El clamor de las personas desaparecidas: una justicia que no llega
Las historias de las familias de las personas desaparecidas en nuestro país son tragedias humanas que claman justicia. Cada caso representa el dolor de quienes buscan a sus seres queridos, enfrentándose no sólo a la incertidumbre, sino también a la indiferencia y la burocracia de las instituciones.
Cuando un familiar desaparece, el primer paso suele ser acudir a la fiscalía o a la policía para presentar una denuncia. Sin embargo, lejos de recibir apoyo inmediato, muchas familias se encuentran con un proceso burocrático interminable, lleno de trabas y, en algunos casos, con la sospecha injustificada sobre sus propios allegados. Los días pasan, luego los meses, y en la mayoría de los casos, la respuesta sigue siendo la misma: silencio.
Las personas desaparecidas no son cifras, son personas comunes: jóvenes que salieron a una fiesta, trabajadores que iban rumbo a sus empleos, estudiantes que nunca llegaron a sus escuelas.
Esta realidad atraviesa todos los sectores de la sociedad, sin distinción de clase social ni situación económica. Sin embargo, las autoridades parecen sordas ante este clamor. En lugar de actuar, reducen a las personas desaparecidas a simples números en estadísticas, ignorando que detrás de cada caso hay una familia destrozada, una vida interrumpida y un grito desesperado por justicia.
Este infierno que viven miles de familias se ve agravado por la negligencia del Estado, que prefiere minimizar la crisis y dar la espalda al dolor de su gente. Se pretende imponer un silencio que oculte la violencia creciente en el país, pero la realidad es innegable: los datos muestran que las desapariciones y los feminicidios aumentan día con día.
A pesar de la magnitud de esta tragedia, la agenda pública no ha otorgado a este tema la prioridad que merece.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta agosto de 2024, México registra más de 116 mil personas desaparecidas, de las cuales el 88 por ciento corresponde al periodo de 2006 a la fecha. Sin embargo, el gobierno ha dejado de proporcionar datos actualizados sobre el número de fosas y personas desaparecidas, dificultando dimensionar la magnitud de la crisis.
La impunidad en estos casos es alarmante. Según el informe “Impunidad en Delitos de Desaparición en México 2023”, de Impunidad Cero, el País presenta un nivel de impunidad del 99 por ciento en los delitos de desaparición de personas. Esta cifra refleja una crisis humanitaria en aumento, con 9 mil 068 personas desaparecidas y no localizadas registradas en 2022. El 74 por ciento de estos casos corresponde a hombres y el 26 por ciento a mujeres.
La falta de respuesta de las autoridades ha llevado a que sean las propias familias -madres, padres, hermanos e incluso niños- quienes tomen la dolorosa tarea de buscar a sus seres queridos.
La fuerza de los colectivos de víctimas ha roto el silencio y ha puesto en evidencia que el Estado ha fallado en su deber más básico: garantizar la seguridad y el derecho a la vida de sus ciudadanos.
La voz de las personas desaparecidas sigue clamando justicia. No podemos permitir que su ausencia se diluya en la indiferencia ni que su búsqueda quede solo en manos de sus familias.
La memoria, la exigencia y la resistencia son las únicas herramientas que quedan ante una deuda que el Estado aún no ha saldado.
