El clima de inseguridad en Sinaloa y la reforma al Poder Judicial en México
La capital de Sinaloa se encuentra en estado de alerta por la violencia y la paranoia. Los dos culiacanazos anteriores dejaron la impresión de que en nuestra ciudad tenemos una muy frágil condición de paz.
Al margen de los disparos y los bloqueos que se están presentando en las periferias de Culiacán, es la incertidumbre lo que en esta ocasión encierra a la gente en sus casas.
Con la aprehensión o entrega de Zambada el pasado 25 de julio, se comenzó a rumorar un inminente enfrentamiento entre los dos grupos criminales que controlan la región.
Desde entonces la ciudadanía se encuentra a la expectativa de lo que pueda ocurrir, y por lo mismo se toman precauciones con base en lo que dicta el sentido común: evitar salir a la calle si no es para lo estrictamente necesario.
El encierro en la era de lo digital, sin embargo, incrementa la paranoia. Nuestra percepción del riesgo está influída por lo que vemos y escuchamos en Internet y las redes sociales, que posibilitan el flujo de información auténtica, pero también la viralización de contenidos sin comprobar.
Los matices entre lo real, lo virtual, lo imaginado, lo latente y lo posible, se funden en un todo de caótica información que nos impide tomar decisiones basadas puramente en la lógica y la racionalidad.
Hay grupos que sacan provecho a la psicosis y utilizan la exacerbación del miedo como herramienta política para crear un clima de ingobernabilidad.
Es muy fácil orquestar jornadas de violencia para luego magnificar su impacto con la difusión de videos reales y/o manipulados, rumores y advertencias que amplifican el caos hasta propiciar entre la ciudadanía un toque de queda autoimpuesto.
Si ponemos atención, la mayoría de los episodios que hasta el momento se han suscitado, no son las típicas agresiones directas con sus daños colaterales, sino una serie de hechos, como el despojo y la quema de vehículos, la obstrucción de carreteras y disparos al aire, que pueden interpretarse más como el intento de mandar un mensaje.
Tampoco ayuda mucho la subestimación del problema. La violencia es real, hay gente armada y se deben tomar precauciones para evitar el desbordamiento del conflicto. Nos encontramos ante una situación inédita, y lo cierto es que todavía no se tienen estrategias de respuesta rápida a este tipo de escenarios.
En Sinaloa las organizaciones delictivas y grupos fácticos, con intereses muy específicos, comienzan a utilizar las armas, ya no solo para el ajuste de cuentas, sino también como medida para promover la inestabilidad, la presión y el chantaje.
Y en este clima de incertidumbre, en México se aprueba la reforma al Poder Judicial que, en lugar de contribuir a incrementar la confianza ciudadana en las instituciones, la debilita.
La elección directa de jueces y magistrados difícilmente va a servir, por sí misma, para terminar con la corrupción, la impunidad y la violencia. Es con el equilibrio de poderes y el estado de derecho como podemos combatir de manera más eficaz el uso arbitrario de la autoridad, y no con la subordinación de los órganos de gobierno a un solo mando.
Si no se tiene un plan para reformar, armonizar y fortalecer a profundidad todo el sistema de procuración de justicia, que incluye fiscalías, tribunales, centros penitenciarios, corporaciones de seguridad, mecanismos de transparencia, protección a derechos humanos y participación ciudadana, en México difícilmente podremos alcanzar la paz durante el próximo sexenio. Trabajemos juntos para que sea posible.
A pesar de los intentos por boicotear la consulta universitaria, este miércoles 11 de septiembre se instalaron, en todo Sinaloa, las casillas para tomar en cuenta el parecer de la comunidad de la UAS en cuanto a la propuesta de reforma a la Ley Orgánica.
Este ejercicio que inaugura una nueva etapa democrática en la universidad tiene contemplado un parlamento abierto en el Congreso del Estado de Sinaloa, en donde los universitarios podrán participar para enriquecer el proceso de reforma y armonización de derechos que mandata la Ley General de Educación.
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jorge.ibarram@uas.edu.mx
