El armamentismo intranquiliza a Sinaloa
Un modelo de seguridad pública integral
Enero es un buen mes para que la coordinación entre el Gobierno del Estado y las fuerzas federales de seguridad pública revise la estrategia de combate al armamentismo con base a la evidencia de que hay arsenales bélicos en posesión de civiles, utilizados en la comisión de delitos como homicidios, robo de automóviles y otros que repuntan según estadísticas oficiales o la incidencia de ilícitos no denunciados. En el contexto de la pacificación, al margen de manejos amarillistas del tema de la violencia, urge avanzar a niveles de tranquilidad trazados sobre la realidad.
La imposibilidad, que es además una especie de rendición de parte de las autoridades, de ubicar in situ a los delincuentes mientras cometen sus fechorías plantea repensar los modelos de prevención y la única manera es partiendo de inhibir el libre tránsito de armas antes de que sean utilizadas contra la gente de bien. Se dice fácil y sin embargo tampoco es tan complicado al existir la técnica y tecnología avanzadas de detección de tales artefactos.
La recepción del año 2024 no dejó dudas de las armas que a manera de alarde lúdico o de una especie de ostentación de dominio de facto hicieron los sicarios del narcotráfico. Tal vez hasta se trató de la competición entre los dos segmentos escindidos del Cártel de Sinaloa para dejar ver el poderío de los equipos de guerra de que disponen, gala de celebración por la fecha y mensaje de abatimiento por la amenaza implícita.
Ni falta que hacía el aparatoso despliegue de plomo del amanecer de 1 de enero porque en las ciudades sinaloenses hay reportes diarios de la sustracción de vehículos automotrices a punta de pistolas y rifles, el despojo a usuarios de los bancos de cantidades que acuden a retirar o depositar, asaltos a establecimientos y transeúntes, así como sucesos de violencia que estremecen a los ciudadanos como ocurrió con el niño de siete años de edad que murió el 7 de enero tras un ataque a balazos ocurrido en el sector Valle Alto de Culiacán, resultando herida también la madre de éste en el mismo atentado.
Los operativos contra el armamentismo no son nuevos ya que elementos del Ejército Mexicano los han realizado durante años cada vez que resurge este fenómeno a raíz de la intensidad o las treguas que adopten los gatilleros de las organizaciones criminales. La acción de las Bases de Operaciones Mixtas Urbanas ha hecho bien la labor de desarme durante al menos una década al acudir al respaldo de la ciencia aplicada en la contención de tal modo de violar la norma jurídica y retar al Estado.
Podría alegarse desde visiones gubernamentales o ciudadanas, que sí reconocen el problema pero rechazan las soluciones drásticas, que el regreso de los retenes o la incursión mediante orden judicial en domicilios que almacenan armas van en contra de las garantías constitucionales, no obstante que los arsenales en movimiento u ocultos en casas de seguridad igualmente violentan la Carta Magna y amenazan la paz pública. Existen activistas cívicos que consideran que los puntos aleatorios de revisión vulneran el artículo 11 de la Ley Suprema, y hacen como que no se enteran de que los convoyes de pistoleros no nada más obstruyen el espacio público sino que se apropian de él.
La realidad que se vive aquí, palpada en las calles con delincuentes que hacen visibles los rifles de asalto y los usan para todo tipo de fechorías, expone que la reducción en los casos de homicidios dolosos (645 en 2021, 499 en 2022 y 565 en 2023) sí aportan a que Sinaloa esté entre los menos afectados en el ranking nacional de este tipo de violencia, pero en cuestiones de seguridad pública funcionan mejor los enfoques que permiten ver el fenómeno desde la complejidad global en lugar de diseccionarlo para mostrar éxitos en algunas de sus partes y fracasos en otras.
La primera condición para tener respuestas estructuradas frente al fenómeno de la violencia en conjunto, y evitar la absurda segmentación de ilícitos y víctimas, consiste en dejar de ponerles tanta atención a manejos de nota roja que incomodan a los gobiernos en turno. Lo que más importa, y por lo tanto debe concentrar la energía de estrategias policiacas y militares, es que cada día sean menos los ciudadanos alcanzados en distintas maneras por los diferentes modos de delitos. Ir frontalmente contra toda conducta al margen de la ley.
En la medida en que funcionarios, instituciones y fuerza pública aprendan a concebir la violencia como proceso concatenado, donde un delito del fuero común necesariamente proviene de la acción de la delincuencia organizada, o viceversa, habrá más y mejor seguridad pública y la gente experimentará la sensación de protección y andará por las calles o lugares carente de la congoja de la esquina como celada letal. Y el Gobierno, por supuesto, podrá presumir la paz completa ya no la tranquilidad suministrada a cuentagotas.
Por eso a días de que la ráfaga pronosticó otro año de desasosiego colectivo, los gobernantes y los ciudadanos debemos tomarlo como 365 días de labor intensa para guardar los manuales antiviolencia fallidos, e ir a los modelos factibles que le den vuelta a la página del Sinaloa arredrado por el rugir de los fusiles con el que comienza el miedo que paraliza. Atacar el armamentismo parece ser un buen comienzo.
Empezamos a preguntarnos cómo,
Abandonamos nuestros miedos,
Y llega la cofradía del plomo,
A abatir tales denuedos.
Cámaras de videovigilancia ciegas, ponchallantas arrojados en las principales vialidades, atmósfera tensa por temor a Culiacanazos reeditados, dueños de camionetas de lujo que desobedecieron la orden de reducir el grado de polarizado de los cristales, punteros que el paisaje urbano legitima y cafres del volante que desafían la luz roja de los semáforos... Y por si todavía faltara algo, los tráileres que se atoran bajo el Puente Negro en abono al estrés citadino.
