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La emergencia por Covid enfrenta una omisión que, de no corregirse a tiempo, pondrá en riesgo el uso efectivo de los recursos que se están ejerciendo a través de las acciones encabezadas desde la administración pública en Sinaloa: la ausencia de auditorías en tiempo real para prevenir oportunamente irregularidades y actos de corrupción.
Frente a la emergencia sanitaria y el gasto requerido para mitigar sus efectos económicos y sociales, se necesitan contralores dispuestos a dar vida a las facultades que les fueron otorgadas en 2016, con la reforma a la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y como parte de la estructura normativa del Sistema Nacional Anticorrupción.
Lo que ocurrió en ese entonces fue dotar de atribuciones técnicas a la Auditoría Superior de la Federación y a sus homólogas de las 32 entidades federativas, para poder supervisar el ejercicio del gasto, sin necesidad de esperar los largos plazos que por muchos años impidieron que se pudieran prevenir faltas administrativas y actos de corrupción vinculados al ejercicio de recursos públicos.
De esta manera, la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y las contralorías de los 18 municipios de Sinaloa, desde sus respectivas competencias, podrían estar coordinando acciones de verificación del gasto ejercido y por ejercer a través de los programas alimentarios, de créditos y de compras públicas, ya iniciados.
Pero lo anterior será posible solo si el Congreso de Sinaloa, a través de la Comisión de Vigilancia, activa las facultades que le corresponden para monitorear el uso íntegro de los recursos oportunamente. Recordemos que además de legislar, los diputados son los guardianes de gasto público.
El Mecanismo de Seguimiento #SusanaVigilancia, que encabezan las organizaciones civiles Transparencia Mexicana y Tojil, reportaron recientemente que la Auditoría Superior de Sonora es el único órgano de fiscalización superior del País que ha iniciado auditorías especiales por Covid.
La organización civil Visión Legislativa, por su parte, ha informado que el Congreso de Sinaloa es uno de los nueve del país que reportan sesiones virtuales en Pleno o comisiones sin contar con un marco normativo que les otorgue legalidad. Hasta el momento, la Ley Orgánica del Poder Legislativo estatal no contempla las sesiones remotas.
Mientras, áreas de la administración pública estatal y municipal gastan millonarios recursos sin ser fiscalizados. Los procedimientos de contrataciones públicas son el punto que más preocupa a las organizaciones de la sociedad civil especializadas en transparencia, rendición de cuentas y control de la corrupción y la impunidad.
Las auditorías en tiempo real, ausentes hasta hoy en Sinaloa, se convierten en una valiosa herramienta que permitirá medir la capacidad del Sistema Estatal Anticorrupción, del cual hay grandes expectativas ciudadanas.
Lo que sigue es ver al Congreso activo.
