de sus conferencias matutinas el Presidente ha ignorado a los partidos de oposición y a sus legisladores. Sus blancos favoritos seguirán siendo los empresarios, los medios y las organizaciones de la sociedad civil. Tres sectores que hasta el momento el Presidente ha convertido en sus verdaderos opositores junto con los órganos autónomos.
Para la sociedad civil no ha habido tregua. Ni siquiera un respiro como en ocasiones le ha dado a los empresarios y a algunos medios. No recuerdo una sola organización de la sociedad civil, ni siquiera aquellas que simpatizaron con su proyecto en algún momento, que hayan merecido su aprobación.
El último embate le tocó a Artículo 19, una organización internacional (con su capítulo México), independiente y apartidista que promueve y defiende el avance progresivo de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de todas las personas, de acuerdo a los más altos estándares internacionales de derechos humanos, contribuyendo así al fortalecimiento de la democracia. Esto, porque en la lista de patrocinadores de esta organización está el Departamento de Estado de EU y en su Informe 2020 sobre derechos humanos, se dice que la directora de Notimex “ordenó a periodistas eliminar o no publicar contenido sobre ciertas instituciones gubernamentales y funcionarios”. Dice el Presidente que todos los integrantes de Artículo 19 “pertenecen al movimiento conservador que está en contra nuestra” y que puede probar sus dichos. Hasta el momento no lo ha hecho. Ni con ésta ni con otras OSC a las que ha injuriado.
Resulta paradójico que un hombre que se autodenomina de izquierda y que proclama que la democracia llegó cuando él comenzó a gobernar, desdeñe de tal manera a las OSC y las haya convertido en objetos de sospecha y de una crítica feroz. Sobre todo cuando éstas jugaron un papel tan importante en la transición a la democracia en México. No es casualidad que las democracias más robustas tengan también mayor número de OSC y éstas tengan mayor actividad e incidencia a nivel gubernamental y social.
Aunque las llama conservadoras a todas por igual, las OSC no son un grupo homogéneo y no representan una sola postura. Por lo general son independientes y no persiguen fines de lucro ni intereses individuales o partidistas. Tampoco los de sus donantes que es una de las formas favoritas del Presidente para descalificarlas. Lo que buscan es llamar la atención sobre problemas sociales y, en lo posible, incidir en la vida pública a través de la protección de derechos de todo tipo, el diagnóstico de las condiciones económicas y sociales y las propuestas de solución. Juegan, según la literatura y la práctica, funciones de participación y articulación ciudadana (colectivos para defender el medio ambiente), protección de derechos (defensa de la libertad de expresión), control sobre el gobierno (observación electoral o seguimiento de recursos públicos), formación de opinión (costos y beneficios de ciertas políticas) e incluso de suplencia del Estado cuando éste no quiere o no puede ayudar a los ciudadanos (acciones humanitarias en ocasión de un desastre natural).
La democracia abre sus puertas a estas organizaciones y se sirve de ellas. Pero ninguna de las funciones de las OSC le gustan a la administración actual porque al igual que con el federalismo, las ramas de poder, los órganos de autonomía estatal o los empresarios, no caen bajo su esfera de control y corren en dirección contraria a verdades absolutas y políticas unilaterales impuestas por quien gobierna. Acabar con ellas por la vía del estrangulamiento legal, de las amenazas o de la denostación permanente es una actitud anti-democrática e intolerante.
Un demócrata debiera buscar cómo coexistir con ellas de manera constructiva y provechosa en lugar de destructiva y confrontacional.
