La presencia del crimen organizado en la vida del País es una realidad de décadas y en los últimos años ha incrementado su violencia, crecido su poder y extendido su actividad y control en cada vez más regiones del territorio nacional. Quienes trabajan el tema del crimen organizado consideran que el avance de las mafias criminales, a nivel nacional e internacional, no sería posible sin la colaboración con las autoridades de los distintos órdenes de gobierno.
En una República Federal, lo que hagan o dejen de hacer los gobernadores frente al crimen organizado es fundamental y más importante que la acción del Gobierno federal. El Gobernador vive en su estado y no hay nadie que lo conozca mejor. Es la máxima autoridad en ese espacio.
Frente a esta compleja realidad, Jorge Tello Peón, quien fuera un histórico director del Cisen, ha diseñado una tipología con cuatro casos para ubicar a los gobernadores en su relación con el crimen organizado.
1) Oposición y combate. Hay gobernadores que han decidido oponerse y combatir al crimen organizado. Lo hacen en el marco de una estrategia que implica fortalecer a la Policía estatal y a las municipales. Se coordina con las Fuerzas Armadas y destina importantes recursos a esa política pública.
2) Omisión deliberada. Hay gobernadores que dejan hacer, pero no están involucrados con el crimen organizado. Saben que el crimen es una realidad que no se puede negar, pero evaden de manera consciente enfrentarse por razones distintas, pero el resultado es el mismo, no actúan.
3) Pacto de ingenuidad. Hay gobernadores que de manera ingenua pactan con el crimen organizado, pero no están involucrados. Piensan que al ceder espacios, incluso de poder, el crimen va a disminuir el uso de la violencia. Buscan la “pax narca”. No la obtienen y el crimen se empodera.
4) Complicidad y/o sociedad. Hay gobernadores que son cómplices del crimen organizado y se asocian con él. Aprovechan su cargo para hacerse millonarios en alianza con los criminales. Antes, en la mayoría de los casos, recibieron su apoyo para llegar al poder.
Si se aplica la tipología diseñada por Tello, ahora presidente y director general de Madison Inteligencia México, empresa de consultoría especializada en inteligencia estratégica, se obtiene un primer mapa de la relación entre el crimen organizado y el poder político.
De la información que se dispone de manera pública se puede decir que en el primer caso están quienes gobiernan Coahuila, Yucatán, Aguascalientes y Querétaro. No se ven más.
La mayoría se ubica entre quienes optan por no hacer nada o negocian, aunque no se asocian con el crimen organizado. En esta situación hay 18.
Quienes están asociados, de una u otra manera, se considera son los gobernadores de Guerrero, Morelos, Zacatecas, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, San Luis Potosí, Colima y Nayarit.
El Ejército es la única institución del Estado mexicano que tiene pruebas contundentes para decir cuál es la situación de cada uno de los gobernadores y también de los jefes de las policías estatales. Tienen información de todos los funcionarios públicos de alto nivel.
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@RubenAguilar
Animal Político / @Pajaropolitico
